Los jubilados pagarán con impuestos parte de la subida de las pensiones

El Consejo de Ministros del martes aprobó la derogación de la reforma de pensiones del Partido Popular del año 2013 para indexar las prestaciones al IPC. Una victoria incuestionable para los jubilados que, con meses de movilizaciones, consiguieron derribar esta norma. Sin embargo, la revalorización de las pensiones con la inflación no significa que la renta disponible de los pensionistas vaya a mantenerse a lo largo de los próximos años. Pero no será porque sus ingresos disminuyan, sino porque aumentará su carga impositiva.

El Gobierno ha decidido sacar el déficit de la Seguridad Social del marco de las pensiones y pasarlo al Estado. Lo ha hecho con la culminación de la separación de fuentes y el traspaso de algunos gastos a la Administración central, que será quien soporte el déficit actual del sistema y algo más. En total, se han trasladado 22.000 millones de euros de gastos que actualmente financiaba la Seguridad Social al Estado, los que el Gobierno denomina ‘gastos impropios’. Aunque esta transferencia parece un mero ajuste contable, tiene una gran trascendencia que, en muchas ocasiones, los afectados no han sabido valorar.

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Traspasar el déficit al Estado implica pasar el agujero de las cotizaciones sociales a los impuestos. Las dos palancas que tiene la Seguridad Social son el incremento de los ingresos (mayor presión sobre los trabajadores actuales y futuros) o los gastos (recorte de las pensiones). Sin embargo, al pasar el déficit al Estado, este se verá obligado a reaccionar con una subida de impuestos, ya que no se contempla reducir el perímetro del sector público.

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Las implicaciones de esta reforma son, por tanto, cuantiosas. Mientras el déficit se mantenía en el ámbito de la Seguridad Social, la presión se situaba sobre las cuotas sociales de trabajadores y empresas. Sin embargo, al trasladar el déficit al Estado, serán todos los ingresos tributarios y de precios públicos quienes tengan que asumir este coste. Esto significa que no solo los trabajadores tendrán que soportar la mayor presión fiscal que implica el ajuste, los propios pensionistas también tendrán que aumentar su contribución. Será, por lo tanto, una rebaja alternativa de las pensiones por la vía de los impuestos.

Todavía no se conoce cuál será la subida de impuestos que pondrá en marcha el Gobierno. De momento, está trabajando en la reforma el comité de expertos nombrado por el Ejecutivo y que tiene de plazo hasta el inicio del próximo año para emitir sus recomendaciones. A partir de ese momento, será el Gobierno quien decida qué figuras fiscales se tocan para atajar el agujero de las pensiones, ahora en el Estado. El compromiso con Bruselas es que la reforma entre en vigor en el año 2023, de modo que es ya inminente.

La cuantía de la subida de impuestos tiene que ser significativa, ya que el déficit asumido por la Administración central asciende a 22.000 millones de euros. Esta cuantía supera la totalidad de la recaudación anual con todos los impuestos especiales (incluyendo el de las bebidas alcohólicas, los carburantes, la electricidad, el tabaco, etc.).

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El Gobierno se muestra reticente a tocar los impuestos directos que afectan a las rentas salariales (IRPF) y ha mostrado su preferencia por la imposición indirecta, ya sea para los impuestos medioambientales, de consumo de sustancias perjudiciales para la salud o incluso el pago por uso de las autopistas. El grupo de los jubilados es el que mayor nivel de consumo tiene actualmente, de modo que podría ser el más afectado por una subida de los impuestos indirectos.

Según los datos de la 'Encuesta de presupuestos familiares', del INE, los jubilados son ya el grupo de edad que más consume. Desde el pico de la burbuja inmobiliaria, en 2007, hasta el año 2019, el gasto por persona de los mayores de 65 años ha aumentado un 23%. Por el contrario, en las franjas de edad de los jóvenes, de 16 a 29 años, el consumo se ha reducido un 11%.

El Gobierno también tiene la intención de subir el IRPF al ahorro para aproximar la fiscalidad del capital a la de los salarios. El endurecimiento de esta tributación tendrá mayor influencia sobre los mayores, que son quienes acumulan el grueso del ahorro en España. Según la 'Encuesta financiera de las familias', del Banco de España, en 2017 (último año disponible), la riqueza neta de los hogares donde el cabeza de familia es menor de 35 años no llegaba a los 50.000 euros, mientras que la de los mayores de 65 superaba los 350.000 euros. Además, en el caso de los jóvenes, el grueso de su riqueza se concentra en la vivienda habitual, mientras que los mayores tienen un capital más diversificado que genera rentas monetarias que tributan por IRPF.

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Otra de las figuras que pretende endurecer el Gobierno es el impuesto sobre sociedades. En este caso, las empresas tienen dos opciones. La primera, repercutir este coste a los consumidores, o bien asumirlo en sus márgenes, reduciendo beneficios y dividendos. En ambos casos, los pensionistas se verán afectados por una reducción de su capacidad de compra. Prácticamente todas las figuras fiscales que quiera tocar el Gobierno tendrán una incidencia en la renta disponible de los pensionistas, ya que superan en renta, riqueza y consumo a la mayoría de trabajadores.

Por lo tanto, el traslado del déficit de las pensiones desde la Seguridad Social hasta el Estado no es neutro, sino que tiene profundas implicaciones, como quedará patente en los próximos años. El esfuerzo por equilibrar el sistema será compartido para todos los españoles, aportando más los que tienen mayor renta o mayor riqueza. En ambos casos, los pensionistas se sitúan en la franja media-alta de la distribución, por lo que es previsible que terminen contribuyendo a arreglar el problema actual del sistema de pensiones.