Ofensiva de miles de propietarios contra el Estado por el tope del 2% a los alquileres

Ofensiva de pequeños propietarios contra el tope del 2% al alza de los alquileres. Los asociados de Asval (asociación de propietarios de viviendas en alquiler) han puesto en marcha una estrategia dirigida a presentar miles de reclamaciones a la Administración, exigiéndole la responsabilidad patrimonial por haber prohibido la revisión anual de las rentas conforme al alza del IPC (índice de precios al consumo).

Asval cuenta con casi 6.000 asociados, el 95% de los cuales son pequeños propietarios, y el resto, grandes tenedores como Iante (Ares), Testa o Albirana. La pasada primavera, cuando el Ejecutivo aprobó el tope del 2% al alza del alquiler, la asociación lanzó una consulta a todos sus miembros preguntando si estarían dispuestos a tomar medidas, y un millar respondió afirmativamente.

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Tras analizar jurídicamente la opción de pedir responsabilidad patrimonial como asociación, Asval vio que tenía poco recorrido y que el camino con más posibilidades pasaba por que cada propietario, individualmente, presente un formulario tipo y lo registre en cualquier órgano administrativo del Estado, las comunidades autónomas, entidades locales o correos.

Consciente de que, en muchas ocasiones, los particulares se pierden en la burocracia de la Administración, la estrategia diseñada por Asval pasa por canalizar a través de ella todas las reclamaciones. Es decir, las presenta el pequeño propietario, pero todo el trabajo lo hace la asociación. Por el momento, esta misma semana han celebrado una primera sesión en la que han empezado a preparar las primeras reclamaciones, a la que asistieron 200 pequeños propietarios.

"La base inicial son esos 1.000 propietarios particulares que ya nos dijeron estar dispuestos a tomar medidas", explica la directora general de Asval, María Andreu, "pero nuestra idea es llegar a muchos miles más, tanto dentro de Asval como de fuera, a los que también canalizaremos sus reclamaciones", añade. Esta cifra, además, se irá incrementando por una cuestión de calendario, ya que conforme vayan sumándose meses, el número de afectados será mayor.

Esta medida fue aprobada el pasado marzo, dentro del decreto anticrisis que aprobó el Ejecutivo por el estallido de la guerra en Ucrania. En verano, se prorrogó hasta final de año, y hace una semana el Gobierno pactó con Bildu extenderla al próximo ejercicio. Pero, para que pueda reclamarse una pérdida patrimonial, se necesita que la revisión del alquiler haya sido en los últimos siete meses, que son los obligados, por el momento, al tope del 2%.

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"No queremos que el inquilino pague más, pero nuestros asociados se lamentan del agravio comparativo frente a otros sectores, como el petrolero o el gasístico, donde es el Estado quien está afrontando el escudo social con la bonificación de 20 céntimos a la gasolina o la tarifa regulada. Pero en el alquiler, se está obligando al propietario a que asuma él el coste. Si el Estado ha sacado estas medidas, debe dotarlas presupuestariamente y dar una compensación", explica Andreu.

Asval estima que, de media, cada pequeño propietario tiene derecho a reclamar al Estado unos 1.000 euros. Y como ejemplo del daño que se está causando a algunas personas, cita el caso de una chica de Vitoria que, por un traslado profesional a otra ciudad, puso en alquiler su vivienda en la capital alavesa: ahora la hipoteca le ha subido 100 euros y el alquiler solo ha podido incrementarlo en 20 euros, cuando ella cuenta con esa renta para pagar el préstamo.