Iberdrola devuelve 665 millones a Hacienda por ayudas ilegales de la era Aznar-Rato

Iberdrola ha satisfecho el pago de 665 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por aprovechar deducciones impulsadas por el Gobierno de José María Aznar y Rodrigo Rato en la adquisición de las empresas extranjeras Scottish Power, Energy East y Rokas, que Bruselas considera ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior.

Para ponerse al día con Hacienda, la eléctrica con sede en Bilbao ha compensado 363 millones de euros con deducciones pendientes que atesoraba el grupo del impuesto de sociedades de 2016. El resto (302 millones) fue desembolsado por la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán en febrero de este año, poco tiempo después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) levantara la suspensión cautelar que bloqueaba la ejecución del pago.

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Estos 665 millones de euros (576 millones de ayudas y 89 millones por intereses de demora) han sido cargados contra la deuda de la compañía, que se ha elevado hasta los 34.037 millones de euros, según refleja Iberdrola en sus resultados del primer semestre de 2018. La compañía no ha contabilizado este pago como una pérdida contra su cuenta de resultados, por recomendación de los servicios jurídicos internos y externos de la compañía así como por el propio auditor.

De hecho, este pago no había sido provisionado y la eléctrica confía en recuperarlo en 2019, según ha declarado este miércoles el director financiero de la eléctrica, José Sainz Armada. Iberdrola cree que la Justicia europea resolverá a su favor el próximo año. Mientras desde Luxemburgo se dirime por la cuestión de fondo, Iberdrola ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Economía, para reclamar el propio pago al que fue obligado por la Agencia Tributaria.

Ayudas millonarias de la era Rato

Iberdrola es la compañía más afectada por esta cuestión, pero no es la única. Telefónica, Santander, Abertis o Ferrovial son otras grandes firmas del Ibex que aprovecharon los incentivos que impulsó el exministro de Economía Rodrigo Rato, quien después se sentó en el consejo de administración de alguna de estas grandes empresas, para crecer a nivel internacional.

El Gobierno de Aznar elaboró una norma que permitía la amortización fiscal del fondo de comercio —la diferencia entre el valor en libros de la compañía y el precio pagado por ella— de las empresas adquiridas en el extranjero.

La cosa se complicó en 2007, cuando la Comisión Europea decidió incoar un procedimiento de investigación formal de esta medida fiscal para analizar si era compatible con el mercado interior.

En 2009 y 2011, Bruselas publicó dos decisiones, las conocidas como primera y segunda decisión, que estimaban que el artículo del real decreto era una ayuda de Estado incompatible con el mercado único y que se debían reintegrar los beneficios obtenidos y dejar de aplicarse en el futuro, si bien las amortizaciones deducidas y la aplicación a futuro de la medida fiscal podían mantenerse en el caso de adquisiciones realizadas o acordadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2007, como era el caso de Iberdrola.

Sin embargo, en noviembre de 2014, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló las dos decisiones anteriores al considerar que la deducción prevista en el artículo del real decreto no era una ayuda, pero la propia Comisión Europea recurrió el fallo y logró que entrase en vigor la tercera decisión.

Las compañías afectadas volvieron a solicitar la anulación de las sentencias, aunque en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió los recursos a favor de la Comisión Europea. No obstante, aún falta por conocerse el resultado de los recursos presentados, que es a lo que se agarra Iberdrola para recuperar estos 665 millones que 10 años después de que se declararan ayudas de Estado ilegales ya están en manos de Hacienda.