El Gobierno pone en cuarentena el decreto antidesahucios tras la presión de los fondos

El Gobierno ha decidido meter en el cajón el decreto antidesahucios preparado por el anterior titular de Transportes, José Luis Ábalos, para paralizar los lanzamientos de familias vulnerables sin alternativa de realojamiento hasta que se aprobase una ley de vivienda. En el departamento que ahora dirige Raquel Sánchez, explican que "se están estudiando alternativas", mientras que desde el sector de Unidas Podemos en el Gobierno dirigen sus miradas a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por haber mantenido posiciones menos laxas con las moratorias en los desahucios e intentar "cortocircuitar" cuestiones como la regulación de los alquileres.

La decisión de poner en cuarentena el decreto antidesahucios, que como adelantó este diario estaba ya perfilado para llevar al Consejo de Ministros a finales de este mes como norma propia o incluida en un decreto escoba, coincide con las presiones que los grandes fondos de inversión norteamericanos han trasladado personalmente a Pedro Sánchez en materia de regulación del mercado inmobiliario. Cuestiones que van desde la regulación de alquileres hasta la normativa sobre los desahucios preocupan a los fondos, y así se lo hicieron saber a Sánchez durante las reuniones que el jefe del Ejecutivo ha mantenido este miércoles en Nueva York con los principales actores norteamericanos con el objetivo de captar hasta 2.000 millones de euros en inversiones.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno aprobará una norma para paralizar los desahucios de forma indefinida

Iván Gil

Para algunos de estos fondos, que se sitúan entre los principales propietarios de viviendas destinadas al alquiler, como es el caso de Blackstone, el endurecimiento en los procesos de desahucio no casa con que “España es en estos momentos uno de los lugares más atractivos de Europa para invertir”, uno de los eslóganes de la minigira de Sánchez por EEUU. Otra de las cuestiones sobre las que mostraron objeciones en sus reuniones con el presidente Sánchez fue la reforma laboral prevista para antes de final de año, y sobre cuyos planteamientos iniciales la patronal también ha mostrado una "oposición frontal".

Sin referirse directamente a las presiones ni aludir a Sánchez, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en la coalición, Yolanda Díaz, lanzaba este jueves el mensaje de que "los fondos están para ganar dinero, pero los gobernantes progresistas deben mejorar la vida de la gente". Acto seguido, añadía con cierta ironía respecto a las reuniones entre los directivos de los fondos y el presidente del Gobierno: "Supongo que habrán conversado de impuestos. Es interesante conocer su posición sobre la política de ingresos. Esto es lo único interesante de esa visita a un gran fondo, por muy presente que esté en nuestro país".

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa modifica el decreto de desahucios para evitar demandas por daño patrimonial

Iván Gil

Casi de forma paralela a estas declaraciones, en el marco de un curso de verano universitario en El Escorial, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco reconocía en el Congreso las dificultades para sacar adelante la regulación de alquileres en el corto plazo. Pese a que se comprometió llevarla al Consejo de Ministros en el mes de marzo, Franco explicaba: "No os voy a decir que la podamos tener antes de que acabe el año porque está siendo una pelea muy, muy complicada, realmente muy difícil". Con todo, los morados todavía no se han reunido con la nueva titular de Transportes para retomar las negociaciones sobre la ley de vivienda.

El decreto antidesahucios que había preparado el Ministerio de Transportes tenía como principal objetivo dar cobertura desde que expirase la prórroga de la moratoria por la pandemia el próximo 9 de agosto y hasta que se aprobase la futura ley de vivienda. La anterior extensión de la moratoria se decretó al margen de que hubiese o no estado de alarma, lo que ya generó suspicacias en el seno del Gobierno al tratarse de una medida del escudo social vinculada a la situación de excepcionalidad. Ahora, y ante el repunte de contagios, Unidas Podemos reclama que se sigan produciendo moratorias, mientras que los ministerios económicos, que tras la remodelación del Ejecutivo salieron reforzados, son menos proclives.

TE PUEDE INTERESAR

El decreto antidesahucios obligará a las CCAA a ofrecer una alternativa de realojo

Iván Gil

En el departamento de Transportes, explican que "no se descarta nada" a la espera de zanjar este debate. Los socios en el Congreso del Ejecutivo ya presionaron para extender la prórroga en los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y precisamente el decreto preparado por Ábalos fue un compromiso adquirido con ERC, al igual que el que no se solicitase la suspensión de la ley catalana de vivienda en el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El texto planteado recogía "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda" y preveía dar un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad de las familias en proceso de lanzamiento y ofrecer soluciones habitacionales si el propietario era persona física y tres meses si era jurídica. Se pretendía también introducir en el procedimiento "criterios objetivos" con el fin de determinar las situaciones de vulnerabilidad económica. Todo ello, "con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento, e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta".

TE PUEDE INTERESAR

El matiz en la ley antideshaucios que da cobertura a los okupas en caso de delito

E.S.

El actual decreto en vigor, por su parte, obliga a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar el realojo de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. Precisa asimismo que este realojamiento deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedan excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. Hasta que no se garantice este realojo por parte de las administraciones autonómicas, no pueden efectuarse los lanzamientos.

La norma establece compensaciones económicas para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la Administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad. Compensaciones que se abonan únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tengan viviendas vacías. Mientras se estudian "alternativas" y se dirime el debate interno, queda en el aire el mantenimiento o no de esta pata del escudo social por la pandemia. "Hay que esperar", concluye una fuente del Ejecutivo.