El decreto antidesahucios obligará a las CCAA a ofrecer una alternativa de realojo

Los socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo para el decreto antidesahucios que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días. La medida estará en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma y beneficiará a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. La principal es que el decreto obligará a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de ofrecer esta alternativa habitacional. Deberá tratarse de una vivienda digna, por lo que no podrán realojarse por ejemplo en albergues o centros de acogida.

Hasta que no se garantice este realojo por parte de las administraciones autonómicas, no podrán efectuarse los lanzamientos, según el borrador del decreto. Para la realización de los lanzamientos será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, que será de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.

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El acuerdo que han alcanzado la vicepresidencia segunda del Gobierno, que dirige Pablo Iglesias, y el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al frente del cual está José Luis Ábalos, con competencias en materia de vivienda, incluye también a familias consideradas "en precario" que residan de forma irregular en viviendas de grandes tenedores. Esto es, propietarios con más de una decena de viviendas. En este caso, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

Este mismo miércoles, los tres grupos firmantes de la enmienda a los Presupuestos relativa a la paralización de los desahucios retiraron sus firmas del texto, por lo que no se votó en el pleno, precisamente para "facilitar" la negociación en el seno del Gobierno. Lo hicieron después de que PSOE y Unidas Podemos llegasen a un acuerdo para desarrollar esta medida a través de un decreto para ampliar el denominado escudo social, paralizando los desahucios sin alternativa para el realojo de todas las personas vulnerables, al menos hasta que finalice el estado de alarma el próximo mes de mayo.

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El vicepresidente segundo ya había avanzado que el decreto estaría listo en un plazo máximo de dos semana durante una comparecencia en el Congreso el pasado jueves, en el seno de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según explicó Iglesias, las negociaciones entre su departamento y el de Transportes evolucionaban con el objetivo de sacar adelante esta medida "en los próximos días, no más de dos semanas".

Cortes de suministros

El Gobierno también tiene la intención de prohibir el corte de todos los suministros básicos a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida se incluirá en la ampliación del escudo social decretado durante el estado de alarma, que se prolongará hasta el mes de mayo, al igual que la paralización de los desahucios sin alternativa para el realojo. Así lo avanzó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aunque sin precisar si la paralización de los desahucios y los cortes de suministros se incluirán en el mismo decreto o en dos diferentes. Finalmente, esta medida no se incluyó en el decreto antidesahucios, por lo que se desarrollaría en un decreto aparte.

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La prohibición de los cortes de luz, agua y gas es una exigencia que los morados volvieron a poner sobre la mesa y así plantearon en las negociaciones para el decreto que modificará uno anterior relativo al escudo social durante el estado de alarma. "No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna, los suministros tienen que estar garantizados", explicaban fuentes de la formación cuando intentaron sin éxito ampliar el escudo social en el seno del Ejecutivo. Ahora entienden que esta medida es innegociable, apoyándose en la llegada del invierno y el nuevo estado de alarma de seis meses.