El TC estudia declarar inconstitucionales varios preceptos de la ley de vivienda

La magistrada ponente del recurso que la Junta de Andalucía interpuso contra varios artículos de la Ley por el Derecho a la Vivienda propondrá esta semana a sus compañeros del Tribunal Constitucional considerar que algunos aspectos de la norma no se ajustan a la Carta Magna, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas. La magistrada María Luisa Segoviano elevará al Pleno una propuesta de sentencia en la que aprecia invasión de competencias autonómicas en algunos puntos de la norma. Sin embargo, avala otros muchos de sus preceptos. El borrador dista mucho de ser una impugnación completa

La ponencia de la progresista hace un ejercicio de interpretación con base en el artículo 149 de la Constitución por el que salva gran parte de la norma. Analiza en concreto su punto 1 en el que la Carta Magna da competencia exclusiva al Estado sobre "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles".

También se fija en los puntos 8 y 13 en que lo que la Constitución atribuye a la administración central el control de "la planificación general de la actividad económica" y de la legislación civil. Pese a todo, apuntan las fuentes consultadas, la ponencia, que ahora tendrá que deliberarse a partir de este martes, da la razón al Gobierno de Juanma Moreno en algunos de sus argumentos. Está previsto que la deliberación arranque este martes.

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El Gobierno andaluz presentó su recurso en julio de 2023 y defiende que la ley "invade competencias en materia de vivienda exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". Además de Andalucía, recurriendo otras comunidades autónomas que también aprecian que el Estado entra con la norma en un terreno que no le corresponde. Entre otros, han acudido al TC la Comunidad de Madrid, el gobierno vasco y los parlamentos catalán y gallego.

Informes en contra

Para la Junta, que estrenará la decisión sobre un texto polémico ya desde su origen, el Estado no puede legislar sobre vivienda, "ni siquiera de forma supletoria". Por ello impugnó toda la parte de la ley que se adentra en conceptos como la de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público. Los de Moreno aseguran que en muchos de los artículos no se da pie a que las autonomías entren a legislar. No deja "ni un resquicio", indican.

Las advertencias sobre la dudosa constitucionalidad de la norma no son nuevas. En los informes preceptivos previos a la aprobación ya se incidía en ese mismo aspecto. El Consejo General del Poder Judicial ya lo señaló así hace un año. Se mostró especialmente duro con la norma, que, aseguró, invade las competencias autonómicas, contradice la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, convirtiendo normas de carácter excepcional en definitivas, e introduce topes al alquiler en un terreno "sensible" en aplicación de la Carta Magna y que se acompaña de un contenido "farragoso".

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El informe que dictó el Consejo fue acogido en su día por el Gobierno como un ataque e ignorado, hasta el punto de que el anteproyecto se aprobó por parte del Consejo de Ministros sin que este dictamen estuviera aprobado. El Ejecutivo no modificó su contenido a la vista de las advertencias y se limitó a algún retoque formal pero no sustantivo. Muchos partidos nacionalistas han ido en estos meses planteando —sin suerte— reticencias, precisamente por la intromisión desde el Gobierno central en asuntos que exceden sus competencias. El PNV ha sido uno de los más críticos.