Los barones del PP abren otro frente contra el Gobierno y se lanzan contra la ley de vivienda

El optimismo del PSOE respecto a la negociación de la ley de vivienda —este jueves, María Jesús Montero llegó a afirmar incluso que "hay ya prácticamente un acuerdo"— ha puesto en guardia a los principales barones del Partido Popular. Pese a que el alcance de la regulación de los alquileres en las zonas consideradas como tensionadas y los nuevos contratos dependerá en última instancia de las comunidades autónomas, Isabel Díaz Ayuso movió ficha y anunció que, si la norma termina aprobándose, la Comunidad de Madrid irá directamente al Tribunal Constitucional. La dirigente prepara así el terreno para abrir un nuevo frente con el Ejecutivo en la recta final de la legislatura, cuando a ella le quedan menos de tres meses para enfrentar unas elecciones en las que persigue la mayoría absoluta.

La confrontación directa con Pedro Sánchez fue el eje de la campaña que llevó a Ayuso a una victoria incontestable en mayo de 2021. Y ahora, pese a que el hipotético texto que resulte de la negociación de la coalición gubernamental con sus socios está lleno de incógnitas, ha dado un nuevo paso al frente para combatir en los tribunales lo que califica como un "asalto inconstitucional" que "supone un ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad" y que, a su juicio, terminará encareciendo la vivienda por suponer un freno a su desarrollo.

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Ayuso no está sola. Y aunque haya sido la primera en anunciar la judicialización de una ley aún en trámite, otras comunidades gobernadas por el PP se preparan para dar la batalla al Ejecutivo en esta cuestión. En Andalucía, Juanma Moreno se unirá a su homóloga madrileña y llevará la norma al TC si comprueba que "invade competencias" cuando el Congreso y el Senado den su visto bueno. Desde la Consejería de Fomento, liderada por Marifrán Carazo, sustentan su crítica en el duro informe que emitió hace un año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que presentó una enmienda a la totalidad al texto entre PSOE y Unidas Podemos precisamente por invadir competencias autonómicas.

En Castilla y León, por su parte, amenazan también con "tomar medidas" si el Gobierno no "rectifica" los parámetros actualmente fijados, especialmente en lo relativo al tope de los alquileres, sin descartar tampoco la vía de los tribunales. "Estamos en contra de algunos contenidos de esta norma, como no respetar el régimen de distribución constitucional y estatutario de competencias que atribuye a Castilla y León y a todas las comunidades autónomas", sostienen en el entorno del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, desde cuyo equipo exigen al Gobierno que "escuche y dialogue" con los territorios antes de dar luz verde definitiva a la ley.

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La norma genera también rechazo en la Región de Murcia, donde su presidente autonómico, Fernando López Miras, llegó a calificar la ley como una "acción comunista". En Galicia, presidida por Alfonso Rueda tras la salida de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional, optan por la "prudencia" y evitan agitar posibles acciones legales hasta que no haya un texto definitivo. Más allá de la posible judicialización del caso, lo cierto es que las comunidades autónomas en que el PP gobierna actualmente ya levantaron las armas cuando el anteproyecto planeaba sobre el Consejo de Ministros. De hecho, la anterior dirección, comandada por Pablo Casado, instruyó a sus barones para boicotear el texto, negándose a aplicarlo en sus respectivos territorios.

En la actual cúpula del partido, delegan la responsabilidad de tomar las acciones pertinentes contra la ley de vivienda en los territorios. "Las cuestiones que invadan competencias autonómicas han de dirimirse en el ámbito autonómico", resumen. Sobre posibles acciones judiciales a nivel nacional, Génova sostiene que, sin un texto definitivo, no es un asunto que se haya puesto aún encima de la mesa. No obstante, fuentes de la vicesecretaría de Economía con competencias en la materia afirman que la norma es carne de recurso de inconstitucionalidad por su "carácter intervencionista", y que podría darse un paso al frente en ese sentido.

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En el equipo del responsable de Economía de Génova, Juan Bravo, respaldan la determinación tomada por autonomías como Madrid y Andalucía, que ya comienzan a dibujar en el horizonte el escenario de los tribunales, porque les afecta de forma directa. Añaden, además, que con "el camino" que está tomando la norma y si no hay "rectificación" alguna por parte del Ejecutivo, la ley es, como poco, susceptible de reforma si el PP logra hacerse con la Moncloa en las próximas elecciones generales, previstas para final de año.

En materia de recursos ante el Tribunal Constitucional contra normas del Gobierno, Ayuso lleva claramente la delantera al resto de compañeros autonómicos del PP. Además del mencionado trámite con la ley de vivienda, la dirigente recrudeció su guerra fiscal contra el Ejecutivo y aprobó hace unos meses un recurso contra el decreto de ahorro energético, ya admitido por el órgano de garantías. Y siguió la misma hoja de ruta con el ya conocido como impuesto a los ricos, una acción a la que se sumó el presidente andaluz, Juanma Moreno.