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Hacienda subirá los impuestos para garantizar la revalorización de las pensiones
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Se llevan 2 de cada 3 euros de nuevo gasto

Hacienda subirá los impuestos para garantizar la revalorización de las pensiones

La Seguridad Social no alcanzará el equilibrio presupuestario ni con los 22.000 millones que inyectará el Estado. Ahora la Administración Central necesita elevar sus recursos para financiar este gasto

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE/Zipi)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE/Zipi)
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La cuadratura del círculo de las pensiones públicas sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Después de aprobar la vinculación de las prestaciones al IPC las cuentas se descuadran y es necesario buscar nuevos ingresos públicos para recuperar un cierto equilibrio presupuestario. El Ejecutivo optó por trasladar el déficit de las pensiones al Estado con una inyección de 22.000 millones de euros que se completará en el año 2023 bajo el concepto del traspaso de lo que llama ‘gastos impropios’ del sistema.

Lo que hace esta medida es trasladar el déficit de una administración, la Seguridad Social, a otra, el Estado, pero el problema no desaparece. El Ministerio de Hacienda reconoce por primera vez que necesitará recursos públicos adicionales para evitar que este cambio del déficit ponga en peligro al Estado. “Este proceso es crucial, ya que áreas como la sostenibilidad del sistema de pensiones dependen de este incremento de ingresos”, explica en el Programa de Estabilidad remitido el viernes a la Comisión Europea.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Hacienda justifica que “el sistema tributario español, y en sentido amplio los ingresos públicos, tiene margen de crecimiento en el medio plazo” y asegura que “este Gobierno está decidido a impulsar este incremento, acercándonos a la media de los países europeos, especialmente en las figuras medioambientales y digitales y utilizar estos crecimientos para ajustar el déficit estructural”.

"La sostenibilidad del sistema de pensiones depende de este incremento de ingresos"

Una parte de este déficit estructural es precisamente consecuencia de la vinculación de las pensiones al IPC, lo que obliga a realizar un gran esfuerzo presupuestario cada año a la Seguridad Social. Actualmente, cada punto de subida del IPC tiene un coste presupuestario en pensiones de unos 1.800 millones de euros.

En la senda fiscal de medio plazo que incorpora el Gobierno al Programa de Estabilidad muestra que España sale de la pandemia con un importante incremento del gasto en pensiones. Aunque no cuantifica la cifra exacta, sino que está integrada en el capítulo de protección social, es posible realizar una aproximación. En el año 2024, cuando la economía española vuelva a situarse en equilibrio (cierre el output gap según las previsiones del Gobierno), el gasto público será del 44,8% del PIB, esto es, tres puntos más que el año anterior en el que el país alcanzó el equilibrio, 2018.

De estos tres puntos adicionales de gasto, 2,2 puntos se destinan a protección social, de los cuales, al menos dos puntos serán de pensiones. Esto es, las pensiones se llevarán en torno a dos de cada tres euros de gasto adicional. El resto de los recursos se van en sanidad (0,7 puntos) y defensa (0,3 puntos adicionales para cumplir con el compromiso de elevar el gasto militar).

Esto significa que para equilibrar este incremento del gasto estructural será necesario un aumento de la presión fiscal. El Gobierno apunta algunas líneas maestras de la futura reforma fiscal, pero no entra en detalles. Una de las vías será la eliminación de beneficios fiscales: “Se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones”. El análisis de los beneficios fiscales también buscará corregir “aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución”.

Para analizar los beneficios fiscales, Hacienda prevé nombrar un grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, instituciones dependientes todas ellas del propio ministerio.

También se desarrollará la imposición medioambiental, que incluye la subida del impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina, medida que está comprometida para el próximo año. También se incluye aquí la puesta en marcha del "pago por uso de la red viaria de carreteras", esto es, establecer peajes en las vías públicas y la revisión del impuesto de matriculación y el de circulación para penalizar a los vehículos contaminantes.

Hacienda también apunta genéricamente a la revisión de los "impuestos personales, indirectos y al impuesto sobre sociedades", aunque no detalla cuáles serán las medidas que adoptará. En definitiva, se trata de un abanico de subidas de impuestos con las que el Gobierno busca recursos públicos para garantizar la revalorización de las pensiones.

La cuadratura del círculo de las pensiones públicas sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Después de aprobar la vinculación de las prestaciones al IPC las cuentas se descuadran y es necesario buscar nuevos ingresos públicos para recuperar un cierto equilibrio presupuestario. El Ejecutivo optó por trasladar el déficit de las pensiones al Estado con una inyección de 22.000 millones de euros que se completará en el año 2023 bajo el concepto del traspaso de lo que llama ‘gastos impropios’ del sistema.

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