El Gobierno sortea la prórroga presupuestaria con ampliaciones de crédito de 10.000 M

A mediados de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio orden de paralizar la negociación de los presupuestos generales del Estado. El motivo argüido fue que el adelanto electoral en Cataluña dinamitaba la posibilidad de conseguir el apoyo de Esquerra y Junts a las cuentas públicas. El primero en protestar fue Sumar: "Respetamos, pero no compartimos la decisión del presidente", lamentó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

No es habitual que el presidente se rinda sin intentarlo, pero la causa no era tan importante. Los presupuestos son relevantes desde el punto de vista estético, pero no práctico: un gobierno puede ejercer sin problemas su política fiscal con ampliaciones de créditos. Esto es, elevando las partidas de los presupuestos en vigor. Así lo está demostrando este año. En los tres primeros meses del año ha aprobado ampliaciones de crédito por valor de 10.000 millones de euros respecto de la prórroga presupuestaria, según los datos hasta marzo publicados por la Intervención General de Estado (IGAE).

De esta forma, ha elevado hasta 391.000 millones el margen de gasto que tendrá el estado este año. Y eso sin incluir las necesarias actualizaciones de las transferencias a otras AAPP, en especial las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ni la subida del sueldo de los trabajadores públicos. Estas ampliaciones de crédito no necesitan pasar por las Cortes, por lo que la fragilidad de los apoyos del Gobierno no suponen ningún obstáculo a la hora de ejecutar el presupuesto deseado.

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Estas ampliaciones de crédito están permitiendo al Gobierno ampliar el gasto del estado sin necesidad de unos nuevos PGE. En concreto, en el primer trimestre del año elevó el gasto del estado un 3% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta subida destaca el incremento de los gastos de personal, del 6,6%; pero también el incremento del 45% en los pagos realizados por el Ministerio de Defensa y los 240 millones a los partidos políticos para financiar campañas electorales.

La Autoridad Fiscal alertó recientemente sobre esta tendencia, cada vez más frecuente, de gobernar sin presupuestos. El motivo es que esta forma de ejercer el poder ejecutivo es mucho más opaca, ya que el Gobierno no tiene obligación de detallar el destino de las ampliaciones de crédito y no tienen que ser aprobadas por las Cortes. De ahí que el principal valor de los presupuestos no sea tanto que faciliten la ejecución de la política fiscal, sino que permitan la supervisión al Gobierno.

"Los PGE son el instrumento fundamental de disciplina y rendición de cuentas"

En otras palabras, los presupuestos no sirven tanto para facilitar la gobernabilidad, como para dotar de transparencia a la política fiscal. "La prórroga presupuestaria no supone una restricción significativa de la capacidad fiscal, pero se pierde transparencia y margen de control sobre la actuación del gobierno al no conocer las intenciones expresas de la política fiscal para ese año", lamentó recientemente la presidenta de la Autoridad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.

En definitiva, "los presupuestos son el instrumento fundamental de disciplina y rendición de cuentas del gobierno", subrayó Herrero. Por lo tanto, existen pocos incentivos para que un gobierno se lance a tramitar unos presupuestos si tiene el mínimo riesgo de perder la votación. Socialmente, se entiende que un gobierno tiene que dimitir cuando el Congreso le tumba los presupuestos, pero no ocurre lo mismo cuando un gobierno rechaza presentar el proyecto de presupuestos por miedo a que sea rechazado.

Aumenta la inversión

La mitad de los 10.000 millones de ampliaciones de créditos presupuestarios se va a destinar a transferencias de capital. Esto es, a invertir. En concreto, el Ministerio de Hacienda ha ampliado la partida para investigación, desarrollo, innovación y digital en 3.600 millones de euros, y ha destinado otros 1.000 millones a la inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes. Se trata de inversiones relacionadas con el Plan de Recuperación, que deberían potenciar la capacidad para realizar inversiones públicas.

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También se han dotado 750 millones adicionales a subvenciones al transporte derivadas de la prórroga de la extensión de algunas de las medidas de los paquetes contra la inflación. En concreto, la subvención a los billetes de transporte público. Estas medidas iban en paralelo a los presupuestos del año 2023, por lo que tampoco están incluidas en la prórroga presupuestaria.

El Gobierno también ha aumentado los créditos habilitados para las políticas de protección social. Destacan dos partidas concretamente. La primera es la de servicios sociales, que cuenta con 1.300 millones adicionales a los de la prórroga presupuestaria, casi el doble de la cuantía inicial. También ha ampliado en casi 1.000 millones de euros el gasto destinado al acceso a la vivienda.

Es previsible que las modificaciones de créditos presupuestarios se mantengan durante todo el resto del año, a medida que el Gobierno necesite ampliar las diferentes partidas para ejecutar su política fiscal. Una demostración más de que se puede gobernar sin ningún problema con una prórroga presupuestaria.