El PSOE propone destinar el 50% del suelo público para alquiler social
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NEGOCIACIÓN SOBRE LA LEY DE VIVIENDA

El PSOE propone destinar el 50% del suelo público para alquiler social

Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del hasta el 50% de IBI a las viviendas desocupadas "más de dos años" y "con un mínimo de cuatro viviendas por propietario"

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Ábalos firma en ibiza varios acuerdos con administraciones para fomentar el alquiler asequible

El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado a la mesa de negociación con Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda una propuesta para blindar el porcentaje mínimo de viviendas destinadas al "alquiler a precio limitado" tanto en las nuevas promociones de vivienda como en las actuaciones de reforma o de renovación urbanística. Concretamente, el departamento liderado por el ministro José Luis Ábalos propone modificar la legislación sobre ordenación territorial o urbanística para que, según el texto de la propuesta, "se establezca un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público".

En territorios como Madrid es obligatorio que el 50% de todos los nuevos desarrollos tenga algún tipo de protección, por lo que se blindaría que una de cada cuatro viviendas se destinasen al alquiler social o a "precio limitado". Según aclaran fuentes cercanas al ministerio de Transporte, se trata de que en los suelos que tienen tanto comunidades como ayuntamientos de reserva para viviendas de protección, que al menos el 50% de las viviendas que se construyan sean de alquiler protegido.

Socialistas y morados siguen avanzando en el desarrollo de la nueva ley, aunque están lejos de un acuerdo en materia de vivienda debido principalmente a las diferentes sobre regulación de alquileres. La otra propuesta que llevado este lunes el PSOE a la mesa de negociación, que lideran el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, tiene que ver con la movilización de vivienda vacía. Los socialistas plantean hacerlo a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad. Desde la parte negociadora de Unidas Podemos insisten sobre la necesidad de "obligar" a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social.

Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora se propone una "definición clara" para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". La propuesta de Unidas Podemos pasa por "un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico".

Los socialistas están dispuestos a explorar diversas fórmulas de cara a incluir en la futura ley de vivienda, pero sin renunciar a las bonificaciones fiscales que consideran un instrumento necesario para alcanzar los objetivos marcados en la norma. En lo relativo a los alquileres, la propuesta del Ministerio de Transportes, que ha sido coordinada con el Ministerio de Hacienda, se sostiene sobre la base de que una mejora de la regulación del IRPF "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles".

Para ello se propone establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable. En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70% por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado.

Las reducciones serían de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico. En el caso de un alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida), la rebaja será del 60%, como en la actualidad, así como para el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. De no incluirse el alquiler en ninguno de estos supuestos, el IRPF será del 50%, la base que se impondría en nueva normativa de vivienda.

El socio minoritario del Ejecutivo considera que, con estos mecanismos, los fondos de inversión "podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora" y que la medida "no solo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas". Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) se ha apuntado igualmente que esta vía "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas" de reducir las rentas debido a que seguiría siendo más rentable para los arrendadores mantener los precios que acogerse a los incentivos.

En materia de desahucios, un aspecto de la futura ley en el que más coincidencias hay entre los socios de Gobierno, se propone dar alternativa habituacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello se pretende 'ntroducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.

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