Inquiokupación: cuando el sistema utiliza al pequeño propietario como escudo social

Paloma tenía 16 años cuando empezó a trabajar en unos grandes almacenes y hoy vive de una pensión. Yolanda tiene tres trabajos para poder llegar a fin de mes y sacar adelante a sus tres hijos. Félix es vigilante de seguridad con turnos de 12 horas y su mujer, Gema, trabaja en Mercamadrid. Los tres son víctimas de inquiokupación.

Desde el estallido de la pandemia y la promulgación del real decreto que prohibió los desahucios, se ha disparado el número de inquilinos que ha dejado de pagar el alquiler, un fenómeno bautizado como inquiokupación. "Nosotros somos el escudo social del Gobierno", denuncia Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación.

Sus 2.500 miembros son todos pequeños propietarios, dueños de una o dos viviendas, que empezaron a organizarse al principio de la pandemia, cuando se vieron sin casas, sin ingresos y con la obligación de pagar los impuestos ligados a la vivienda. "Para eso sí somos propietarios", se lamenta María Luisa, comercial de seguros autónoma y víctima también de inquiokupación. "La ley me ha metido en la ruina", dice.

Hace tres años, se divorció y se quedó el piso de Carabanchel Alto que había comprado recién casada —"cuando los tipos estaban al 14%", recuerda— y donde nacieron sus dos hijos. Como tantas historias corrientes, al aumentar la familia, se mudó a una casa más grande, y el alquiler de la primera vivienda ayudaba a pagar la nueva hipoteca. "Tras divorciarme, en 2019, dije a la inquilina que necesitaba el piso para vivir yo y que le daba un año para que encontrara algo".

"A mi inquiokupa, servicios sociales le reconoció la vulnerabilidad en dos días, yo he tardado más de dos años en conseguirlo"

Pero en marzo estallaron la pandemia y su pesadilla. La inquilina dejó de pagar, se declaró vulnerable y, aunque el juez decretó darle una solución habitacional, "servicios sociales no hizo nada". María Luisa ha tenido que irse a vivir a casa de una amiga (sus hijos rondan los 30 años y están con el padre) y, aunque trabajaba de comercial, sus ingresos se desplomaron por la pandemia. "A mi inquiokupa, servicios sociales le reconoció la vulnerabilidad en dos días, yo he tardado más de dos años en conseguirlo", se lamenta.

La inquiokupación es la cara más vulnerable y olvidada del problema de la okupación. Vulnerable, porque se ceba con los barrios más pobres y, por tanto, sus víctimas son trabajadores de la calle que distan mucho de parecerse a un especulador asentado en montañas de billetes verdes. Olvidado, porque todo el sistema mira para otro lado, pasándose la pelota de una Administración a otra, de un ministerio a otro, de un partido político a otro.

"Nos hemos reunido con distintos grupos políticos de diferentes ayuntamientos, asambleas, Senado, Congreso... Hemos solicitado reuniones con el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, y nunca nos ha recibido, y lo mismo con la ministra, Raquel Sánchez, para explicarles el desamparo que sufrimos las víctimas de la okupación", explica Ricardo Bravo. Desde el Ministerio de Transportes explican que siempre se les dice que deben dirigirse a Justicia e Interior, porque su problema corresponde a la Ley de Enjuiciamiento, aunque reconocen que se ven afectados por la "medida coyuntural" del escudo social que prohíbe desahuciar a vulnerables.

Yolanda, cuyo caso es una enciclopedia de los fallos del sistema, pone el acento en los servicios sociales y en su obligación de acreditar bien la vulnerabilidad. En 2002, junto a su marido, compró una vivienda en Villaverde con una hipoteca a 30 años. En 2016, tras nacer su tercer hijo, se mudaron a una casa más grande y alquilaron esta. Durante tres años todo fue bien, hasta que en mayo de 2019 la inquilina empezó a dejar de pagar. Yolanda interpuso una denuncia a finales de ese año, se fijó fecha de juicio para marzo de 2020 y todo se paró por el estado de alarma. Nueva fecha de juicio para enero de 2021, Yolanda gana, pero, en el periodo de alegaciones, su inquilina va a servicios sociales y la declaran vulnerable.

"Presenté una protesta en servicios sociales y un año después un nuevo informe le quitó la declaración de vulnerabilidad", explica Yolanda, mientras enseña documentación que acredita que su inquilina ha rechazado varias alternativas habitacionales y que servicios sociales, ante esta falta de colaboración, reconoce "no poder valorar situación de vulnerabilidad alguna". A pesar de ello, sigue siendo considerada vulnerable porque "tengo un juez que no quiere leer este nuevo adjunto, que le retiraría la vulnerabilidad y me permitiría recuperar mi vivienda", se lamenta Yolanda. En cambio, la Comunidad de Madrid sí se ha acogido a este segundo informe para no pagar la compensación de 8.857,33 euros que había reconocido a Yolanda por tener en su vivienda un vulnerable acogido al escudo social.

El real decreto de compensaciones que se aprobó en junio de 2021 permite a las comunidades autónomas disponer de dinero del Plan Estatal de Vivienda para pagar indemnizaciones a los propietarios cuya vivienda está siendo habitada por un vulnerable acogido al escudo social. Este dinero contempla tanto el pago de suministros como del alquiler, pero se queda en papel mojado. "Las comunidades dicen que el Plan de Vivienda no tiene tantos recursos para pagar tantas indemnizaciones. Se ha aceptado, pero no se ha dado ni un duro. El Gobierno ha hecho un poco la trampa derivando a las comunidades esta responsabilidad", denuncia Bravo.

Según datos del Ministerio del Interior, las cifras de okupación en España se han disparado un 350% en la última década, al pasar el número de casos denunciados por las fuerzas de seguridad de 3.849 a 17.274. Casi la mitad de todos estos casos se concentran en Cataluña, donde el número de okupaciones se han multiplicado por cinco en la última década, al pasar de 1.336 a 7.345. Pero, la inquiokupación queda fuera de estas métricas, está en tierra de nadie. O, mejor dicho, en tierra de humildes.

La plataforma de big data inmobiliario de Brainsre analiza el riesgo de okupación, a raíz de una serie de indicadores públicos y propios, específicos de okupación del ministerio y variables socioeconómicas. Con todos estos datos, elabora un índice con una escala de uno al cinco, en el que un número más alto es una mayor probabilidad de que un inmueble sea okupado. En general, Madrid tiene un número de uno, pero hay tres distritos, de un total de 21, en el que la tasa sube a dos: Villaverde, Puente de Vallecas y Usera. Precisamente, donde se concentran numerosos afectados por la inquiokupación que han decidido unirse a la plataforma.

Dentro de estos tres distritos, los datos facilitados por Brainsre muestran cómo el problema se multiplican en una serie de manzanas, donde la tasa sube a tres e, incluso, hay algunas secciones censales que llegan hasta el cuatro. Por ejemplo, algunas concentraciones de calles en San Cristóbal de los Ángeles o en Pan Bendito. Dentro de M-30, es muy difícil encontrar secciones que superen el uno, aunque hay pequeños focos de dos y tres en los alrededores de metro Alvarado y en Lavapiés.

Félix y Gema viven en Usera y, precisamente, ante el riesgo de que les okuparan su piso, optaron por alquilarlo. Ella lo compró estando soltera y, cuando se fue a vivir con su marido, prefirió dejarlo vacío para, por si acaso le iba mal, tener un hogar al que volver. Pero la pareja funcionó y un amigo del gimnasio de Félix les recomendó a un conocido de su mujer, cocinero en la Plaza Mayor, para alquilárselo. Un mes antes del confinamiento le despidieron y en marzo de 2020 empezó a impagar.

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Tras cinco meses en esta situación, Gema inició el proceso para poder instar el desahucio, mientras en paralelo propuso a su inquilino condonarle gran parte de la deuda si dejaba la casa en un mes. Ofertas que rechazó. En octubre de 2021 se señaló fecha de juicio, pero, cuatro horas antes de celebrarse, su abogado avisó a Félix de que se suspendía porque el juzgado no había notificado a la otra parte. "El 6 de septiembre de 2022 se retoma la fecha de juicio, pero tampoco se celebró porque el juzgado dio por hecho que no iba a ir y se estableció el desalojo para el 6 de octubre", recuerda Félix.

Otra vez, en el último momento se echó todo para atrás. En esta ocasión, el motivo fue que no se podía llevar a cabo el desalojo porque no había personal suficiente para llevar a cabo la comisión judicial. Se propuso el 26 de octubre como nueva fecha y, cuando subieron a la casa, abrió una señora con un niño de dos meses y vieron que estaban viviendo otras seis personas más, a las que tenía alquiladas las habitaciones. En total, siete personas, incluidos dos niños y un bebé, en un piso de 65 metros cuadrados.

Ninguna de ellas era su inquilino. "La mujer que abrió la puerta dijo que era su pareja y que el bebé de dos meses era de él", recuerda Félix, quien en aquel momento asegura que se enteró de que el único titular del contrato de alquiler, el cocinero de la Plaza Mayor al que había arrendado su casa, estaba en la cárcel. Al haber realquilados, a los que supuestamente se había engañado, tampoco se pudo llevar a cabo el desalojo, y se les dio 10 días para buscarse una alternativa. "Se meten en tu coche y puedes sacarlos, pero en tu casa no", se lamenta Félix.

A pesar de tanto calvario, su historia ha tenido final feliz. Hace dos días, este lunes 7 de noviembre, al tercer intento, Félix pudo recuperar su vivienda, en buen estado, después de dos años y medio con inquiokupas, una deuda de 24.000 euros y muchas noches sin dormir. "La palabra clave sería la indefensión y el desamparo. La propiedad privada es un derecho, hasta que te lo okupan", concluye.