PSOE y Podemos se atrincheran para negociar los alquileres: "No habrá más ofertas"

La futura ley de vivienda se encuentra encallada por las diferencias respecto a los mecanismos para la regulación de alquileres. La parte socialista del Gobierno apuesta por congelar precios en las zonas consideradas tensionadas, de forma reversible, mientras que desde la parte morada exigen que también se faciliten eventuales bajadas de precios, como recoge el acuerdo firmado entre los socios para pactar el proyecto de Presupuestos. Ambas partes han ido cediendo en sus posiciones, pero han llegado a un punto en el que unos y otros aseguran que no están dispuestos a moverse más.

Desde el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos trasladan que no harán más ofertas después de aceptar la congelación de precios que en un principio rechazaban. Asimismo, fuentes cercanas a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, concluyen por su parte que sin bajadas de precios no habrá acuerdo, argumentando que ya cedieron en cuestiones como los incentivos fiscales a los propietarios. Entienden que, con los precios actuales en determinadas zonas, la congelación no sería suficiente en estos momentos para facilitar el acceso a la vivienda.

Las negociaciones han entrado así en un punto muerto en el que las líneas rojas de ambas partes mantienen parado el desarrollo de una ley que se comprometió llevar al Consejo de Ministros en el mes de febrero. Más de cuatro meses después fuera de plazo, se ha avanzado en diferentes cuestiones de la norma relacionadas con los desahucios, las gravaciones fiscales a las viviendas vacías para fomentar su salida al mercado o la vivienda social, pero sin lograr cerrar un texto consensuado. El principal choque siempre se centró en materia de alquileres. En este contexto, ni desde el PSOE ni desde Unidas Podemos son optimistas con que se pueda desbloquear antes de verano la que se anunció como una medida estrella en el programa del Gobierno de coalición.

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"La última oferta" del PSOE es la misma que se hizo hace ya casi dos meses, pero que no se oficializó hasta después de que Ione Belarra fuese elegida como secretaria general de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias. La principal novedad en este último texto es que se obliga a los propietarios de las zonas tensionadas a que, cuando finalice el contrato del alquiler, no se pueda subir la renta. Tampoco a los nuevos inquilinos, que tendrían las mismas condiciones. A esta suerte de prórroga podría acogerse el arrendatario de forma anual y por un periodo máximo de tres años. Todo ello combinado con incentivos fiscales a los que se resistían desde Unidas Podemos, considerando que esto suponía subvencionar con recursos públicos a grandes especuladores, pero que finalmente han aceptado.

Los socialistas defienden que la aplicación simultánea de este mecanismo, junto con los estímulos fiscales, "deben conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo durante la duración de la declaración de área tensionada, junto con el estímulo a medio plazo favoreciendo nuevos contratos con condiciones favorables para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado".

Para el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo, esta propuesta "no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, y que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios". Si bien siguen buscando un acuerdo para "antes de agosto", sostienen que no se moverán de su objetivo, que pasa por dar cumplimiento al punto del acuerdo en el que se recoge, textualmente, que "en estas zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes".

El Ministerio de Transportes defiende por su parte que los mecanismos fiscales que han diseñado supondrían no solo contención de precios, sino también "bajada". Algo a lo que desde Unidas Podemos responden con su negativa porque se trataría de mecanismos voluntarios. Concretamente, se propone establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50% del IRPF y que podría llegar hasta el 90%. Una modulación que dependerá de diferentes criterios, como el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas, destinadas a menores de 35 años, con contratos de larga duración, que salgan al mercado o en las que se reduzca más de un 10% la renta.

Entre las partes de la futura norma en las que sí se han producido avances destaca la penalización de la vivienda vacía. Para ello se establecerán recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". Por otro lado, hay consenso para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables que sean desahuciadas, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se pretenden introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica.