Bruselas y la reforma de las pensiones: un plan con claras limitaciones
  1. Mercados
  2. El Valor Añadido
Plan de recuperación

Bruselas y la reforma de las pensiones: un plan con claras limitaciones

Aunque Bruselas ha aceptado las medidas alternativas planteadas por el Gobierno para reformar las pensiones, ha dejado entrever el riesgo de que se requieran ajustes fiscales

placeholder Foto: EC.
EC.

El visto bueno de la Comisión Europea ha despejado el camino para una próxima puesta en marcha del plan de recuperación español. Con el respaldo de los ingentes fondos aportados por Bruselas (a España le corresponderían 140.000 millones de euros, aunque, en principio, solo prevé utilizar los 70.000 millones ofrecidos a fondo perdido), el Gobierno de Pedro Sánchez podrá poner en marcha un ambicioso plan de inversiones que debe ayudar a la economía nacional a dejar atrás los estragos de la crisis y emprender con fuerza una nueva fase expansiva.

Este ambicioso plan de inversiones ha de ir acompañado de una serie de reformas críticas —de hecho, el despliegue de los fondos está condicionado a su ejecución— que, aunque menos vistosas, deben resultar incluso más relevantes que las propias inversiones para lograr que la economía española deje atrás muchos de los lastres más evidentes que han venido limitando su potencial de crecimiento y encare un futuro más prometedor durante los próximos lustros.

Entre estas reformas, una de las fundamentales es la que hace referencia a las pensiones y los necesarios cambios para hacer sostenible un sistema al que hace mucho que no le salen los números. "Si se abordan eficazmente los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, se reducirán los riesgos generales para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo", se destaca en el documento de trabajo de los técnicos de la comisión, en el que analizan el plan de recuperación español.

Las reformas del Gobierno en pensiones compensan parcialmente las que elimina

En este sentido, el Ejecutivo ha llegado ya a una serie de compromisos con las autoridades europeas para acometer una larga lista de modificaciones durante los tres próximos años, que tienen como fin último contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Unos cambios que enmiendan el camino, eso sí, de las reformas planteadas hace ya casi una década por el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy y que incluían desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y un factor de sostenibilidad que ajustaba las prestaciones a la esperanza de vida, y que desde su puesta en marcha habían contado con el respaldo de Bruselas, que las consideraba esenciales para lograr el equilibrio del sistema.

Ahora, sin embargo, los expertos de la Comisión Europea parecen aceptar el compromiso del Gobierno y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de compensar la retirada de esos elementos con otros cambios que deberían ofrecer una respuesta semejante. Sin embargo, y pese al visto bueno general al plan, los técnicos de Bruselas mantienen ciertas reservas sobre la posibilidad de que estas medidas alternativas ofrezcan un resultado similar al de las que vienen a suplir.

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

No en vano, al enumerar los cambios propuestos por el Ejecutivo español, los técnicos europeos expresan su expectativa de que "estas medidas mitiguen parcialmente el impacto global de la reforma sobre la sostenibilidad fiscal". Esa respuesta parcial debería verse complementada, según se desprende del mismo documento, por las reformas en el mercado laboral, que deberían contribuir a aumentar las tasas de empleo, elevando la recaudación del sistema.

Pero es evidente que esto supone dejar, una vez más, la sostenibilidad de un elemento tan fundamental para la estabilidad de las finanzas públicas al albur de unos cambios aún por definir (al fin y al cabo, sacar adelante las pertinentes reformas precisará del respaldo mayoritario del Congreso), cuyo éxito no puede darse por asegurado. Es por eso por lo que la propia Comisión observa que, "en el caso de que las medidas de compensación y acompañamiento no fueran suficientes para abordar el CSR de la sostenibilidad fiscal, el impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones tendría que ser mitigado por ajustes fiscales proporcionales en el futuro".

La adecuación de las pensiones en España se encuentra entre las más elevadas de Europa

Esto, en esencia, significa que cualquier resbalón en los cálculos a largo plazo que acompañan las reformas planteadas por el Gobierno volvería a situar el país ante la tesitura de elevar sus ingresos (lo que, básicamente, obligaría a aumentar impuestos) o recortar gastos, para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y ante esta perspectiva, cabe recordar que, desde hace tiempo, la adecuación de las pensiones (un factor que mide su capacidad para prevenir la pobreza, el grado en que sustituyen los ingresos del trabajo y el tiempo durante el que las personas reciben una pensión) en España se encuentra entre las más elevadas de Europa y está previsto que siga superando la media una vez se ejecuten las reformas planteadas.

Son cuestiones que una vez más obligan a plantear si las políticas relativas a las pensiones pueden estar cayendo en los mismos pecados del pasado, tratando de satisfacer unas necesidades que tienen más de políticas que de económicas, mientras se arriesgan partidas de gasto que, desde un punto de vista meramente técnico, pueden considerarse más relevantes, se crea una necesidad potencial de nuevas subidas de impuestos y se agudizan las sensaciones de un desequilibrio en los mecanismos de solidaridad intergeneracional.

Nadie puede discutir, y menos ante las perspectivas de envejecimiento de la sociedad española, la necesidad de contar con un sistema de pensiones justo y adecuado, para ofrecer a los receptores unas posibilidades adquisitivas que les permitan satisfacer unas necesidades mínimas de forma digna. Pero su verdadera fortaleza debe basarse también en la creación de un sistema sostenible y estable, y esto no puede lograrse únicamente a costa de forzar nuevos sacrificios en otras áreas del sistema económico, sin reparar en la lógica y eficiencia de esas medidas a largo plazo. La Comisión Europea, de momento, ha dado el visto bueno al plan planteado por el Gobierno, pero también le ha señalado claramente sus límites.

El visto bueno de la Comisión Europea ha despejado el camino para una próxima puesta en marcha del plan de recuperación español. Con el respaldo de los ingentes fondos aportados por Bruselas (a España le corresponderían 140.000 millones de euros, aunque, en principio, solo prevé utilizar los 70.000 millones ofrecidos a fondo perdido), el Gobierno de Pedro Sánchez podrá poner en marcha un ambicioso plan de inversiones que debe ayudar a la economía nacional a dejar atrás los estragos de la crisis y emprender con fuerza una nueva fase expansiva.

Pensiones Revalorización pensiones Comisión Europea Bruselas
El redactor recomienda