El Gobierno rectifica y cambiará la ley de vivienda para evitar un colapso de las VPO
El proyecto de ley prohíbe descalificar todo tipo de vivienda protegida con carácter retroactivo, medida que golpea directamente a las clases trabajadoras. PP, PNV y ERC se oponen
Es un auténtico caballo de Troya, capaz de arrasar el patrimonio de las familias, especialmente de las clases medias y trabajadoras. La disposición transitoria única del proyecto de ley por el derecho a la vivienda es una auténtica bomba de relojería, ya que prohíbe con carácter retroactivo la descalificación de las viviendas que gocen de algún tipo de protección pública, lo que popularmente se conoce como VPO.
"Las viviendas que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran calificadas definitivamente con algún régimen de protección pública, se regirán por lo dispuesto en dicho régimen, salvo las condiciones previstas en la letra d) del apartado 1 del artículo 16 que se aplicarán a todas las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública, con independencia de la fecha de su calificación definitiva", recoge el proyecto de ley.
¿Y qué dice la letra d) del apartado 1 del artículo 16? "Las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelos cuyo destino sea el de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública (...) estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación". Dicho en castellano llano, tal y como está redactada ahora mismo la norma, se prohíbe descalificar todas las VPO.
Por si quedara alguna duda, en la exposición de motivos, se recalca que "el régimen transitorio de la ley se circunscribe a la disposición transitoria única que establece que las viviendas que estuvieran calificadas definitivamente con algún régimen de protección pública a la entrada en vigor de la ley, se regirán por lo dispuesto en dicho régimen, salvo las condiciones previstas en relación con los periodos de descalificación de las viviendas protegidas, que se aplicarán a todas las viviendas calificadas".
"Es un despropósito y si llega a aprobarse, lo recurriremos al día siguiente", advierte la diputada del Partido Popular Ana Zurita. Su formación ha presentado una enmienda para derogar esta disposición, un punto frente al que también se han posicionado en contra importantes aliados del presidente Pedro Sánchez como ERC y PNV. Ya sea por esta oposición, o porque el Ejecutivo de coalición quiere evitar nuevos aquelarres legislativos, el Gobierno cambiará la redacción en su versión definitiva, si finalmente esta ley termina entrando en vigor.
Así lo han asegurado desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que a preguntas de este medio han respondido que esta disposición "nunca se redactó con vocación de ser retroactiva" y que "para evitar confusión" va a modificarse y "se va a clarificar la redacción del texto en el trámite, de forma que eso quede explícitamente reflejado".
Aunque la regulación del precio de los alquileres y el papel de los grandes fondos han acaparado la atención de este proyecto de ley, la realidad es que esta disposición, tal y como está redactada, es una seria amenaza para las clases medidas y bajas, ya que son las compradoras de las viviendas protegidas, con la agravante de que la vivienda es la principal riqueza de las familias, y su peso es mayor cuanto menores son los ingresos de los hogares.
"Toda la normativa va en contra del propietario, cuando hay dos partes. Es cierto que hay que ayudar al acceso a la vivienda, pero tiene que ser una política que contemple las dos partes, no se puede dejar desamparada a una de ellas, el propietario también necesita seguridad", se lamenta Beatriz Toribio, directora general de Masteos, quien advierte de que "esta regulación va a provocar una menor oferta de vivienda en alquiler y la que haya va a ser más cara. No vamos a tener el problema de ahora, sino otro mucho mayor".
Según las cifras que maneja el Banco de España (BdE), la vivienda representa en torno al 67% de la riqueza neta de las familias de clase media y media baja (percentil 20 a 60 de renta), el 64% en el caso de las rentas bajas (por debajo del percentil 20), alrededor del 52% entre los hogares de clase media alta (percentil 60 a 90) y apenas un 27% en las altas (por encima del percentil 90).
Del mismo modo, los ahorradores más humildes, los propietarios de una vivienda en alquiler en barrios humildes, son los más golpeados por las medidas antidesahucios y por los escudos sociales que terminan amparando la okupación, ya que es en estas áreas, no en los distritos de clase alta, donde se concentran las mayores bolsas de viviendas okupadas.
La plataforma de big data inmobiliario de Brainsre analiza el riesgo de okupación, a raíz de una serie de indicadores públicos y propios, específicos de okupación del ministerio y variables socioeconómicas. Con todos estos datos, elabora un índice con una escala de uno al cinco, en el que un número más alto es una mayor probabilidad de que un inmueble sea okupado. En general, Madrid tiene un 1, pero hay tres distritos, de un total de 21, en que la tasa sube a 2: Villaverde, Puente de Vallecas y Usera.
Suma y sigue, porque según el socio y economista jefe de Arcano, Ignacio de la Torre, las clases más bajas volverán a ser las más perjudicadas por la futura ley de vivienda, con su medida estrella de limitar el precio del alquiler, sobre todo si se termina imponiendo este tope a todos los propietarios, no solo a los grandes tenedores, como pide Podemos.
"La evidencia académica de las limitaciones de precio es clarísima: este tipo de leyes genera el efecto contrario. Limitar precios se ha ido haciendo a lo largo de la historia y nunca funcionó. Roma, a partir del siglo III, emitía monedas cada vez con menos contenido de cobre para financiar al ejército, eso provocó una inflación de precios. El emperador Diocleciano hizo un famoso edicto para intentar limitar los precios y fue un fracaso absoluto. En la Revolución francesa, Robespierre, por decreto, también limitó precios para el pan y el vino, pero tampoco funcionó", señala De la Torre.
En el caso de la vivienda, coincide con Toribio en que el efecto inmediato de la limitación de precios será una reducción de la oferta, lo que conferirá al propietario que sí ponga su piso en alquiler mayor poder de negociación. "¿A quién vas a alquilar la casa? A aquella familia a la que le cuesta menos esfuerzo pagar el alquiler", reflexiona el socio de Arcano. Un golpe para las clases bajas.
Es un auténtico caballo de Troya, capaz de arrasar el patrimonio de las familias, especialmente de las clases medias y trabajadoras. La disposición transitoria única del proyecto de ley por el derecho a la vivienda es una auténtica bomba de relojería, ya que prohíbe con carácter retroactivo la descalificación de las viviendas que gocen de algún tipo de protección pública, lo que popularmente se conoce como VPO.