Los jóvenes y las familias con hijos pagan más impuestos y reciben menos recursos públicos

La desigualdad no es solo un problema social, también económico, por las ineficiencias que genera la acumulación de riqueza y de pobreza. Esta es una de las razones de ser del estado del bienestar, que busca repartir los recursos para reducir la desigualdad de mercado. Aunque la intervención pública consigue reducir los niveles de pobreza, hay una parte de la sociedad que tiene muy difícil 'salir del pozo'. España es uno de los países europeos con el riesgo de pobreza más alto, superior al 20% de la población (medido como personas cuyos ingresos anuales no llegan al umbral del 60% de la renta mediana).

Estos hogares son principalmente las familias numerosas y los jóvenes, quienes están desatendidos por el sector público. Así lo muestra un estudio de los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia publicado por Fedea utilizando datos del año 2018. La intervención del sector público se concentra en los mayores de 65 años, que reciben más ayudas públicas y pagan menos impuestos que el resto de familias, mientras que los hogares formados por jóvenes y por familias con hijos tienen más complicado escapar de la pobreza.

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Estos investigadores llevan años analizando la distribución de la renta que realiza el sector público, analizando el peso de los impuestos y de las prestaciones públicas sobre la renta de los distintos tipos de hogares. En esta ocasión, se centran en las familias en riesgo de pobreza, y detectan que este riesgo se concentra básicamente en los jóvenes y los hogares con hijos. Los datos son contundentes: el 41% de los hogares formados por una persona menor de 30 años está en riesgo de pobreza y lo mismo ocurre con las familias monoparentales con hijos a cargo, y el nivel de pobreza asciende al 43% en el caso de una familia numerosa (tres o más hijos). Por el contrario, en los hogares en los que vive una pareja con al menos uno siendo mayor de 65 años, el riesgo de pobreza es inferior al 15%.

Estas familias no solo reciben menos ayudas públicas, además, pagan más impuestos. La situación llega a tal punto en el caso de los jóvenes en riesgo de pobreza que su saldo neto con las administraciones públicas es negativo. Esto es, pagan más impuestos (el 48% de su renta disponible) que subsidios reciben del sector público (el 33% de su renta), incluyendo las transferencias en especie del gasto sanitario o educativo. El resultado, en su caso, es que la intervención pública no solo no saca a jóvenes de la pobreza, sino que aumenta este porcentaje.

La orientación de los recursos públicos al pago de pensiones y, en menor medida, al desempleo, provoca que la capacidad redistributiva del sector público sea limitada. En primer lugar, porque son dos prestaciones contributivas, de modo que cobran más quienes más aportaron. Y, segundo, porque concentra los pagos en los hogares en los que hay pensionistas, dejando al margen al resto.

"Tenemos un problema de potencia en las prestaciones", advierte Onrubia, "una parte muy importante se va en el pago de las pensiones, de modo que quedan pocos recursos para el resto y, aunque orientes bien el resto de las políticas, llega poco dinero". La diferencia es tal que un hogar con al menos una persona mayor de 65 años recibe un subsidio público que equivale a más del 140% de su renta, el doble que una pareja con menos de tres hijos y, si se compara con una persona de menos de 30 años, es un 3,5 veces más. "Los menores de 30 años son los grandes olvidados de entre los hogares pobres y me parece que cada vez vamos a encontrar una proporción mayor de jóvenes en este colectivo porque sus salarios siguen siendo muy bajos y sus empleos, precarios", explica el economista.

Este informe de Fedea cuantifica lo que ya era un secreto a voces en España: la redistribución pública no funciona para todos los hogares. De hecho, el FMI ha advertido en diversas ocasiones a España de que sus prestaciones públicas están muy orientadas a proteger a la población jubilada e ignora a los jóvenes y las familias con varios hijos. Y el problema no es solo de la distribución de las prestaciones, también existe un desequilibrio en la carga fiscal de las distintas familias.

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Los hogares que menos ayudas reciben son los que pagan más impuestos, algo que es lógico para la redistribución de la renta, pero que no lo es tanto si se mira solo a los hogares en riesgo de pobreza. El motivo es que la fiscalidad del IRPF es favorable para los mayores de 65 años con distintas reducciones en la tributación por motivo de edad. El tipo efectivo de impuestos que abonan es del 20%, la mitad que el resto de hogares. En las familias numerosas, el tipo efectivo baja levemente del 40% y en el resto supera ampliamente ese umbral. El caso más extremo vuelven a ser los jóvenes de menos de 30 años que pagan un tipo efectivo de casi el 50% pese a encontrarse en riesgo de pobreza.

"El IRPF tiene un tratamiento beneficioso para los mayores de 65 años", explica Onrubia, "a igual renta, el pago de impuestos es la mitad que en una persona joven, esto explica también que haya tanta preocupación por el déficit estructural que genera el envejecimiento".

La lucha contra la pobreza ha fracasado sistemáticamente en España. Aunque la mayor parte de las ayudas sí se dirigen hacia los hogares con menos recursos, la concentración del gasto en las pensiones detrae recursos del resto de políticas. En el año 2020, se incorporó una herramienta con gran potencial para ayudar a estos hogares, el ingreso mínimo vital. Sin embargo, los problemas de implementación podrían retrasar más la lucha contra la pobreza en España. Será necesario esperar a los datos de ese año y, sobre todo, de 2021 para analizar cuál está siendo su incidencia sobre las familias más necesitadas.

La natalidad

Uno de los grandes retos de los países europeos es la caída de las tasas de natalidad. Además de las cuestiones culturales, la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes es una de las causas que explica el problema de nacimientos que tiene España. Y no solo porque tengan que posponer la maternidad para asentar sus carreras profesionales, también porque muchas mujeres tienen menos hijos de los que desearían por el coste económico que supone. La intervención del sector público no supone una ayuda para la mayor parte de las familias.

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Las investigaciones de Fedea evidencian esta situación. Por ejemplo, una pareja con dos hijos paga en impuestos un tipo efectivo del 41% y recibe menos de un 25% en prestaciones públicas, que se concentran en la sanidad y la educación pública (prestaciones en especie). Esto significa que el saldo negativo supera el 20% de su renta disponible. En el caso de las familias numerosas (de tres hijos o más), el pago de impuestos es de casi el 39% de su renta, mientras que las prestaciones que reciben son del 36%. Esto es, ni siquiera las familias numerosas se libran de tener un saldo neto negativo con las administraciones públicas.

La escasez de ayudas específicas para la natalidad dificulta la lucha contra el envejecimiento poblacional y los resultados son palpables: España compite con Italia y Malta por ser el país europeo con menor tasa de natalidad con menos de 1,2 hijos por mujer. El sector público abandona a la natalidad a la voluntad 'del mercado', esto es, a los ciclos de la economía y la estabilidad en el empleo que tengan en cada momento los trabajadores que van de los 25 a los 40 años.

Otro dato relevante del estudio es la diferencia en la contribución al sector público en función de la situación laboral del miembro del hogar que más ingresos genera. Quienes pagan más impuestos son los asalariados, con un tipo efectivo (incluyendo las cotizaciones sociales a cargo del empleador) del 42% de media. Contribuyen más que los autónomos, que pagan el 34% de su renta. Una diferencia que se debe, en gran medida, a las bajas cotizaciones sociales que tienen los autónomos y que el Gobierno quiere subir para que aporten en función de sus ingresos reales. Los jubilados, como ya se ha señalado, son el grupo que menos paga con un tipo efectivo del 22%.

En cuanto al reparto de las ayudas públicas, los asalariados perciben un subsidio medio del 18% de su renta, el más bajo de todos, inferior al 23% de los autónomos. Los pensionistas, por su parte, perciben casi el 95% de su renta del sector público.

En definitiva, la acción equilibradora del sector público ha mostrado grandes luces, en especial en la protección a los mayores, pero también grandes sombras con los jóvenes y los niños. La corrección de este desequilibrio se antoja imposible en la actual crisis energética, ya que, mientras los pensionistas tienen asegurado su poder adquisitivo, los trabajadores están perdiéndolo. El despliegue del ingreso mínimo vital es una de las grandes esperanzas para reducir la tasa de pobreza entre estos grupos sociales.