Sánchez cierra el plan de recuperación sin contar ni con la oposición ni con sus socios

Las reiteradas apelaciones al consenso y el ánimo de concertación con que se intentó elaborar el plan para la reconstrucción social y económica tras la primera ola de la pandemia han ido decayendo hasta acabar por desaparecer. Tanto es así que se ha llegado al punto de que el Gobierno está cerrando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculado a los 140.000 millones de fondos europeos, de espaldas no solo a la oposición, sino también a sus socios parlamentarios y, al menos en materia de pensiones, del socio minoritario en el Ejecutivo de coalición. Los agentes sociales, principalmente los sindicatos, ya han dado la voz de alarma. La única excepción ha sido el PNV, que durante las últimas semanas sí ha intercambiado informes con el Gobierno.

Ni desde Presidencia, ni desde el Gobierno ni desde los grupos parlamentarios que sostienen la coalición se ha informado —ni mucho menos negociado— con los representantes del poder legislativo. A pesar del interés expresado, se les ha mantenido al margen del contenido de las 212 medidas, entre reformas e inversiones, del proyecto que Pedro Sánchez definía este martes como "el más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España". El mapa económico sobre el que transitará el futuro del país, añadía este martes durante una comparecencia desde Moncloa, así como el mayor plan de "modernización y transformación" desde la entrada de España en la UE.

A pesar de la importancia que se otorga al plan de reformas y el paquete de inversiones durante el trienio 2021-2023, que ascenderá a 70.000 millones, el Congreso no conocerá hasta este miércoles sus principales líneas maestras. El presidente del Gobierno comparecerá en el pleno de la Cámara Baja para dar cuenta de un plan que ya se validó en la comisión interministerial celebrada ayer para aprobarlo definitivamente en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Con todo, el contenido concreto de las reformas que se negocian con Bruselas no se remitirá a la Comisión Europea hasta finales de mes.

Fuentes cercanas a la dirección de uno de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, primero, y los Presupuestos Generales del Estado, después, llaman la atención sobre la "absoluta" falta de interlocución con el Ejecutivo. Máxime en cuestiones tan relevantes como el plan de recuperación. Además, estas mismas fuentes recuerdan que cuando se pactó el decreto del segundo estado de alarma se llegó a un acuerdo para que se informase previamente a los socios sobre las cuestiones importantes.

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Desde el bloque de investidura, echan también en falta la presencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo, porque este era el enlace al que acudían cuando no fluía la comunicación con Moncloa. Desde el relevo del liderazgo en el sector de Unidas Podemos en el Gobierno, este canal informal habría desaparecido.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, tiene previsto reunirse con los líderes de estos partidos, pero de momento lo ha hecho solo con los nacionalistas vascos. Según fuentes de estos últimos, en el encuentro celebrado en Sabin Etxea con el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, y el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se abordaron "las reformas que van a ser necesarias para afrontar la salida de la crisis causada por la pandemia del covid-19 y para generar empleo de calidad y para la juventud". Díaz volvió bajo el brazo con la predisposición del PNV para modificar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral", uno de los vectores del plan de recuperación.

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Si Sánchez calificaba este martes el plan de recuperación como "abierto y participativo", al mismo tiempo que demandaba de todos los actores sociales y políticos que "lo hagan suyo", la adhesión de los grupos parlamentarios a las reformas que acompañan el plan no está para nada garantizada. El decreto de los fondos europeos ya salió adelante por la mínima, gracias a la sorpresiva abstención de Vox, y sin el respaldo de la mayoría del bloque de investidura. Igualmente tampoco está garantizado el apoyo de los agentes sociales. Con ellos se reunirá este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para trasladarles las líneas principales del plan y tratar de aplacar sus resistencias.

Desde Unidas Podemos, ya afearon en la comisión del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones que prepara el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para equiparar la edad efectiva con la edad legal de jubilación "a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas". Una medida que califican de "recorte" y que incluso avanzaron que solo saldría adelante con el apoyo del PP, porque no la apoyarían en los términos planteados.

Opinión

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El plan de 211 páginas enviado al Congreso recoge solamente las líneas genéricas de las reformas, con escasa concreción. Además, cuestiones mollares como la reforma laboral se fían a los acuerdos en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios, y la reforma fiscal, a las conclusiones de un grupo de expertos.

Pese a las críticas de los grupos parlamentarios, el documento da cuenta en el capítulo de implementación de que "el Gobierno ha incorporado como un elemento central de la elaboración del plan la participación de las distintas instituciones públicas y grupos políticos, de los agentes sociales y el tejido empresarial, bajo el convencimiento de que solo así, mediante el diálogo y la colaboración, se pueden diseñar reformas e inversiones con el potencial de transformar un país". Sin embargo, sobre la involucración de los grupos parlamentarios, se reduce a mencionar que "se han realizado hasta la fecha dos comparecencias con el objetivo de ofrecer información sobre el plan, así como de facilitar un espacio de debate con el resto de grupos parlamentarios".