Podemos presiona al PSOE para topar los nuevos alquileres en la ley de vivienda

La ley de vivienda ha llegado a ser considerada casi una criatura mitológica durante toda la legislatura, la madre de todos los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos, pero los socios del Gobierno esperan hoy que vea la luz en escasas semanas, entre finales de enero y principios de febrero, según fuentes del partido de Ione Belarra. Con las conversaciones abiertas entre los grupos parlamentarios, la negociación bien encaminada y el Congreso listo para acoger trabajos en esta materia en sesiones extraordinarias, los morados presionan a los socialistas para cerrar la puerta a que pequeños y grandes tenedores puedan acogerse a una trampa que hoy entienden que sí permitiría el actual texto.

Podemos quiere introducir cambios a través de una enmienda —hay varias sobre la mesa— para asegurar que la norma cubra también todas y cada una de las viviendas en zonas consideradas de alquiler tensionado, también las que entran por primera vez en el mercado de los arrendamientos, independientemente de si están en manos de pequeños o grandes tenedores. El objetivo es que las restricciones que incluya la futura ley —cuya aplicación estará en manos de las comunidades autónomas— sean aplicables a las viviendas que no están en alquiler actualmente, que deberían estar sujetas al índice de referencia de los precios que incluirá la norma.

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Hoy por hoy, y siempre en las zonas tensionadas, el borrador establece que los grandes tenedores tendrán que reducir los precios a los límites que establezca el índice del Ministerio de Transportes —elaborado y pendiente de actualizar—, mientras que los pequeños deberán congelar los precios de las viviendas en los contratos con nuevos inquilinos (pueden incrementar hasta un 10% los precios si hacen mejoras sustanciales en estas viviendas).

Los morados temen que los propietarios puedan servirse de que no todos los alquileres están regulados para sacar viviendas del mercado y después incorporarlas con una subida de precio, y por eso reclaman actuar también sobre las viviendas que entren por primera vez en el mercado.

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Más allá de las negociaciones entre los grupos, el Ministerio de Transportes es quien ostenta las competencias en materia de vivienda, y hoy por hoy no quiere avanzar su hoja de ruta, tampoco en lo que toca a esta reclamación del socio minoritario del Gobierno. Solo asegura que se sigue conversando "con la mejor disposición a alcanzar acuerdos en los puntos pendientes", con la voluntad de cerrarlos "en las próximas semanas".

Y aunque el PSOE desautorizara públicamente como interlocutor a Unidas Podemos hace meses, el grupo de Podemos, IU y los comunes plantea reclamaciones en sintonía con ERC y Bildu, como la que toca a la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables —que avanza— o la que respecta, precisamente, a la consideración de grandes tenedores.

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Si el texto que surgió del Consejo de Ministros fijaba en 10 viviendas en propiedad el umbral para que un particular sea considerado gran tenedor, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmó este lunes en una entrevista en El Periódico de España que este tope puede rebajarse hasta las cinco viviendas, siempre que la comunidad autónoma en cuestión acredite que se trata de una zona tensionada. Es una de las reclamaciones que ha abanderado Bildu, que desde el principio defendieron Unidas Podemos y hasta la vicepresidenta segunda y líder de este espacio político en el Gobierno, Yolanda Díaz.

La rebaja de los actuales 18 meses a solo seis en la vacatio legis —el periodo que transcurrirá desde la aprobación de la ley hasta que se empiece a aplicar— es otra de las líneas de actuación que perfila el Ejecutivo, y que permitiría que empiece a tener efecto al arranque del último —y breve— curso político de la legislatura, ya en plena precampaña hacia las elecciones generales. PSOE y Podemos asumen que es una norma que tendría efectos reales en los bolsillos de todos los ciudadanos desde su entrada en vigor, y que está entre las leyes más populares de cara a sus respectivos electorados.

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Para Podemos, una fuerza surgida del 15-M, con la lucha por la vivienda y contra los desahucios en su ADN, es una viga maestra de su proyecto político, y en los últimos meses el bloqueo de sus socios le ha generado importantes tensiones. Las cautelas de sus socios y sus apelaciones a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de la norma para justificar lo dilatado de sus tiempos generaron recelos en los morados durante meses, hasta el punto de señalar, en público y en privado, que el PSOE no tenía coraje para actuar con contundencia en materia de vivienda. Hoy, ninguno de los socios duda de que saldrá adelante.

La aprobación de esta ley fue además una de las condiciones de Podemos para apoyar los presupuestos de 2021 y 2022, intentaron que lo fuera también para los de 2023, ante la negativa del PSOE, y hoy es una de las dos prioridades de los morados en la recta final de la legislatura.

La segunda es la derogación parcial de la ley mordaza, que también avanza en el Congreso, y por la que se reunirá la Comisión de Interior en sesión extraordinaria este mismo jueves. Son, además, las dos condiciones que, en julio, los morados ya imponían al PSOE como pasos previos a negociar las cuentas públicas para 2023, aprobadas en diciembre. Los dos socios son conscientes de que tienen que hilar fino, porque la norma será recurrida por la oposición ante los tribunales, pero también saben que tienen que lograr una ley que funcione, y que lo haga antes de la cita con las urnas.