Hacienda exige a Iberdrola devolver 665 millones por las ayudas ilegales de Rato

Cristóbal Montoro ha empezado a pasar la factura a varias corporaciones empresariales del Ibex 35 por los beneficios fiscales que les fueron concedidos en 2002 para comprar compañías en el extranjero y que la Comisión Europea consideró ilegales. La más castigada hasta la fecha ha sido Iberdrola, a la que a finales del pasado año la Agencia Tributaria le ha reclamado el pago de 665 millones de euros en ejecución de una sentencia de Bruselas que las multinacionales españolas habían recurrido en numerosas ocasiones.

Tras justo diez años de pleitos, la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria ha notificado a empresas como Telefónica, Santander, Abertis, Ferrovial e Iberdrola el inicio del procedimiento de la recuperación de lo que la Comisión Europea determinó como ayudas de Estado. La eléctrica es la más perjudicada por esta medida por la que Bruselas exige la devolución de "ayudas presuntamente incompatibles con el mercado interior", en referencia a la amortización fiscal de los fondos de comercio generados en las adquisiciones de Scottish Power, Energy East y Rokas.

Unas inversiones en las que Iberdrola gastó 17.200 millones, en el caso de la empresa escocesa, 3.400 millones, en el caso de la estadounidense, y 175 millones, en el de la griega. El negocio procedente del Reino Unido y de Estados Unidos representa cerca del 60% del beneficio total de Iberdrola, que posteriormente ha realizado otras adquisiciones como la de la americana Avangrid.

La eléctrica es la más perjudicada por la medida de Bruselas que pide devolver las "ayudas incompatibles con el mercado interior"

El grupo energético presidido por Ignacio Sánchez Galán ha presentado un recurso contra esta decisión, por lo que el pago de esta liquidación a la Agencia Tributaria española "se encuentra suspendido cautelarmente por decisión del Tribunal General de la Unión Europea". La mayor parte de estos 665 millones está cubierta por los impuestos diferidos pasivos por considerarse el incentivo fiscal una diferencia temporal, argumenta Iberdrola para justificar que ha decidido no provisionar esta factura en sus cuentas de 2017.

Por su parte, Abertis también recibió la notificación del Minsiterio de Hacienda por los fondos de comercio acumulados entre los ejercicios 2006 a 2015. A diferencia de la compañía energética, la empresa concesionaria participada por Criteria Caixa ha optado por abonar la propuesta de liquidación que asciende en su caso a 33,66 millones de euros. No obstante, la compañía ha decidido al mismo tiempo recurrir esta factura ante los tribunales económico-administrativos. El grupo de autopistas coincide con Iberdrola en que este pago no ha supuesto un impacto patrimonial negativo en tanto que ya tenía registrado un pasivo por impuesto diferido asociado al fondo de comercio deducido hasta la fecha.

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Telefónica, que también se benefició de estas ayudas aprobadas por el PP durante la segunda legislatura de José María Aznar, mantiene una provisión de 215 millones de euros por la compra de la brasileña Vivo. Por contra, en 2016 revirtió la dotación de los importes correspondientes a la adquisición de Grupo O2 después de que la Comisión Europea prohibiera su venta a Hutchinson Wampoa. Si decidiera desprenderse de su filial británica, como ha anunciado José María Álvarez-Pallete, Telefónica debería de devolver 377 millones. En total, 592 millones.

Los rescoldos de Rodrigo

Aquellos incentivos fiscales que recibieron las empresas del Ibex fue una iniciativa de Rodrigo Rato, que finalmente entró en varios consejos de administración de algunas de estas empresas, como Telefónica, CaixaBank y Banco Santander. Sin embargo, en octubre de 2007, la Comisión Europea incoó un procedimiento para investigar si esa norma fiscal concedida en el Ministerio de Economía era compatible con las reglas del mercado interior. En 2009 y 2011, Bruselas dictaminó lo que se conoce como 'Primera' y 'Segunda Decisión', estimando que el citado artículo del real decreto era una ayuda de Estado y que las empresas favorecidas debían reintegrar los beneficios obtenidos, amén de dejarse de aplicar en el futuro, si bien las amortizaciones deducidas podían mantenerse en el caso de adquisiciones realizadas o acordadas con anterioridad a 21 de diciembre de 2007.

Tras la apertura de una pieza separada por las operaciones llevadas a cabo desde filiales —adquisiciones indirectas—, en octubre de 2014 la Comisión Europea publicó otra decisión (la denominada 'Tercera Decisión') en la que solicitó al Reino de España que recuperara las ayudas. El 7 de noviembre de 2014, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) anuló las dos primeras decisiones anteriormente mencionadas por considerar que la deducción prevista en el artículo 12.5 no era una subvención, pero la propia Comisión Europea recurrió este fallo y consiguió en febrero de 2015 que entrase en vigor la tercera y última.