Pide proteger a los más vulnerables

El FMI critica el gasto social de España: no ayuda ni a las rentas bajas ni a los jóvenes

España es uno de los países que menos reducen las desigualdades con la redistribución del Estado porque las ayudas se centran en los mayores y en las clases acomodadas

Foto: Economía. (iStock)
Economía. (iStock)

El gasto social de España es escaso y está focalizado en los grupos sociales con mejor situación, básicamente las rentas altas y los jubilados, lo que condena al país a liderar las estadísticas de desigualdad de Europa. Esta es la principal conclusión de un informe que ha publicado este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que analiza las principales partidas de gasto social de España: protección a desempleados y pensionistas, transferencias a las familias, educación y sanidad. Su conclusión es clara: el gasto social en España es escaso y muy ineficiente. De ahí que recomiende que "el gasto en protección social debería revisarse para mejorar la redistribución focalizándose en los más vulnerables, la educación debería ser más efectiva y las políticas activas de empleo deberían orientarse a crear igualdad de oportunidades y perspectivas de ingresos".

El informe del FMI es crítico con el gasto público de España porque es uno de los países que menos reduce las desigualdades en la Unión Europea después de impuestos y transferencias. El índice Gini, que sirve para medir la disparidad en el reparto de la renta (donde 1 máxima desigualdad y 0 es redistribución total), muestra que España es uno de los países con mayor desigualdad de Europa. El problema es que esta desigualdad no la produce el mercado, sino que es consecuencia del diseño ineficiente del gasto social.

España se sitúa en torno a la media europea de desigualdad antes de impuestos y transferencias sociales, pero cuando se pone en marcha el sistema redistributivo del Estado, la desigualdad apenas se reduce y España se va a la parte más alta de Europa en el Índice de Gini. El FMI señala que la fiscalidad y el gasto público apenas reducen el índice de Gini de España en 0,18 puntos, por debajo de los 0,21 puntos de la media europea y de los más de 0,25 puntos de los países del norte y centro de Europa. El 60% de la reducción de la desigualdad se debe a las pensiones y los impuestos, pero apenas existe redistribución hacia las familias vulnerables y los jóvenes. El resultado es que los niveles de pobreza infantil en España se sitúan entre los más altos de la OCDE.

Los datos son contundentes. Una parte minoritaria de las ayudas familiares se otorgan en función del nivel de renta de los hogares, por lo que su labor redistributiva es mínima. Apenas el 10% de todas las ayudas están destinadas exclusivamente a los hogares vulnerables. El resultado es que el 40% de las familias más pobres (excluyendo la tercera edad) apenas perciben el 30% de las ayudas destinadas a familias. Este es el tercer peor dato de la Unión Europea, solo mejor que Estonia y Lituania. Esta gran diferencia con el resto de Europa es el resultado del "bajo uso de ayudas específicas para determinadas familias, así como las deficiencias en la adecuación y la cobertura", señala el FMI.

[El peso del gasto público cae al 41,3% del PIB con la menor partida de sanidad desde 2007]

El FMI ha analizado también los sistemas de rentas mínimas que han instaurado algunas comunidades autónomas, que son quienes tienen esta competencia de ayudas pasivas. El Fondo lamenta que las autonomías hayan decidido recortar en estas prestaciones endureciendo las condiciones de acceso con el objetivo de limitar las ayudas y el número de beneficiarios, lo que ha afectado a los hogares pobres. "Los objetivos de inclusión social parecen haber sido relegados a un segundo nivel de prioridad".

La redistribución fiscal se centra en los mayores, mientras que la cohorte de los jóvenes queda particularmente en desventaja

La mayor parte del gasto social se destina a las pensiones de jubilación, lo que "implica que la redistribución fiscal se centra en los mayores", mientras que "la cohorte de los jóvenes queda particularmente en desventaja", alerta el FMI. En la medida en que la redistribución del Estado se centra en los mayores, genera "problemas intergeneracionales". De ahí que el Fondo reclame a España una "reforma integral" del sistema de pensiones, ya que el actual "no es sostenible y se sostiene a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".

La protección social a los jóvenes ha sido tan escasa que "el sistema no ha sido suficiente para prevenir la pobreza juvenil generalizada", explica el Fondo. Una conclusión que evidencia cómo el sistema de protección social está diseñado para proteger a los mayores, pero ha ignorado por completo a los jóvenes. Por si fuera poco, los jóvenes también están sufriendo las consecuencias de los recortes en educación y el mal diseño de las políticas de formación, lo que se ha traducido en una elevada tasa de paro juvenil, que ya supera a la de Grecia y es la más alta de la eurozona.

"El gasto en educación es relativamente bajo y ha caído desde el 4,4% al 3,9% del PIB desde 2011 hasta 2017 frente a la media de la UE del 4,3%", apunta el FMI. El gasto público por estudiante está por debajo de la mayor parte de las economías europeas avanzadas, lo que no ayuda a mejorar los pobres resultados educativos que logra el país en los Informes PISA. España destina poco más de 50.000 euros por alumno a su educación desde los seis hasta los 15 años (incluye la enseñanza privada), uno de los niveles más bajos de toda la OCDE (medido en paridad de poder adquisitivo). Pero no solo el gasto es escaso, además, los resultados son ineficientes si se atiende a los pobres resultados educativos. Otros países vecinos, como Portugal o Grecia, realizan un gasto educativo similar y logran resultados mucho mejores en el Informe PISA.

La educación apenas contribuye a la movilidad social, lo que significa que los niños de los hogares con menos recursos difícilmente podrán ascender en la escala social. El ascensor social se ha roto: "Las barreras para la movilidad intergeneracional son altas", señala el Fondo, "no ha habido movilidad generacional al alza para el 55% de los hijos de padres con un bajo nivel educativo". La consecuencia es que la igualdad de oportunidades es un espejismo.

En España, no ha habido movilidad generacional al alza para el 55% de los hijos de padres con un bajo nivel educativo

Por último, el FMI lamenta también que las políticas activas de empleo son poco cuantiosas y, además, no son eficientes para lograr la colocación de los parados. Estas políticas no están destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores que se han quedado al margen del mercado laboral, esto es, los parados de larga duración, que coinciden con los hogares más pobres. "Los programas no están bien diseñados para elevar la empleabilidad a pesar de que hay algunas experiencias positivas", explica el Fondo. Además, en algunos casos, las ayudas al desempleo han generado incentivos perversos a quedarse en el desempleo, como es el caso del Programa Prepara, situación que ya denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El resultado es que muchos beneficiarios han preferido seguir parados hasta agotar la prestación, ya que la ayuda no está bien diseñada para fomentar la transición al empleo.

Además, el FMI señala que no solo es necesario mejorar el diseño del gasto social, también es prioritario corregir los defectos del mercado laboral que generan grandes desigualdades. España tiene una de las tasas de paro estructural más altas de los países desarrollados y lo mismo ocurre con los niveles de temporalidad y parcialidad. El resultado es que hay muchas familias pobres que están en el desempleo y otras que tienen trabajos muy precarios. Esta combinación genera efectos perversos sobre la productividad que se traduce en menores salarios y mayor volatilidad en el empleo que 'barre' al país cuando llega una crisis. De ahí que el Fondo recomiende a España adoptar pasos decididos para reducir la dualidad en el mercado laboral. Solo así podrá cerrarse la brecha actual entre trabajadores protegidos y trabajadores desamparados.

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