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"Este Gobierno también quiere proteger a los propietarios con la ley de vivienda"
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"Este Gobierno también quiere proteger a los propietarios con la ley de vivienda"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confía en lograr un acuerdo con las fuerzas progresistas, pero también marca sus líneas rojas: seguridad jurídica, respeto a las competencias de las CCAA y tolerancia cero con la okupación

Foto: Entrevista a Raquel Sánchez. (O. C.)
Entrevista a Raquel Sánchez. (O. C.)
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Son las seis y media de la tarde del martes, 11 de octubre, cuando Raquel Sánchez (Gavà, Barcelona, 1975) entra con paso firme y una sonrisa al salón anexo a su despacho del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Madrid. Nadie diría que lleva más de 12 horas en pie, ni que acaba de llegar de su tierra natal, Cataluña, adonde ha viajado esta misma mañana para presentar los presupuestos generales de 2023.

Desde que tomó la riendas del ministerio, en julio del año pasado, esta alcaldesa de vocación y socialista de corazón vive subida a esos mismos trenes y aviones que son la locomotora de su ministerio, con Adif o Aena como ejemplos de empresa pública, y está pudiendo gestionar desde las alturas problemas que ha conocido sobre el terreno como regidora, desde las dos caras del debate de los peajes hasta la falta y encarecimiento de la vivienda.

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PREGUNTA. Su Gobierno siempre ha defendido que nadie iba a quedarse atrás. Por eso, y teniendo en cuenta el contexto actual, ¿prevé prorrogar medidas del escudo social como el tope del 2% al alza de los alquileres?

RESPUESTA. Esa línea está vigente, porque la aprobamos en el plan de respuesta a la crisis de Ucrania y siempre hemos dicho que es de carácter coyuntural. Pero, evidentemente, si se mantienen las circunstancias que motivaron su adopción, debemos plantearnos, y nos plantearemos, mantener esa y el resto de medidas que se recogían en ese plan. Lo que también es cierto es que no solo debemos adoptar medidas coyunturales. La propia ley de vivienda establece cómo podemos ayudar a contener la subida de los alquileres. Eso sería una medida de carácter más estructural, así como el bono joven de alquiler o todas las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-25. Por lo tanto, estamos actuando en un doble nivel: con medidas más de impacto, de carácter coyuntural, como por ejemplo ese límite del 2%, y con otras de más calado, más estructurales.

P. Y para estimular a los arrendadores a sacar viviendas al alquiler, ¿se plantea algún tipo de incentivo fiscal?

R. La ley de vivienda los recoge: el propietario que mantenga el precio congelado, o incluso lo reduzca, va a poder disfrutar de incentivos fiscales en un porcentaje determinado. Es decir, si rebajas el precio del alquiler o si alquilas, por ejemplo, a jóvenes, se ofrecen incentivos fiscales para los propietarios. También, ofrecemos el pago de hasta el 100% de la prima de un seguro para garantizar la cobertura en caso de impago.

P. Entiendo que esas medidas se incluyen entre las estructurales.

R. Sí, claro. Están recogidas dentro de la ley de vivienda y serían una medida estructural. Nos servirían ahora que estamos en un contexto de inflación muy elevada, pero también nos servirían para reforzar un marco de regulación de los precios de alquiler que no expulse a nadie. Lo que hasta ahora se ha experimentado, sobre todo en las zonas de mercado tensionado, es que la gente no podía llegar a asumir el precio de un alquiler.

placeholder Raquel Sánchez, en su mesa de trabajo del Ministerio de Transportes. (O. C.)
Raquel Sánchez, en su mesa de trabajo del Ministerio de Transportes. (O. C.)

P. ¿Y se plantea algún tipo de iniciativa en la línea de rebajar el IVA o recuperar la desgravación a la compra de vivienda?

R. Nosotros partimos de la base de que el IVA que se aplica a la vivienda es un IVA reducido. Por lo tanto, ya se han incorporado durante estos años medidas que intentan no sumar gravámenes a la producción de la vivienda. Pero en cualquier caso, y ahora que el debate de los impuestos estatales está tan de moda, la verdad es que nuestra formación política, o este Gobierno progresista, no es partidaria de vaciamientos fiscales. Evidentemente, hay que introducir incentivos, y creo que los estamos introduciendo en la línea de lo que comentábamos anteriormente, pero la fiscalidad nos tiene que servir también para redistribuir la riqueza y fortalecernos desde un punto de vista de cohesión social y territorial. Por otra parte, hay impuestos que no son del ministerio, como el ITP [impuesto de transmisiones patrimoniales], que es de las comunidades autónomas, y que tampoco nos consta que, al menos ahora, se esté planteando alguna rebaja. Pero bueno, en fin, siempre puede haber sorpresas por parte de algunas comunidades autónomas.

R. ¿Cómo valora la opción de avalar a los jóvenes en ese 20%-30% de ahorros que necesitan para comprar una vivienda?

R. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos se trabaja con las entidades financieras para analizar medidas que puedan facilitar el acceso a una vivienda en compra. Ahora, por lo que sé, esta no está encima de la mesa, pero se está trabajando y yo creo que también en otras cuestiones y a través del Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras. Desde nuestro ministerio, lo que aplicamos son medidas de ayudas a colectivos específicos para el alquiler. Para la compra, en el Plan Estatal de Vivienda hay una línea específica para que los jóvenes reciban ayudas de hasta 10.000 euros en municipios de menos de 10.000 habitantes, una especie de ayuda a fondo perdido.

Foto: Entrevista a Raquel Sánchez. (O. C.)
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P. Su Gobierno ha conseguido desbloquear la compra de los terrenos de Operación Campamento a Defensa. El anterior Ejecutivo, de Mariano Rajoy, estimó en 300 millones el valor de los suelos. ¿Qué cifra barajan ustedes?

R. La valoración que ha hecho una sociedad independiente de tasación ronda esa cantidad, es una magnitud de ese entorno.

P. En los presupuestos generales de 2023 se recogen 260 millones para Sepes. ¿Ahí está incluida la compra de Campamento?

R. Sí, allí hay una parte. Esos 260 millones se distribuyen entre Son Busquets, que es una operación similar en Palma de Mallorca, y Campamento, y recoge la cantidad necesaria para poder realizar la tramitación.

P. Pero no la compra total.

R. No la compra total. Además, ya hay transferencias hechas a Sepes este año 2022, adicionales a los 260 millones que recibirá en 2023. Lo que es importante es que la cantidad que recibe Sepes la recibe de este ministerio, y que al Ministerio de Defensa se le pagará la cantidad que se haya establecido, ya sea a través de Sepes o a través del ministerio.

La valoración que ha hecho una sociedad independiente de los terrenos de Campamento ronda los 300 millones de euros

P. Y con el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál es la sensación?

R. Bien, bien. Además, yo he tenido la oportunidad de conversar en algún breve encuentro con el alcalde de Madrid y me consta que el ayuntamiento también reconoce la necesidad de desarrollar un sector como ese, que significa abordar el desarrollo sur de Madrid, y con una promoción de 10.700 viviendas, que es muy necesaria en un contexto como el que estamos analizando en este momento, de una necesidad innegable de viviendas.

P. Crea Madrid Nuevo Norte. ¿Qué falta?

R. ¡La de Chamartín! Bueno, la verdad es que ahí estamos avanzando. Tenemos prevista la firma de la primera escritura pública a finales de este año. Nosotros hemos impulsado y desarrollado la parte ferroviaria, la parte que afecta a la estación, y al menos en la parte de Adif sí que hemos avanzado. Respecto a las desafectaciones de los suelos y aprovechamientos a transmitir, buena parte de ellas ya están ultimadas, y en breve plazo está previsto concluir las restantes. Respecto al nuevo centro de negocios que se promoverá, el objetivo es presentar la iniciativa a mitad del año que viene y arrancar las obras a principios de 2025.

En Operación Chamartín, esperamos firmar la primera escritura este año y arrancar las obras del entorno de la estación a principios de 2025

P. En su momento, se dijo que Renfe y Adif llevarían sus sedes al entorno de la nueva estación de Chamartín. ¿Mantiene este plan?

R. En el estudio informativo que teníamos en su día, me consta que se recogía la instalación de esas sedes. Pero, bueno, yo creo que como en cualquier estudio informativo, la definición se hace muy ‘grosso modo’. Ahora se tendrá que entrar a concretar las características en un estudio más específico. Pero sí que es verdad que en el estudio informativo se preveía ya la construcción de esos centros.

P. Pero ¿la voluntad de su Gobierno es mantener la idea de que Renfe y Adif se instalen ahí?

R. La voluntad es esa, sí.

P. Podemos está pidiendo tocar las hipotecas.

R. Trasciende de las competencias de este ministerio. Sabemos que el Ministerio de Asuntos Económicos habla y negocia con las entidades financieras, pero estamos intentando actuar, incidir en las políticas de vivienda y en el mercado a través de los estímulos que antes comentábamos. Todo se puede hablar, todo se puede tratar, pero mantenemos que la aprobación de la ley de vivienda y seguir aplicando el Plan Estatal de Vivienda son medidas de carácter más estructural, que son las que necesita este país. Y, por lo tanto, en eso estamos trabajando.

placeholder La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, durante una entrevista con EC. (O. C.)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, durante una entrevista con EC. (O. C.)

P. En la anterior crisis, el sistema falló: se concedieron hipotecas que jamás deberían haberse dado, se pusieron cláusulas abusivas, no se informó correctamente, se multiplicaron los desahucios..., y aquello derivó en la reforma de la actual ley hipotecaria. ¿Será suficiente para resistir en el nuevo escenario?

R. La ley hipotecaria ha reforzado mucho la información al usuario, se han establecido y clarificado mecanismos para que, por ejemplo, se pueda cambiar un tipo variable a un tipo fijo, las entidades han aceptado mejorar el asesoramiento, y se ha reforzado mucho más el carácter de garantes de los notarios. Pero, además, está la ley de vivienda, que pretende ser una herramienta mucho más estructural para que, en el caso de familias que no pueden pagar el alquiler, el juez, antes de acordar un desahucio, pueda valorar las circunstancias socioeconómicas.

En este momento de la entrevista, Raquel Sánchez se reincorpora, se acerca al borde del sofá, y con voz firme lanza un mensaje donde no cabe un ápice de improvisación y sí mucho de convicción.

R. Por otra parte, y esto también lo quiero poner encima de la mesa, este Gobierno también es sensible a los derechos de los propietarios, a no legitimar el acceso a una vivienda por la fuerza de la patada. Este Gobierno protege al vulnerable y quiere ofrecer una salida al vulnerable, pero también quiere ofrecer protección al propietario y no legitimar las ocupaciones con ‘K’, las okupaciones mafiosas. En ese sentido, hemos introducido una enmienda para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, cuando se demuestre que hay una usurpación o un allanamiento constitutivo de delito, el juez pueda acordar el lanzamiento en 48 horas.

Este Gobierno es sensible a los derechos de los propietarios, a no legitimar el acceso a una vivienda por la fuerza de la patada

P. ¿Qué pasa entonces con el escudo antidesahucios que se aprobó cuando estalló la crisis del covid y que sigue vigente?

R. Lo arrastramos de la pandemia. Es cierto que con el primer paquete de medidas para dar respuesta a la crisis lo mantuvimos y en el segundo plan de respuesta a la guerra lo mantuvimos también, con vigencia hasta el 31 de diciembre. Nuestra intención es que para esa fecha tengamos aprobada la ley de vivienda y podamos tener cubierto ese flanco. Pero, si no llegamos y es necesario prorrogar esa medida, también lo analizaríamos.

P. Insiste mucho en el mensaje de que la ley de vivienda no está bloqueada. Pero, si las fuerzas progresistas a las que apela se mantienen inamovibles en sus posiciones, ¿está dispuesta a dar un paso adelante y aprobar medidas que están en la ley de vivienda por otra vía, como se ha hecho con la okupación?

R. A mí me gustaría quedarme con la esperanza de que tenemos que ser capaces de alcanzar un acuerdo. Pero, evidentemente, hay líneas rojas que vienen determinadas por temas de legalidad, constitucionalidad, respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de protección al derecho a la propiedad. Y eso es así. La propuesta que se hizo obedecía a esos criterios. Seguro que la negociación parlamentaria hace que se incorporen enmiendas positivas. Esto es un juego de aritmética y hay que reunir los votos... Pero, evidentemente, lo que sí que puedo decir es que no nos podemos permitir el riesgo de aprobar una ley que sea inconstitucional, de aprobar una ley que no dé seguridad jurídica, y eso es importantísimo para todos, para los pequeños y grandes propietarios, para los inquilinos... Para todo el mundo. Es muy importante solucionar el problema de la vivienda en nuestro país, pero en un marco que dé seguridad jurídica y que también proteja el derecho a la propiedad. Y eso es incuestionable.

placeholder Raquel Sánchez defiende proteger tanto al inquilino vulnerable como al propietario. (O. C.)
Raquel Sánchez defiende proteger tanto al inquilino vulnerable como al propietario. (O. C.)

P. ¿Cuáles son las líneas rojas?

R. Bueno, las líneas rojas son estas que digo: no podemos saltarnos las competencias de las comunidades autónomas; tenemos que proteger y garantizar el derecho a la propiedad, y también tenemos que ofrecer esa seguridad jurídica. A nosotros, lo que nos corresponde como Estado, como Gobierno, es ofrecer el marco, y el marco debe ofrecer seguridad jurídica, porque sabemos que las políticas de vivienda inciden en sectores económicos importantes, como la construcción y el empleo que se deriva de la construcción.

P. ¿Cómo va el objetivo del Gobierno de promover 100.000 viviendas?

R. Como mínimo.

P. ¿Como mínimo? Si está por ver que lleguemos a 100.000.

R. ¡Pero bueno! De esas 100.000 viviendas, más de 57.000 están ya en proceso, es decir, ya se ha iniciado alguna fase de desarrollo. Es importante entender que esas 100.000 viviendas se nutren de diferentes actuaciones. Por ejemplo, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia [PRTR], las que se ejecutan a través de Sepes, los convenios y acuerdos que hemos alcanzado con las entidades financieras para poner viviendas a disposición de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y luego están aquellas que se acuerdan también con la Sareb, ahora que ha pasado a ser gestionada por el Estado, para poder, en cierta manera, recuperar esa inversión que hicimos entre todos y que se pueda destinar a la construcción de alquiler asequible.

No nos podemos permitir el riesgo de aprobar una ley de vivienda que sea inconstitucional, de aprobar una ley que no dé seguridad jurídica

P. Pero eso sería adicional a las viviendas que va a traspasar Sareb.

R. Sí. De esas viviendas ya hay 9.000 traspasadas. Lo que está haciendo ahora Sareb es ver cómo, a través de los acuerdos que se hagan con comunidades y ayuntamientos, se pueden poner más viviendas a disposición de alquileres sociales. Y otra estrategia es ver cómo podemos movilizar los suelos de Sareb para promover el desarrollo de vivienda asequible, en este caso, en suelos en los que todavía no se ha llegado a construir.

Según los últimos datos del ministerio, facilitados para esta entrevista, a día de hoy se han lanzado 57.812 viviendas, de las cuales, 7.217 corresponden al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; 3.151 a acuerdos ya firmados del PRTR, a los que en breve se incorporarán 82 más; otros 8.592 hogares son actuaciones que las comunidades autónomas han remitido al ministerio para su estudio bajo el marco del PRTR y que deberán suscribir los correspondientes acuerdos antes del 31 de enero de 2023; 17.300 son actuaciones ya adscritas a Sepes; 11.000 viviendas ya habitadas del Fondo Social; otras 9.000 también habitadas de Sareb. y las 1.470 restantes corresponden a convenios firmados con Barcelona (651), su arco metropolitano (327), Sevilla (224), Ibiza (62), Mallorca (177) y Menorca (29).

El Estado ha lanzado ya, a través de diferentes iniciativas, 57.812 viviendas para alquiler asequible del objetivo de 100.000 que se marcó

P. ¿Qué pasa con la posibilidad de traspasar en bloque todas las viviendas de Sareb al ministerio para que sean patrimonio público?

R. Eso es difícil, por no decir imposible, porque nosotros no somos los titulares de la competencia en vivienda. Lo que permite el Plan Estatal de Vivienda es ofrecer las ayudas para que esos convenios se puedan materializar entre la Sareb y las comunidades autónomas. La fórmula de que la Sareb lo haga directamente con el ministerio no es correcta jurídicamente, al menos, eso es lo que se nos ha dicho desde asesoría jurídica. Por eso, nosotros seguimos defendiendo que la Sareb, a través de las líneas del Plan Estatal de Vivienda, pueda acordar con las comunidades y los ayuntamientos esa cesión.

P. ¿Y el fondo de 30.000 viviendas que están negociando con los grandes fondos inmobiliarios?

R. Estamos hablando. Los fondos nos pedían suscribir esos acuerdos directamente con el ministerio. ¿Por qué? Quizá por una cuestión de facilidad en la gestión. Les resulta más fiable hacerlo con el Gobierno que no con 17 comunidades autónomas, que cada una puede tener un criterio. Pero esto es algo que en nuestro marco no podemos hacer. Nosotros estamos abiertos, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, a hablar con cualquier agente del sector que tenga a bien poner a disposición de la ciudadanía viviendas en alquiler asequible. En este caso, lo que pasa es que lo tenemos que canalizar a través del instrumento que nos resulta más sólido jurídicamente, que a día de hoy es el Plan Estatal de Vivienda.

placeholder La ministra Raquel Sánchez, junto a un mapa con todas las líneas ferroviarias del país. (O. C.)
La ministra Raquel Sánchez, junto a un mapa con todas las líneas ferroviarias del país. (O. C.)

P. Comentaba antes el problema de la ocupación con 'K'. ¿Es realmente tan grave o solo en determinadas zonas?

R. Existe ese problema real, y lo digo porque lo he vivido en mi experiencia como alcaldesa. Hay un problema de patada en la puerta, de mafias organizadas que obedecen a un negocio lucrativo y, por lo tanto, una situación de desprotección de los propietarios. Y hablamos de pequeños propietarios que a veces necesitan contar con el alquiler de una vivienda para complementar su pensión o para los gastos extraordinarios que podemos tener todos. Lo que no se puede hacer es dejar a esas personas sin una protección que sea más efectiva. Y esto es algo que nos pedían muchos alcaldes y alcaldesas, que ven cómo en barrios de sus ciudades se producen problemas de inseguridad, porque detrás de la patada en la puerta lo que hay, precisamente, es una mafia.

P. Cataluña, probablemente, es la zona más sensible de España a ese problema.

R. Sí, sí. Y por eso lo digo. ¿Hay un problema real? Sí, hay un problema real. No en todos sitios. Evidentemente, se acusa más en algunas comunidades autónomas. Pero hay que poner una solución, aunque afortunadamente no se produzca por igual en todas partes.

Hay un problema de mafias organizadas que obedecen a un negocio lucrativo y, por tanto, una situación de desprotección de los propietarios

P. Aena, al final, se ha adjudicado al tercer clasificado, P3, por una cifra muy inferior a la inicialmente esperada. ¿Esto podría llegar a afectar a los calendarios de Barcelona-El Prat y de Málaga?

R. Ya se está trabajando en los planeamientos urbanísticos para poder desarrollar esa zona de actividad logística, esa ciudad aeroportuaria en Barcelona y también en Málaga. Evidentemente, estas incertidumbres en las que estamos inmersos muchas veces hacen que no podamos ir al ritmo. Eso nos pasa en el sector público y en el privado también está ocurriendo. Pero seguimos con los trabajos más previos de planeamiento urbanístico, de gestiones urbanísticas, para poder avanzar la implantación de actividades logísticas. Por otra parte, también es verdad que se tendrán que ajustar, se tienen que ajustar, las previsiones que hacen las empresas. Pero yo creo que hay apetito por desarrollar actuaciones tan interesantes como ha sido esa adjudicación en Madrid, y como también lo serán en Barcelona o en Málaga.

Son las seis y media de la tarde del martes, 11 de octubre, cuando Raquel Sánchez (Gavà, Barcelona, 1975) entra con paso firme y una sonrisa al salón anexo a su despacho del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Madrid. Nadie diría que lleva más de 12 horas en pie, ni que acaba de llegar de su tierra natal, Cataluña, adonde ha viajado esta misma mañana para presentar los presupuestos generales de 2023.

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