El Gobierno pacta con la UE elevar las bases máximas de cotización en 30 años

Las medidas pactadas con Bruselas para recibir los fondos Next Generation en materia de pensiones se basan, casi en su integridad, en el Pacto de Toledo suscrito por todo el arco parlamentario. Lo relevante, sin embargo, son las fechas de su entrada en vigor, ya que el documento se estructura a través de diversos hitos a implantar hasta 2023. Las dos novedades principales son el compromiso de elevar tanto la cuantía de la pensión máxima como la base máxima de cotización para mantener el principio de contributividad y que los fondos de pensiones complementarios sean gestionados por empresas privadas.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez se lanza a por la recuperación con un plan que este año dará 8.000 millones menos

Ángel A. Giménez

Antes del 31 de diciembre de 2021

• Un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo. El Gobierno ya ha adelantado que se tendrá en cuenta el IPC.

• Alineamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad legal.

• Creación de nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación, para favorecer que se puedan compatibilizar trabajo y pensión. Se hará a través de un incremento adicional por cada año de retraso o un pago único.

• Penalización de la jubilación anticipada. En particular, perjudicando a quienes tienen unas bases de cotización más elevadas.

• Prohibición de que en la negociación colectiva se obligue a los trabajadores a jubilarse a la edad estándar de jubilación (entre 65 y 67 años, según los años cotizados).

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno rectifica en la reforma de las pensiones y bloquea el acuerdo

Carlos Sánchez

Antes del 30 de junio de 2022

• Reforma del sistema de cotización de los autónomos. El objetivo de la reforma es igualar las cotizaciones de asalariados y trabajadores por cuenta ajena. La reforma basará las cotizaciones de los autónomos en sus ingresos reales en lugar de que puedan elegir sus bases de cotización. Para ello, se tendrán en cuenta los ingresos fiscales. La reforma se implementará gradualmente mediante aumentos en la base de cotización mínima para permitir la adaptación al nuevo régimen.

• Nueva regulación de los sistemas complementarios de pensiones. El objetivo es aumentar la cobertura de los planes de pensiones ocupacionales acordados a través de la negociación colectiva, preferiblemente a nivel sectorial. Creación de fondos públicos de pensiones “gestionados por el sector privado”. Incremento de los incentivos fiscales. Limitar los costes de gestión de los planes de empleo colectivos por debajo del 0,30% del activo bajo gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Así quedará la reforma de las pensiones que el Gobierno enviará al Parlamento

Carlos Sánchez

Antes del 31 de diciembre de 2022

• Ajustar el periodo de cálculo de las pensiones para reforzar la contributividad del sistema.

• Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional.

• Ajuste de la base de cotización máxima. La reforma aumentará la base máxima de cotización del sistema de pensiones y se ajustarán las cuantías máximas a percibir en una relación equiparable. De esta manera, se ampliarán las bases de cotización y se incrementará la progresividad del sistema de pensiones, aumentando al mismo tiempo los ingresos de la Seguridad Social. El ajuste del sistema será gradual para permitir que los contribuyentes se adapten a los cambios. La reforma se implementará gradualmente, durante los próximos 30 años.

TE PUEDE INTERESAR

Escrivá avisa de que las pensiones perderían hasta un 30% de poder adquisitivo con el IRP

E.P.

​Antes del 31 de diciembre de 2023

• Separación de fuentes de la Seguridad Social. El objetivo de la reforma es modificar la financiación del sistema de pensiones en consonancia con la recomendación del Pacto de Toledo para que las prestaciones contributivas sean financiadas a través de las contribuciones, mientras que las prestaciones no contributivas se pagarán con cargo al Presupuesto, con impuestos.

Componentes de la reforma laboral hasta ahora

El plan es muy detallado, con objetivos, fechas para alcanzarlos y desembolsos vinculados. Uno de los puntos sensibles de todo el plan, porque alguno de sus elementos son todavía borrosos a la espera de un acuerdo con los agentes sociales que en Bruselas consideran “crítico” para la buena implementación de las medidas, es el componente del mercado laboral, con 11 reformas y 7 inversiones.

El componente se divide, a nivel temporal, en tres fases. Por un lado están algunas medidas adoptadas entre mediados de 2020 y mediados 2021 y que se tendrán en cuenta para el primer desembolso, para el que deben cumplirse toda una serie de hitos y metas, que se realizará en diciembre de 2021: unos 10.000 millones de euros que llegarán después de la prefinanciación del 13% (unos 9.000 millones de euros) que llegará a finales de julio.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno choca con sindicatos y CEOE y queda al pie de los caballos ante Bruselas

Carlos Sánchez

Esos primeros hitos incluidos en el primer desembolso son el real decreto-ley para regular el trabajo a distancia, que se aprobó en septiembre de 2020; la implementación de dos decretos aprobados en octubre de 2020 sobre la retribución equitativa entre hombres y mujeres y sobre los planes de igualdad y transparencia salarial dentro de las empresas; y por último la implementación de la llamada 'ley rider' aprobada en mayo de 2021. Por último está la adopción del Plan de acción 2021-2027 para abordar el desempleo juvenil con motivo de la implementación de la Garantía Juvenil Plus de la UE, que ha sido aprobado por el Gobiernoeste mismo junio. “El plan de acción incluirá una revisión de los contratos de prácticas / aprendizaje y la aprobación de un Estatuto de los aprendices. Estas medidas serán coherentes con las políticas educativas para abordar el abandono escolar prematuro”, señala el documento de trabajo de la Comisión Europea.

Diciembre de 2021

El segundo grupo de hitos engloba a los que deben cerrarse en el corto plazo para ser tenidos en cuenta en el segundo desembolso, que se producirá en junio de 2022 por valor de unos 12.000 millones de euros, y para el que se tendrán en cuenta medidas adoptadas hasta finales de 2021. A nivel de cantidad de hitos, la mayoría se concentran en este tramo.

Un primer hito se refiere a la simplificación de los contratos en tres tipos: indefinidos, temporales, y de formación o aprendizaje, con el objetivo de"limitar las causas válidas para utilizar contratos temporales, convirtiendo así los contratos indefinidos en la regla general”, reza el documento de trabajo de los técnicos comunitarios. El segundo hito se refiere a la aprobación de una nueva Estrategia Española de activación del Empleo 2021-2024, uno de esos huesos duros de roer en los que la Comisión Europea deja abierta la forma concreta en la que se van a alcanzar el objetivo, que es la modernización de las políticas activas de empleo, para que el Gobierno alcance un acuerdo con los actores sociales.

Bruselas pide fortalecer la representatividad de las partes en la negociación colectiva y aumentar la certeza jurídica de su implementación

El tercer hito consiste en hacer permanente la figura del ERTE, que clave para Bruselas, que considera que la crisis del coronavirus ha confirmado sus peticiones desde hace tiempo de aplicar un esquema similar en todos los Estados miembros. El cuarto hito para diciembre de 2021 se refiere a la modernización de la negociación colectiva, que está sujeta a las conversaciones con los agentes sociales, por lo que Bruselas no detalla de qué forma debe lograr los objetivos, que son fortalecer la representatividad de las partes negociadora y aumentar la certeza jurídica en su implementación, pero sin que eso genere “obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. El quinto y último hito de este tramo es la modernización de las actividades de subcontratación para mejorar las condiciones de los trabajadores subcontratados.

Medio y largo plazo

Luego hay toda una serie de otros hitos y objetivos que deben alcanzarse en el medio plazo para los siguientes desembolsos: en diciembre de 2022 se desembolsarían 6.000 millones, en junio de 2023 unos 10.000 millones de euros, en diciembre de ese año otros 7.000 millones, en junio de 2024 unos 8.000 millones, y en junio de 2025 y diciembre de 2026 3.000 y 4.000 millones respectivamente.

Solamente dos reformas son a largo plazo (a cumplir en el cuarto trimestre de 2022 y cuarto trimestre de 2023). En el largo plazo se concentran fundamentalmente las inversiones. La primera de esas dos reformas es la referente a la simplificación y mejora de la asistencia por desempleo, algo que debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2022. La segunda de las reformas se refiere a la digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para su modernización y eficiencia, como por ejemplo “modernizando los sistemas de información (...), mejora de los sistemas antifraude mediante sistemas de inteligencia artificial y Big Data” o la “modernización de puestos de trabajo e infraestructuras para facilitar el teletrabajo para el personal de SEPE”, algo que debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2023.

TE PUEDE INTERESAR

El colapso del SEPE destapa las vergüenzas digitales de una administración "prehistórica"

Javier Melguizo

El resto de metas que se deben alcanzar se refieren a las inversiones, y estas son más concretas. Para diciembre de 2025 se debe lograr que unos 18.300 jóvenes completen (unos 21.000 inscritos) en programas de activación y formación para jóvenes demandantes de empleo (entre 16 y 29 años). También para la misma fecha que al menos 23.200 personas que hayan completado el “Plan Empleo Mujer, Zonas Rurales y Urbanas” y el programa Víctimas de Violencia de Género y Trata de Personas. Otra inversión a largo plazo desbloqueará fondos si se logra que al menos 825.000 personas que completen programas de formación para adquirir habilidades para la transformación digital, ecológica y productiva.

Otra de las inversiones, a completar el 31 de marzo de 2024, se refiere a mejorar “la eficacia de las vías de integración para los beneficiarios de la renta mínima vital” mediante 18 proyectos piloto, que después deberán analizarse para comprobar su efectividad. En diciembre de 2023 hay que haber financiado 68 nuevos proyectos territoriales para “abordar el desafío demográfico y facilitar la transformación productiva”, ejecutando al menos cuatro proyectos en cada comunidad autónoma, con dos tipos de proyectos: los destinados a grupos vulnerables, y los dirigidos a promover el emprendimiento. También en diciembre de 2023 se deberían haber instalado 20 centros públicos de orientación, emprendimiento, apoyo e innovación para nuevos puestos de trabajo, coordinados por el SEPE. Por último, en diciembre de 2023 deben haberse desarrollado 30 proyectos de economía social en distintas áreas.