Sánchez salva la ley de vivienda pese a la ofensiva de PNV, Junts y PDeCAT

Luz verde a la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados. Con 176 votos a favor, 167 en contra y una única abstención, el Gobierno de coalición ha logrado mayoría absoluta para dar el penúltimo empujón a una de las leyes clave en esta legislatura, aprobándola holgadamente. Sin embargo, la norma, negociada con sus aliados de izquierdas en el Parlamento, ha logrado unir a PNV, PDeCAT y Junts per Catalunya, que hoy han escenificado con firmeza su rechazo.

El PNV, socio habitual del Ejecutivo en el Parlamento, se alineaba junto a los dos partidos soberanistas catalanes, y ambos conformaban un nuevo bloque frente a sus competidores en sus respectivos territorios, Bildu y ERC, denunciando que el proyecto de ley invade competencias exclusivas de sus gobiernos autonómicos, y hasta poniendo en duda el carácter soberanista de estas formaciones. Tras el debate, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticaba al Gobierno y a quienes sustentan esta norma por no responder, con argumentos jurídicos, sobre la invasión competencial: "Hemos dado continuamente razones jurídicas", pero "nadie ha respondido".

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Esteban incluso dejó la puerta abierta a la presentación, por parte del Ejecutivo vasco, de un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional, un escenario con el que ya amagan Gobiernos de comunidades autónomas como Madrid. "Creo que hay muchos visos", reconocía el portavoz jetzale, de que pueda prosperar. Desde el Ejecutivo vasco avanzaron a este diario que, una vez aprobada por el Congreso y el Senado, "analizaremos si invade o no invade competencias y recurriremos si lo hace".

Íñigo Barandiaran Benito, del PNV, cargó desde tribuna contra la ley por "interferir las capacidades" de las comunidades autónomas para desarrollar sus propias políticas de vivienda. "Se extralimita en sus competencias e invade las de las CCAA"; "Es una recentralización y una invasión competencial", apuntaba. También aseguró que la ley "deja sin solución el problema de la okupación" y "traslada" el problema de los impagos a los propietarios. E, incluso, denunció que el Ejecutivo cuenta para aprobarla con la "colaboración" de "partidos de supuesta conciencia soberanista", en lo que consideró una "demostración de la más absoluta incoherencia", señalando directamente a EH Bildu. El destacadísimo papel que Pedro Sánchez ha reservado para ERC y Bildu ha tensado sus relaciones con otros aliados, en especial con el PNV, con quien gobierna en coalición en Euskadi.

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La división a escenificar y las acusaciones que iban a intercambiar las formaciones soberanistas se anticipaba ya en el discurso de Oskar Matute. El portavoz abertzale se adelantó a los argumentos del PNV, para afirmar que lo que subyace en las posiciones ante esta norma "es un debate de fondo", pese a que hay quien "se empeña" en hablar "de problemas competenciales y de okupación".

El debate de fondo, según Matute, es si la vivienda debe ser considerada "un derecho" o un "bien de mercado", y por eso advertía a "las derechas" de que la norma respeta las competencias de las CCAA y los ayuntamientos. "No es un texto recentralizador", sino "habilitante", para que las CCAA cuenten con mecanismos para aplicar políticas de vivienda. Los argumentos de los partidos soberanistas eran incompatibles. Sánchez, cuya estrategia de reservar todas las medallas para Bildu, en detrimento del PNV, ha encendido varias luces rojas en el PSOE, no asistió al debate. Tampoco lo hizo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, hizo lo propio frente a Junts y ERC, incluso con más dureza. Recordó que el TC ya ha tumbado la ley catalana de vivienda, y afirmó que "algunos" defienden "su posición de no intervención con la excusa de las competencias, porque son de derechas". Acusó a Junts y al PDeCAT de no estar a favor de "parar los desahucios" ni de la "contención de rentas" del alquiler, y rebajó la norma a introducir un tope a la subida de los alquileres para grandes tenedores, y la obligación de mantener el precio del contrato anterior para los tenedores de no menos de cinco viviendas.

También afirmó que la negociación, durante "406 días", ha sido "intensa y ardua", que el acuerdo ha sido "difícil" de lograr, y que en el texto "no ha quedado ni un artículo igual" que en el proyecto de ley del Gobierno, que era "impresentable". Ahora, apuntó, es una norma que "empieza a marcar el camino". "Si quieren de verdad competencia plena en vivienda", abundó, la solución es "un referéndum, ganar" y lograr un "Estado propio". Ferrán Bel, diputado del PDeCAT, había enumerado varios artículos que, a su entender, suponen una intromisión en las competencias autonómicas. Ninguna de las partes evitaba el choque.

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Es la ley que Sánchez está presentando como principal activo de cara a la campaña para las elecciones del 28-M, y se ha visto duramente contestada por la oposición. El PP cargaba contra el Ejecutivo, y le reclamaba construir "pisos, pero de verdad, y no humo". La diputada Ana María Zurita advertía de que la norma acabará siendo tumbada por el TC "al primer recurso de una comunidad autónoma", acusaba al Gobierno de "avasallar" a los propietarios, y de aprobar una ley que "no favorece a nadie", "sólo a los okupas". "La ley no convence a nadie", "sólo sirve para generar inseguridad jurídica" y "tendrá muchos efectos indesados", advirtió.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sentenció que la ley hará "cada vez más difícil" el acceso a la vivienda, y acusó a Sánchez de ser "cómplice" de Bildu, "brazo político de ETA". La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la consideró "una pancarta electoral", una norma "populista e improvisada". "Esta ley es una aberración como el sí es sí", aseguró el diputado tránsfuga de UPN Carlos Adanero, hoy también candidato del PP a la alcaldía de Pamplona.

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Por parte del Gobierno, de nuevo de forma inusual, subieron a tribuna dos ministras, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, que ostenta las competencias en Vivienda, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coproponente de la norma. La secretaria general de Podemos defendió que el alquiler es "una bomba de extraer recursos de las clases populares" hacia "los que viven de las rentas", y justificó que la regulación del precio de los alquileres es lo que ha llevado a tardar "tres años" en aprobar la norma. "Hoy no termina nada", advirtió la ministra, comprometiéndose a trabajar para que "se cumpla hasta la última coma" de la ley "en todo el territorio de nuestro país".

Y, mientras Belarra disputaba al PSOE la bandera de la vivienda, Raquel Sánchez aseguraba que la ley "respeta el marco competencial" y "no va en contra de nadie". Las dos ministras se intercambiaron agradecimientos, y sólo la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Garrido, se salió del marco de la celebración para afirmar que el presidente "se está viniendo arriba con los anuncios de vivienda". Las dos partes del Ejecutivo se disputaban esta medalla, pero sin disparar contra la otra.