El Gobierno permitirá gravar la vivienda vacía con un recargo de hasta el 50% del IBI

PSOE y Unidas Podemos siguen alejados en los mecanismos para regular los alquileres, pero van acercando posiciones en otras de las medidas que incluirá la futura ley de vivienda. Este mismo martes, los equipos negociadores han llegado a un principio de acuerdo para movilizar las viviendas vacías a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrán aplicar a su potestad. Los morados abogaban por un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico, pero finalmente han cedido a la propuesta del PSOE a falta de concretar la cuantía del citado recargo, un aspecto que se acabará de negociar con el ministerio de Hacienda.

Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora se propone una "definición clara" para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

Al precisarse el concepto y características de una vivienda vacía en la legislación estatal se evitará que los tribunales no tumben, como hasta ahora, el intento de algunas entidades locales a la hora de poner en práctica este recargo. La propia jurisprudencia da cuenta de la necesidad de regular esta cuestión con una norma estatal.

El texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales se refiere genéricamente a "inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente". Y según recoge el artículo 72 del texto refundido de la ley, "los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto" y, dentro de este límite, "determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del periodo de desocupación del inmueble".

La última propuesta que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado a la mesa de negociación con Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda pasa por blindar el porcentaje mínimo de viviendas destinadas al "alquiler a precio limitado" tanto en las nuevas promociones de vivienda como en las actuaciones de reforma o de renovación urbanística. Concretamente, el departamento liderado por el ministro José Luis Ábalos propone modificar la legislación sobre ordenación territorial o urbanística para que, según el texto de la propuesta, "se establezca un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público".

En territorios como Madrid es obligatorio que el 50% de todos los nuevos desarrollos tenga algún tipo de protección, por lo que se blindaría que una de cada cuatro viviendas se destinasen al alquiler social o a "precio limitado". Según aclaran fuentes cercanas al ministerio de Transporte, se trata de que en los suelos que tienen tanto comunidades como ayuntamientos de reserva para viviendas de protección, que al menos el 50% de las viviendas que se construyan sean de alquiler protegido.

Desde Unidas Podemos, empujan para sacar al mercado, en régimen de alquiler social, el mayor volumen posible de las viviendas de la Sareb. Insisten también sobre la necesidad de "obligar" a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social.

Desahucios

En materia de desahucios, socialistas y morados también siguen acercando posiciones y este mismo miércoles se celebrará una reunión con el ministerio de Justicia para acabar de pulir la propuesta. Desde los equipos negociadores, que lideran el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la exsecretaria de Estado de Agenda 2030 y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, coinciden en resaltar que se están produciendo avances. La intención pasa por dar alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo".

Para ello, se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.