El ICO subcontrata el diseño del proceso para repartir 150 M en fondos europeos

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha contratado a dos firmas para que se encarguen de diseñar el proceso para repartir 150 millones de euros de fondos europeos. Se trata del despacho de abogados Ramón y Cajal y la compañía de consultoría Analistas Financieros Internacionales. Ambas organizaciones serán las encargadas de crear la estructura legal para elegir qué entidades se beneficiarán de las ayudas comunitarias del Programa InvestEU.

En una reunión celebrada el pasado 20 de diciembre, la institución ha acordado adjudicar el encargo a las dos entidades, por el que recibirán un total de 155.000 euros, al considerar que su propuesta ofrecía la mejor relación calidad-precio. La cuantía económica está por debajo de lo que preveía el ICO en un principio, ya que presupuestó 200.000 euros para esta tarea.

Este contrato, que tendrá una duración máxima de dos años, es el resultado de la acreditación del ICO como implementing partner de la Comisión Europea. Esta credencial le fue otorgada en febrero de 2021 y le dota de capacidad para ejecutar fondos del presupuesto comunitario de manera delegada o indirecta.

En concreto, las firmas estarán encargadas de asesorar al ICO en la gestión de las ayudas del Programa InvestEU. A nivel europeo, este plan tiene una garantía presupuestaria de 26.000 millones de euros proveniente de los recursos de NextGenerationEU y el marco financiero plurianual, de los cuales 150 millones están destinados a España. Según afirman desde la institución, la inversión total que se movilizará se estima en más de 372.000 millones de euros en toda la UE.

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La labor de Ramón y Cajal es, junto con Analistas Financieros Internacionales, diseñar y llevar a cabo el proceso de selección de entidades o vehículos que se beneficiarán de esas inversiones comunitarias. Para ello, formarán un equipo de mínimo ocho profesionales (cuatro por firma) entre los que figuran abogados y consultores con al menos seis años de experiencia en el campo del capital riesgo y la preparación, elaboración y revisión de la documentación legal propia de operaciones de inversión. Varios de los profesionales del equipo cuentan, además, con experiencia en Derecho Europeo y la gestión de fondos UE.

Su labor de los próximos meses estará centrada en esbozar un procedimiento que sea acorde a la legislación europea y a los requisitos para los que están orientadas las ayudas, entre los que figura la promoción de infraestructuras sostenibles, la investigación, innovación y digitalización, el impulso de las PYMES y el fomento de las inversiones sociales y habilidades.