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El Banco de España avisa que indexar las pensiones al IPC obligará a hacer ajustes a futuro
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El Banco de España avisa que indexar las pensiones al IPC obligará a hacer ajustes a futuro

Reclama un debate riguroso sobre los gastos deseados para el sistema y cómo financiarlos. Aconseja mayor vínculo actuarial entre las cotizaciones y las prestaciones que se reciben

Foto: Sede del Banco de España en Madrid. (EFE)
Sede del Banco de España en Madrid. (EFE)
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La gestión del sistema de pensiones es uno de los mayores retos que tiene España por delante dada la magnitud de recursos que necesitará movilizar cuando se jubile la generación del ‘baby boom’. El Gobierno aprobó una reforma del sistema a finales del año pasado para recuperar la indexación al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, de modo que se eliminaron los dos mecanismos de ajuste que tenía la Seguridad Social por la vía del gasto. El resultado es que el sistema ha quedado en una situación financiera que genera preocupación a los organismos independientes nacionales e internacionales.

El Banco de España hace un repaso de esta reforma y de los retos que implica para el sistema en su Informe Anual publicado este miércoles. En su opinión, la construcción de un sistema que sobreviva al envejecimiento poblacional debe partir de un “debate riguroso sobre el nivel de prestaciones deseado y los recursos necesarios para su financiación”, señala el documento.

Foto: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. (Efe)

El Gobierno ha planteado una reforma que no está acompañada de números, lo que significa empezar la casa por el tejado. El Banco de España reclama transparencia, pero la realidad es que el Gobierno no ha publicado cuáles son sus previsiones de ingresos ni de gastos por este cambio legal. De hecho, el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas a finales de abril está elaborado con unas previsiones de gasto previas a la reforma. Esto es, con la contención de gasto derivada de la revalorización de las pensiones al 0,25% y del factor de sostenibilidad.

El Banco de España advierte que la reforma del ministro José Luis Escrivá provocará una gran presión sobre el gasto público que complicará la reducción de la deuda pública. De hecho, la norma actual “implicaría un aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB” por encima de los niveles actuales ya elevados. Por eso la entidad señala que “serán necesarias nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos”.

"Serán necesarias nuevas actuaciones en el futuro de ingresos, gastos o ambos"

Entre las medidas que sugiere el Banco de España (que evita hacer recomendaciones muy concretas en el ‘jardín’ de las pensiones) está la de adaptar las prestaciones de los jubilados a sus carreras de cotización. Con el sistema actual, los pensionistas cobran mucho más de lo aportado al sistema, incluso por encima de la rentabilidad de esos ahorros, lo que deja al sistema en una situación actuarial desequilibrada. El motivo es que la tasa de sustitución en España es una de las más altas del mundo (la pensión de un jubilado está muy cerca del último salario que percibe) y la larga esperanza de vida hace que cobren su prestación durante muchos años. El BdE señala que es “conveniente reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables”.

La reforma también ha generado una gran polémica en cuanto al reparto de esfuerzos entre generaciones. La garantía del mantenimiento del poder adquisitivo implica que el esfuerzo presupuestario se tenga que realizar por la vía de los ingresos (ya sea con subidas de ingresos actual o futura). El Banco de España recomienda “analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas” para evitar que “recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores”. En definitiva, que se pongan sobre la mesa los cálculos de los costes de esta ley y cómo se va a financiar este gasto.

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE/Zipi)

Este año 2022 es el primero en el que se aplica la nueva revalorización de las pensiones indiciadas al IPC. En concreto, la revalorización se realiza con la inflación del año anterior, que en este caso fue del 2,5%. En 2023 será necesario aplicar el IPC de 2023 que se situará cerca o por encima del 7%. Esto significa que el gasto en pensiones aumentará en unos 14.000 millones de euros, un gran esfuerzo presupuestario para la Seguridad Social.

El Banco de España recomienda que los pensionistas también participen del pacto de rentas el próximo año y que asuman una parte de las pérdidas que está sufriendo la economía española por la subida de los precios energéticos. De esta forma, compartirían esfuerzos con trabajadores y empresas que ya están soportando una parte de la factura de la guerra en Ucrania. Así lo explica el BdE: “El mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto de la perturbación actual de pérdida de rentas”. Esto es, en una coyuntura tan delicada, mantener el status privilegiado de una parte de la población podría generar dudas sobre su equidad.

La entidad recomienda mantener la revalorización de las pensiones más bajas para evitar que estos hogares caigan en riesgo de pobreza, pero aconseja al resto de los pensionistas aceptar un esfuerzo para sumir una parte de los costes del conflicto. De lo contrario, excluir a los pensionistas del ajuste “conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes”.

La gestión del sistema de pensiones es uno de los mayores retos que tiene España por delante dada la magnitud de recursos que necesitará movilizar cuando se jubile la generación del ‘baby boom’. El Gobierno aprobó una reforma del sistema a finales del año pasado para recuperar la indexación al IPC y derogar el factor de sostenibilidad, de modo que se eliminaron los dos mecanismos de ajuste que tenía la Seguridad Social por la vía del gasto. El resultado es que el sistema ha quedado en una situación financiera que genera preocupación a los organismos independientes nacionales e internacionales.

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