¿Hay mucho gasto público en España? La derrota de un mito

Uno de los mantras más acrisolados del debate económico tiene que ver con el nivel de gasto del Estado. Para muchos, el sector público es el leviatán que devora el ahorro de las familias y de las empresas. Y, en verdad, el mantenimiento del Estado de bienestar consume enormes recursos. Tantos que, según se sostiene en numerosos estudios académicos, no solo se coarta la libertad individual en la toma de decisiones económicas, sino que, además, se lastra el crecimiento por la pertinaz ineficiencia del sector público, siempre derrochador, a la hora de gastar.

¿Es eso cierto? Un estudio publicado por la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica) lo matiza. Y mucho. En palabras de sus economistas, en España, el gasto en los servicios públicos fundamentales (SPF) que componen el Estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Habrá quien piense que lo significativo no es la foto fija, sino la evolución. Al fin y al cabo, si el punto de partida es bajo —como sucedía en España antes de la extensión del Estado de bienestar— es probable que en los últimos años se haya producido un aumento de la presión fiscal para financiar un gasto público creciente.

¿Qué es lo que dicen los datos? Desde que comenzó el siglo hay dos periodos muy diferenciados. Hasta el comienzo de la crisis, el gasto público no dejó de crecer de una forma intensa. Pero tras la llegada de la recesión —y a consecuencia del desplome de los ingresos públicos— se ha producido un recorrido a la inversa. Hasta el punto de que solo dos comunidades autónomas han sido capaces de recuperar los niveles de gasto público por habitante previos a la crisis. Son el País Vasco y Cantabria. En el primer caso, debido a su singularidad fiscal y al cálculo del cupo, que le garantiza un nivel de recursos por habitante superior a la media, mientras que, en el caso de Cantabria, la causa tiene que ver con el enorme peso que tiene el hospital Valdecilla respecto de su presupuesto.

Ahora bien, hay que tener en cuenta un factor muy relevante a la hora de analizar el nivel de gasto público, como afirma este estudio de la Fundación BBVA y el IVIE. La mayoría de los recursos se destinan a pagar las nóminas de los empleados públicos. En concreto, el 52% del gasto público productivo (el que no es meramente administrativo) corresponde a retribuciones de los empleados públicos, lo que supone algo más de 18 puntos de diferencia respecto de Alemania (34,5%). Y en todo caso, por encima de la media de la OCDE (48%).

Un duro ajuste

Los datos del IVIE y la Fundación BBVA muestran que durante la etapa expansiva (2003-2009) el gasto real de las distintas administraciones en servicios públicos fundamentales por habitante registró un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades autónomas, con un incremento verdaderamente espectacular de más del 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha. Algo que explica, en este último caso, que cuando llegó la crisis el Gobierno regional se viera obligado a hacer un duro ajuste. Castilla-La Mancha redujo su gasto público en servicios esenciales nada menos que un 26% entre 2009 y 2013, lo que da idea de la intensidad del ajuste. Por el contrario, en el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

La consecuencia, como sostienen los autores del estudio, es que las diferencias en el nivel de gasto público en los servicios públicos fundamentales por habitante ajustado se elevan hasta el 42% en 2016 entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Canarias). O expresado de otra forma, mientras que el gasto público en el País Vasco alcanza los 3.218 euros, en el caso de Canarias apenas se llega a 2.265 euros por habitante.

Es decir, una distancia verdaderamente colosal en un país dotado de un sistema de financiación que pretende, a la luz de la Constitución, homogeneizar los servicios públicos esenciales a través de diversos fondos creados 'ad hoc' para tener en cuenta las diferenciales regionales.

La población ajustada —tal y como se presentan los datos— busca ponderar el número de habitantes teniendo en cuenta una serie de criterios que permita un análisis comparativo más homogéneo (población joven, población protegida equivalente, población mayor y otras variables territoriales, como la insularidad, la superficie y la dispersión de la población).

Como sostienen los autores del estudio, la existencia de fuertes diferencias en el gasto público en servicios esenciales "es un reflejo de que las diferencias responden no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades".