Iberdrola ya pagó 665 millones en 2018

Telefónica devuelve a Hacienda las ayudas millonarias declaradas ilegales por la UE

La Agencia Tributaria ha recuperado en marzo parte de los más de 1.400 millones de la amortización de fondos de comercio por la adquisición indirecta de participaciones en compañías extranjeras

Foto: El logo de Telefónica en sus oficinas de Barcelona. (Reuters)
El logo de Telefónica en sus oficinas de Barcelona. (Reuters)

Telefónica ha devuelto finalmente al erario público las ayudas ilegales de las que venía aprovechándose por la compra de empresas internacionales gracias a la normativa que instauró el Gobierno de José María Aznar primero y posteriormente mantuvo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"La Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria en ejecución de la obligación establecida en la Decisión de la Comisión Europea (UE) 2015/314 ha recuperado en marzo de 2019 la amortización de fondos de comercio por la adquisición indirecta de participaciones en compañías no residentes", detalla la operadora de telecomunicaciones.

De esta forma, Telefónica ha pagado parte de los más de 1.400 millones de euros de los que se ha venido beneficiando la empresa por este concepto, según las cifras publicadas por la propia compañía. En suma, la firma presidida por José María Álvarez-Pallete ha venido amortizando fiscalmente los fondos de comercio financieros —la diferencia entre el valor en libros de la compañía y el precio pagado por ella— procedentes de sus inversiones directas e indirectas en O2, BellSouth, Coltel y Vivo, cuando César Alierta estaba al frente de la multinacional.

Esta ejecución se produce en marzo, prácticamente al mismo tiempo que Hacienda se vio obligada a devolver a Telefónica más de 700 millones de euros, lo que podría incluso complicar los objetivos de déficit del país.

El impacto positivo para la empresa por esta cuestión ha sido de 1.389 millones de euros, a cierre de 2018, a lo que hay que sumar los intereses y el importe deducido en los tres primeros meses de este año, cuando la Agencia Tributaria ejecutó la devolución. Sin embargo, la institución dirigida en funciones por María Jesús Montero solo ha recuperado las ayudas indirectas (aquellas debidas a la compra indirecta de dichas compañías) hasta 2015. No obstante, la operadora no detalla a la CNMV —como sí hizo Iberdrola, también afectada por esta causa— qué parte de esos más de 1.400 millones ha tenido que devolver este año. Tampoco ha querido dar detalles a este periódico.

Lo único que especifica es que para articular esta devolución ha tirado de activos fiscales y efectivo. En concreto, la operadora ha pagado con bases imponibles negativas y deducciones, a lo que ha añadido el desembolso de 1.400.000 euros. La misma fórmula utilizó Iberdrola, que pagó aproximadamente la mitad con bases fiscales negativas y la otra mitad en efectivo.

Pese a todo, la cuestión es peliaguda y Telefónica confía en poder salvar la millonaria devolución en los tribunales. Además, no es la única afectada. Empresas como Banco Santander, Iberdrola, Abertis o Ferrovial aprovecharon esta dádiva tributaria. Toda la cuestión parte de diversas denuncias ante la Comisión Europea de empresas extranjeras que se sentían agraviadas por competencia desleal. Entendían los denunciantes que las empresas españolas podían pujar con más fuerza gracias a la benevolencia fiscal primero de Rodrigo Rato y luego de Pedro Solbes.

En relación con este incentivo fiscal, la Comisión Europea ha abierto en los últimos años tres expedientes contra el Estado español, al considerar que este beneficio fiscal podría constituir una ayuda de Estado. Aunque la propia Comisión reconoció la validez del incentivo fiscal para aquellos inversores que realizaron sus inversiones en compañías europeas con anterioridad al 21 de diciembre de 2007 en la primera decisión y al 21 de mayo de 2011 en la segunda decisión para inversiones en otros países, en el tercero de los expedientes (finalizado el 15 de octubre de 2014) se pone en duda la aplicabilidad del principio de confianza legítima en la aplicación del incentivo para las adquisiciones indirectas, cualquiera que haya sido la fecha de adquisición.

Las tres decisiones continúan pendientes de una resolución definitiva: las dos primeras fueron inicialmente anuladas por dos sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, recurridas posteriormente en casación por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y remitidas de nuevo al Tribunal General, en diciembre de 2016, para que revisara la naturaleza del citado beneficio fiscal.

No es la primera vez que Hacienda reclama estas ayudas a grandes del Ibex: además de Telefónica, Iberdrola pagó 665 M en 2018 por este concepto

El tribunal resolvió el 15 de noviembre de 2018, confirmando la aplicabilidad de la confianza legítima, declarando no obstante el fondo de comercio ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, sentencia esta última que ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia; la tercera decisión continúa todavía pendiente de sentencia en primera instancia.

Por lo anterior, y pese a haber pasado ya por caja con Hacienda, Telefónica ha decidido seguir provisionando el importe amortizado fiscalmente por 317 millones de euros. Según explica, por ponerse en duda la aplicabilidad del principio de confianza legítima, principalmente para Vivo.

Recupera 201 millones de Hacienda pero eleva provisiones en Perú

No todo son malas noticias para Telefónica. El operador de telecomunicaciones ha recibido este mes 201 millones en concepto de interés tras haberle devuelto ya en marzo 702 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial. 

Este pago corresponde a reclamaciones que había efectuado sobre el impuesto de sociedades pagado entre 2008 y 2011. Por otro lado, la compañía ha tenido que apuntarse una provisión adicional de 154 millones de euros a cierre de junio de 2019 debido a los litigios fiscales que mantiene en Perú.

Según detalla la propia operadora, la provisión total por estos conceptos, incluyendo los intereses devengados, asciende a 2.325 millones de soles (622 millones de euros a tipo de cambio de 30 de junio de 2019). 

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