Telefónica provisiona 377 millones por O2 por temor a una sanción fiscal de Europa

Telefónica no quiere más sustos con O2, la filial británica vendida en marzo de 2015 a la asiática Hutchison Whampoa por 14.000 millones de euros y cuya aprobación depende de la Comisión Europea. La operadora española, que desde el próximo viernes será presidida por José María Álvarez-Pallete, ha decidido hacerle un guiño a Bruselas y provisionar un crédito fiscal de 377 millones que ya se había apuntado por la adquisición de esta empresa británica hace 10 años, debido a que las autoridades europeas han puesto en cuarentena el benévolo tratamiento de estas pérdidas.

La Comisión Europea ha abierto en los últimos años tres expedientes contra España, al considerar que los fondos de comercio generados en la compra de empresas en el extranjero -la diferencia entre el precio pagado y el precio real registrado en su balance- podrían constituir una ayuda de Estado. Aunque Bruselas reconoció la validez de este incentivo fiscal para aquellos inversores que realizaron sus inversiones en compañías europeas con anterioridad al 21 de diciembre de 2007 -la adquisición de O2 entraría dentro de este baremo- hasta en dos ocasiones, en el tercero de los expedientes (finalizado el 15 de octubre de 2014) se pone en duda el principio de confianza legítima en la aplicación del incentivo para las compras indirectas, cualquiera que haya sido la fecha de adquisición.

Ante el riesgo de que la Comisión Europea imponga su criterio y sancione a España y a las multinacionales que se han beneficiado de este tratamiento fiscal, Telefónica ha decidido provisionar el importe correspondiente al fondo de comercio amortizado fiscalmente por la compra de sociedades del Grupo O2. Si finalmente no se considera ayuda de Estado, la operadora de telecomunicaciones podrá recuperar estos 377 millones y deducírselos en los próximos 25 años a un ritmo del 5% anual.

En aplicación de la normativa española, modificada por el PP en octubre de 2013, Telefónica ha venido amortizando fiscalmente los fondos de comercio financieros procedentes de sus inversiones, directas e indirectas, en O2, BellSouth y Coltel (anteriores a 21 de diciembre de 2007) y Vivo (adquirida en el ejercicio 2010). El impacto positivo acumulado en las correspondientes liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades desde 2004 y hasta el cierre de 31 de diciembre de 2015 ha sido de 899 millones de euros.

Las tres decisiones de la Comisión Europea están pendientes de una resolución definitiva. Por una parte, las dos primeras han sido anuladas por dos sentencias del tribunal de primera instancia de la Unión Europea y han sido recurridas por la Comisión, mientras que la tercera está pendiente de sentencia en primera instancia. Asimismo, existen dudas en los tribunales españoles sobre la calificación del incentivo como una deducción y su mantenimiento en el caso de transmisión posterior.

El 24 de marzo de 2015, Telefónica suscribió un acuerdo con Hutchison para la adquisición por parte de la compañía con sede en Hong Kong de los negocios de la española en el Reino Unido (O2 UK) por un precio ('firm value') de 10.250 millones de libras esterlinas en efectivo (aproximadamente 14.000 millones de euros a la fecha del anuncio oficial). La operación se estructuró en un pago inicial de 9.250 millones de libras esterlinas (12.640 millones de euros), que sería satisfecho en la fecha de cierre de la transacción, y un pago aplazado adicional de 1.000 millones de libras esterlinas (1.360 millones de euros) si la compañía conjunta en el Reino Unido alcanzase una cifra acordada de 'cash flow' acumulado.

Guiño a Europa

Pero, un año y un mes más tarde, la operación no ha podido cerrarse aún por las trabas que han puesto tanto el regulador británico como las autoridades europeas de la competencia, al considerar que la transacción supondría un riesgo de subida de precios para los clientes. Tanto Telefónica como Hutchison están completamente convencidos de que finalmente -el límite es el 30 de junio- conseguirán el visto bueno de Bruselas, aceptando no obstante modificaciones ('remedies', por la terminología jurídica financiera) del acuerdo que afectarían a las alianzas de red y a cambios de control establecidos en determinados contratos con terceros.

De no obtener la bendición de los reguladores, Telefónica tendría que poner en marcha un "plan B", como lo definió César Alierta a finales de febrero, para solventar sus problemas de deuda. La operadora tiene un pasivo de casi 50.000 millones, casi cinco veces su obida o beneficio operativo, una proporción muy elevada que se ha traducido en varios toques de atención de las agencias de 'rating', las cuales le han advertido de una rebaja de su nivel de solvencia.

El acuerdo con Hutchison obligó a Telefónica a reclasificar Telefónica Europe, de la cual cuelga O2, como “activos no corrientes mantenidos para la venta” por su valor neto contable (13.189 millones de euros). Este movimiento contable provocó una corrección valorativa de 852 milones.