España es el país europeo que sale de la pandemia con más trabajadores en riesgo de pobreza

España ha sido, tradicionalmente, uno de los países con mayor porcentaje de su población en riesgo de pobreza. El motivo es que existen grandes desigualdades de renta que hacen que una parte de la población viva por debajo del umbral que se considera pobreza (menos del 60% de la renta media del país después de transferencias sociales). Lo normal es que la población que se encuentra en esta situación sean los desempleados, algunos jubilados y niños. En España, sin embargo, también es común la pobreza laboral, esto es, personas que, pese a trabajar, no llegan al nivel mínimo de ingresos.

España sale de la pandemia siendo el país con mayor pobreza laboral de todos los países de la Unión Europea para los que hay datos. Eurostat ha publicado su avance de las estadísticas de pobreza y desigualdad en Europa y España vuelve a aparecer en los peores puestos del ranking en términos de pobreza infantil y pobreza laboral, sin embargo, sigue mejorando posiciones en el listado de pobreza de los jubilados.

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En el año 2022, en torno a un 11,5% de los trabajadores se encontraba en situación de pobreza laboral (en el indicador adelantado, Eurostat no ofrece un porcentaje concreto, sino un rango; para este artículo, se emplea el dato medio del rango, salvo que se especifique lo contrario). Son 3,3 puntos más que el conjunto de la Unión Europea, lo que significa que hay casi un 40% más de riesgo de pobreza laboral en España que en el resto del continente.

Desde que comenzó la pandemia, la tasa de pobreza laboral ha bajado mínimamente, en 0,3 puntos porcentuales, aunque todo depende de si el dato final se acerca más al umbral superior (+0,3 puntos) o al inferior (-0,9 puntos). En cualquier caso, la caída de los niveles de pobreza laboral en la Unión Europea ha sido más intensa, con un descenso de 0,7 puntos porcentuales.

Los datos de Eurostat confirman que España todavía tiene mucho camino por delante a la hora de reducir la precariedad laboral y que las medidas adoptadas en la última legislatura han tenido un impacto muy reducido. La pobreza laboral se redujo notablemente en el año 2019, año en que el crecimiento del empleo se potenció con la gran subida del salario mínimo interprofesional del 22,5%. Desde entonces y hasta 2022, las subidas del SMI han sido inferiores, provocando una pérdida de poder adquisitivo para estos trabajadores.

La reforma laboral fue la otra gran medida del Gobierno para reducir la precariedad. Aunque fue muy efectiva para reducir la temporalidad contractual, no está tan claro que esta reforma haya conseguido elevar el número de horas que trabajan al mes los asalariados cuyo contrato se estabilizó por la medida. Por ejemplo, los temporales de la hostelería o el campo que ahora tienen un contrato fijo discontinuo probablemente estén trabajando el mismo número de días al año. Y los que encadenaban contratos temporales, ahora tienen uno indefinido, pero no tienen más días de trabajo al año.

El resultado es que, aunque los trabajadores han mejorado su previsión de ingresos anual, al pasar a tener un contrato indefinido (incluyendo los fijos discontinuos), es probable que la reforma laboral no haya conseguido atajar los problemas de la baja intensidad laboral. Ya sea porque los contratos son de pocas horas (parciales) o de pocos días (temporales y fijos discontinuos). Y aquí es donde reside el problema de la pobreza en el empleo: no tanto en el salario por hora trabajada como en las horas totales realizadas a lo largo del año.

Por detrás de España se sitúa Italia, el otro país europeo que tiene los niveles de riesgo de pobreza en el empleo de doble dígito. En los datos adelantados de Eurostat no hay cifras de Rumanía y Luxemburgo, pero probablemente también seguirán con tasas de doble dígito.

Otro de los problemas para combatir la pobreza laboral es el lento despliegue del ingreso mínimo vital. Este sistema de renta mínima está diseñado para que lo cobren los hogares con menos ingresos y es posible compatibilizarlo con el empleo para evitar la trampa de la pobreza. Esto es, para evitar que los beneficiarios rechacen ofertas de trabajo para seguir cobrando esta ayuda que supone un ingreso estable y predecible, y así fomentar que entren en el mercado laboral con un apoyo público.

Los problemas de implementación de esta ayuda, que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apenas llega al 35% de los beneficiarios potenciales, están complicando la lucha contra la pobreza laboral, pero también contra la infantil. De hecho, la situación de los niños en España es uno de los datos que más preocupan a los organismos internacionales.

La pobreza infantil

El porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza se situó en 2022 en el 28%. Esto es, algo más de uno de cada cuatro niños. En buena medida, este dato es consecuencia del bajo número de ayudas públicas que reciben las familias con hijos. España es uno de los países desarrollados con menor apoyo presupuestario a las familias con menores a cargo, lo que obliga a los hogares a sobrevivir con sueldos que, por regla general, son bajos. Tanto, que en muchas ocasiones son insuficientes incluso para sacar a un adulto de la pobreza.

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En el año 2022, España tenía medio punto más de pobreza infantil que antes de la pandemia. Además, superaba a la media del conjunto de la Unión Europea en casi nueve puntos porcentuales. Esto es, casi un 45% más de riesgo de pobreza infantil. De esta forma, España se consolida como el peor país de la Unión Europea, superando a Italia en más de cuatro puntos porcentuales.

La pobreza infantil contrasta con la caída de los niveles de pobreza en los mayores de 64 años. La protección a los jubilados ha ampliado las desigualdades sociales durante la pandemia, ya que son los únicos españoles que han tenido su renta asegurada gracias a la indexación de las pensiones al IPC. El riesgo de pobreza entre los mayores de 64 años es del 18,5%.

De esta forma, el riesgo de tener una situación económica complicada ya es superior entre las personas en edad de trabajar (de 18 a 64 años) que entre los jubilados. Un dato que evidencia las prioridades de la política económica desplegada en España durante los últimos años. La protección de los jubilados ha sido la preferencia fiscal para los últimos gobiernos (desde su congelación en el año 2011), lo que ha condicionado el resto del gasto público. La necesidad de incrementar el gasto destinado a las pensiones ha obligado a ajustar otras partidas cuya importancia relativa ha ido cayendo paulatinamente desde el año 2010. Destaca, por ejemplo, la inversión en educación o en vivienda pública, dos de los grandes problemas de España que lo son como consecuencia del abandono por parte de los gobiernos.