Sánchez anuncia la extensión de la moratoria de desahucios y alquileres hasta el 9 de agosto
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Sánchez anuncia la extensión de la moratoria de desahucios y alquileres hasta el 9 de agosto

La extensión de esta parte del escudo social quedará por tanto blindada al margen de que se levante o no el actual estado de alarma

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE)

El Gobierno prorrogará parte del escudo social hasta mediados de agosto. Concretamente, la moratoria en los desahucios y los contratos de alquiler, cuya actual prórroga finalizaba este próximo 9 de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia esta mañana en el Congreso para dar cuenta tanto sobre el estado de alarma como del plan de recuperación vinculado a los fondos europeos. La extensión de esta parte del escudo social quedará por tanto blindada al margen de que se levante o no el actual estado de alarma, si bien la intención del Ejecutivo es que finalice el 9 de mayo.

La intención pasa por establecer una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, pudiéndose solicitar una extensión extraordinaria del contrato por un periodo de cuatro meses, con las mismas condiciones que las actuales. A falta de que se concrete en un nuevo decreto, la prórroga actual también ampliaba el plazo de petición de la moratoria arrendaticia, pero para el caso de grandes tenedores o empresas públicas. En este caso, se puede requerir durante el mismo periodo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

El decreto antidesahucios también incluyó una disposición adicional para prohibir los cortes de suministros básicos, que se extienden tanto a la luz como al agua y al gas natural "para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social". Si bien el presidente del Gobierno no hizo referencia expresa durante su intervención a esta cuestión, sí generalizó que "el Gobierno va a ampliar tres meses todas las medidas de los decretos de desahucios y contratos del alquiler de vivienda" y que se hará "en los mismos términos y condiciones".

Desde Unidas Podemos, concretamente desde el ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, se había propuesto una ampliación hasta el 31 de diciembre de estas moratorias o, al menos hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con la de los ERTE, para evitar que coincidiese su finalización en plenas vacaciones.

Esta medida de ampliación del escudo social se aplica tanto a los titulares del contrato como a aquellas personas que no puedan acreditarlo

Esta medida de ampliación del escudo social por la pandemia del coronavirus se aplica actualmente tanto a los titulares del contrato como a aquellas personas que no puedan acreditarlo, pero que reúnan dichas condiciones. El texto incorporó compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El objetivo de la moratoria de tres meses es ampliar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con la novedad de que obliga a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo. Un realojo en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedan excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. Por otra parte, para la realización de los lanzamientos se hace obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deben solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.

Retraso en la ley de vivienda

La decisión de prorrogar las medidas de los decretos concernientes a desahucios y alquileres está vinculada al retraso en las negociaciones para aprobar la futura ley de vivienda. Se garantiza así una protección a las familias vulnerables mientras se sigue desarrollando el texto de la nueva norma, que, además de regular los alquileres, tiene otro de sus objetivos principales en dotar de alternativas habitacionales a las familias vulnerables que sean desahuciadas.

En materia de desahucios, socialistas y morados también siguen acercando posiciones y este mismo miércoles se celebrará una reunión con el Ministerio de Justicia para acabar de pulir la propuesta. Desde los equipos negociadores, que lideran el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la exsecretaria de Estado de Agenda 2030 y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coinciden en resaltar que se están produciendo avances. La intención pasa por dar alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo".

Para ello, se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.

Este mismo martes, los equipos negociadores han llegado a un principio de acuerdo para movilizar las viviendas vacías a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrán aplicar a su potestad. Los morados abogaban por un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico, pero finalmente han cedido a la propuesta del PSOE a falta de concretar la cuantía del citado recargo, un aspecto que se acabará de negociar con el Ministerio de Hacienda.

Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora se propone una "definición clara" para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del impuesto sobre bienes inmuebles "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

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