España saldrá de la crisis con el mismo gasto sanitario y el esfuerzo volcado en pensiones

El Gobierno ha presentado este viernes a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad que recoge las principales líneas de las cuentas públicas hasta el año 2024. El Ejecutivo proyecta un país tras la crisis del coronavirus en el que el gasto público se sitúe en el 42.5% del PIB, lo que significa que habrá aumentado el peso del sector público sobre la economía real en casi medio punto respecto al nivel existente antes de la pandemia. Sin embargo, no todas las partidas presupuestarias evolucionarán de la misma forma.

El Gobierno estima que el gasto sanitario volverá a los niveles prepandemia una vez se supere la emergencia sanitaria. En concreto, estima que en 2024 el gasto público en sanidad y será del 6,2% del PIB, cifra casi idéntica al 6,1% existente antes de la pandemia. Esto significa que el Ejecutivo descarta que el crecimiento del gasto sanitario durante estos meses se vaya a consolidar, sino que irá reduciendo su participación en el PIB hasta volver a los niveles de 2019.

En el año 2020 el gasto sanitario se disparó hasta el 7,1% del PIB, debido a la caída del producto y, sobre todo, al incremento el gasto para financiar el coste de la pandemia. A medida que se vaya recuperando la normalidad sanitaria, el esfuerzo presupuestario destinado a la sanidad volverá a los niveles anteriores a la pandemia. Y eso a pesar de que el envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto sanitario al alza.

En cifras absolutas solo se producirán recortes durante un año: 2022, con un descenso del gasto sanitario de casi 500 millones de euros. En 2023 y 2024 volverá a crecer el gasto sanitario, pero siempre a tasas inferiores al PIB, lo que hará que su peso total se reduzca de forma significativa.

El esfuerzo presupuestario se concentrará en el capítulo destinado a la protección social. El principal motivo es que el envejecimiento de la población y la revalorización de las pensiones en una cuantía igual o superior al IPC, provocará que se dispare el gasto en jubilaciones.

En concreto, el Gobierno estima que España saldrá de la crisis con un gasto en protección social del 18,4% del PIB, esto es, un punto superior al nivel existente antes de la pandemia. Tal crecimiento del gasto para financiar las pensiones condiciona todo el presupuesto del sector público dificultando el crecimiento del resto de partidas.

En el próximo lustro empezará a jubilarse la generación del ‘baby boom’ y esto supondrá un fuerte incremento del gasto en pensiones por dos motivos. El primero es evidente: el mayor número de jubilados. El segundo es que las pensiones de los nuevos jubilados son más altas que las de aquellos que causan baja, lo que presiona al alza el gasto.

De esta forma, aunque la protección social a los trabajadores se reduzca gracias a la desaparición de las prestaciones extraordinarias del covid, será insuficiente para compensar todo el gasto en pensiones. En concreto, este año 2021 la protección social será 2.500 millones de euros inferior a la del año 2020 a medida que las prestaciones de ERTE y de cese de actividad se vayan levantando.

En 2022 desaparecerán estas ayudas extraordinarias, según las estimaciones del programa de estabilidad, de modo que sin este ahorro solo existirá la presión al alza de las pensiones. En 2023 el gasto en protección social se disparará en 10.000 millones de euros y en 2024 se añadirán otros 8.800 millones más. Sirva como comparativa que 18.000 millones es una cuantía similar a toda la recaudación de los impuestos especiales (alcohol, gasolinas, electricidad, juego, etc.) en un año normal. Estas cifras dan buena muestra del enorme esfuerzo presupuestario que tendrá que realizar el sector público en los próximos años y que tendrá que ser compatible con la reducción del déficit.

El gasto en educación también será similar al existente antes de la pandemia, situándose en el 4,1% del PIB, una décima por encima del nivel registrado entre los años previos a la pandemia.

El mayor ajuste, para hacer hueco al gasto en pensiones, se lo lleva el epígrafe de servicios públicos generales, que incluye el grueso de la cartera de servicios excluidas la sanidad, la educación y la dependencia. Este gasto pasará de suponer el 5,5% del PIB antes de la pandemia al 4,6%. Si las políticas de modernización de las administraciones dan los resultados esperados para mejorar la eficiencia, estos ahorros podrían estar en la base de la reducción del gasto. En este epígrafe se contabiliza también el coste de la deuda pública que, según el Gobierno, seguirá bajando en los próximos años gracias a la reducción de los tipos de interés del Banco Central Europeo.