El Gobierno rectifica en la reforma de las pensiones y bloquea el acuerdo

Donde dije digo, digo Diego. El viejo aserto castellano ha irrumpido en las negociaciones sobre la reforma de las pensiones. El Gobierno, inicialmente, se había comprometido a derogar sin más el llamado factor de sostenibilidad, puesto en circulación por la reforma del Partido Popular en 2013, pero el guion ha cambiado y ahora, según fuentes directas de la negociación, lo condiciona al nuevo sistema de equidad intergeneracional que debe presentar el ministro Escrivá a lo largo de 2022.

Esto ha encendido las alarmas en los sindicatos, en particular en CCOO, precisamente cuando se daba por hecho un pacto que no acaba de llegar. El enfado es “monumental”, aseguran fuentes presentes en la negociación.

Opinión

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El Ejecutivo tenía previsto enviar un primer acuerdo al Parlamento en forma de proyecto de ley ya en mayo, pero el tiempo se le ha echado encima. De hecho, las negociaciones, hoy por hoy, están prácticamente bloqueadas por este asunto. El Gobierno, incluso, ha rebajado el nivel de los contactos. Si hace un mes largo acudía el secretario de Estado, Israel Arroyo, ahora quien acude es el director general de Ordenación de la Seguridad Social. Es decir, un cargo fundamentalmente técnico sin capacidad para tomar decisiones políticas.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, decidir si el factor de sostenibilidad desaparece ya de la legislación de la Seguridad Social de forma definitiva, y no como hasta ahora, que se mantiene en suspenso. En 2018, en tiempo del anterior Gobierno Rajoy, se decidió que en 2023, a más tardar, se aplicaría, pero lo cierto es que año tras año se ha ido congelando su aplicación. Este factor introduce ajustes en la cuantía de las pensiones (a la baja en el futuro inmediato) dependiendo de cuestiones como la esperanza de vida o la situación demográfica.

Ni el PP ni el PSOE

Se trata, por lo tanto, de un instrumento legal que permite modular la cuantía de las pensiones en función de diferentes variables. Lo paradójico es que la aplicación del factor de sostenibilidad ya aparece en la reforma de las pensiones que hizo en su día el Gobierno socialista de Zapatero, aunque nunca haya sido operativo. Tampoco con el PP.

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En 2011, en concreto, se estableció que con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarían "por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027". Ha pasado una década y no ha sucedido nada, papel mojado, lo que puede explicar cómo debe sentirse la Comisión Europea en términos de engaño.

Lo que parece esconderse detrás de la posición del Gobierno, de hecho, es la presión de Bruselas, que siempre ha reclamado un mecanismo capaz de garantizar la sostenibilidad de las pensiones a lo largo del tiempo. Es decir, a largo plazo. Ese mecanismo era el factor de sostenibilidad, pero Bruselas, que está ultimando su análisis sobre el programa de reformas de España, no cuenta con suficientes garantías de que en 2022 se apruebe otro similar o, al menos, parecido.

Escrivá se comprometió a la derogación del factor de sostenibilidad y su cambio por un mecanismo de equidad intergeneracional

En su última comparecencia parlamentaria en comisión, en abril pasado, el ministro Escrivá se comprometió a la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional “que también llevamos a la mitad del año que viene”. Pero una cosa es que lo presente en esas fechas y otra su supresión condicionada ahora mismo.

El problema es que el Gobierno se había comprometido en firme con sindicatos y empresarios a hacerlo. Lo ha hecho, incluso, el propio presidente Sánchez en el último congreso confederal de UGT. Ahora, sin embargo, no está en condiciones de cumplir ese compromiso, lo que explica que las negociaciones estén bloqueadas. Lo que ofrece el ministro Escrivá es un acuerdo ‘político’, pero eso es insuficiente para los sindicatos.

Equidad intergeneracional

El ministro Escrivá ha hablado en repetidas ocasiones de poner en marcha un mecanismo que procure la equidad intergeneracional del sistema, pero sin dar más detalles que un mero compromiso político, cuando Bruselas, que debe aprobar la semana que viene el plan de recuperación de España, lo que quiere son garantías jurídicas que los sindicatos no están dispuestos a ofrecer. Es decir, no quieren ninguna condicionalidad a la derogación del factor de sostenibilidad.

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A CEOE no le gusta especialmente la derogación del factor de sostenibilidad, pero al tratarse de uno de los puntos acordados en el Pacto de Toledo, y al no afectar directamente a las cotizaciones sociales, que es lo que más le preocupa, no es beligerante en este asunto.

El Gobierno, como se ha dicho, se ha comprometido a incluir en el segundo paquete de la reforma de pensiones, el más relevante por la importancia de su contenido, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, pero no en el primero, que aborda las cuestiones sobre las que hay mayor consenso con sindicatos y empresarios.

El primer paquete se centra en cuestiones como la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, los gastos impropios con los que corre a cargo la Seguridad Social y que se deberían financiar con impuestos, la edad efectiva de jubilación frente a la legal, los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas o las jubilaciones forzosas o activas. Quedan en el tintero cuestiones más vidriosas como las cotizaciones sociales o la contribución de los trabajadores autónomos.