Moncloa activa los trabajos para la reforma fiscal y choca con la campaña de Gabilondo

El Gobierno mantiene su hoja de ruta fiscal. Este lunes, se constituía el comité de expertos que desarrollará las líneas generales de la propuesta sobre la reforma fiscal, de carácter progresiva y con la mirada puesta en equipararse a la recaudación de la zona euro, cuya presión fiscal es de media más de siete puntos superior a la española. Entre sus tareas, destaca la que tiene que ver con los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio. La intención pasa por armonizarlos, lo que contrasta con la promesa electoral del candidato socialista, Ángel Gabilondo, de no tocar los impuestos en la Comunidad de Madrid durante lo que resta de legislatura si accede a la presidencia de la región.

Los cambios fiscales que prepara el Ejecutivo se incluirán entre las reformas que se remitirán a Bruselas antes de que finalice abril en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan, vinculado a los fondos europeos, se analizará este lunes en la comisión interministerial que lo validará y elevará para que se apruebe en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Pedro Sánchez comparecerá primero en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar cuenta de sus líneas maestras.

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La activación de los trabajos para la reforma fiscal y la remisión del plan de reformas a Bruselas coincide de lleno con la campaña electoral en Madrid, comprometiendo así la medida de Gabilondo. Su anuncio de no tocar ningún tributo, para hacer un guiño a los antiguos votantes de Ciudadanos, ya fue sorpresiva, al contradecir la propia propuesta fiscal que había presentado su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid el pasado febrero.

Desde el Ejecutivo, asociaron esta medida electoral con el enfoque de formar un Gobierno de excepción hasta 2023, cuando se volverán a sacar las urnas, ante un contexto de excepción. "Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad en estos dos años. Abrir todo el proceso de la fiscalidad en este momento nos parece que llevaría a la inoperancia de un gran debate", argumentaba Gabilondo. Sin embargo, desde Bruselas se está exigiendo celeridad en las reformas.

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Hacienda, por su parte, se marca el plazo de un año. Según ha explicado este lunes la ministra del ramo, María Jesús Montero, las conclusiones del grupo de expertos deberán estar listas antes de marzo de 2022. Con todo, algunas de las propuestas más urgentes, en las que se incluyen los impuestos de patrimonio y sucesiones, se podrían adelantar para incluir ya en el proyecto de Presupuestos para 2022. La idea del Gobierno es que, independientemente de que el documento final pueda estar listo en torno a un año, "vayan anticipando algunos trabajos sobre las figuras tributarias en las que vayan teniendo avances, al objeto de que el Gobierno pueda tenerlos en cuenta para la preparación de los Presupuestos de 2022, pero también para el nuevo modelo de financiación autonómica, que también es un elemento indisoluble de esta reforma fiscal, porque el sistema autonómico necesita más recursos", según ha explicado Montero.

La ministra ha añadido que todavía está por determinar "cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas". Asimismo, en el caso del impuesto sobre sociedades, Montero cree que su reforma debe ser "prioritaria" en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son patrimonio y sucesiones y donaciones.

El principal argumento que se utilizó para defender la armonización fiscal fue la necesidad de poner coto al 'dumping' fiscal

El principal argumento que se utilizó para defender la armonización fiscal fue, precisamente, la necesidad de poner coto al 'dumping' fiscal que achacan a territorios como Madrid. En esta comunidad autónoma, existe una bonificación del impuesto de patrimonio del 100% de la cuota para las personas con bienes de hasta dos millones de euros. Los impuestos del alcohol o el tabaco, así como las deducciones en el impuesto de sociedades, también serán objeto de discusión entre los 17 expertos que realizarán la propuesta de reforma.

Si los rivales políticos del candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid ya pusieron en duda su cambio de posición respecto a la fiscalidad, no es de extrañar que ahora utilicen el plan del Gobierno para restarle credibilidad. La iniciativa de Gabilondo se enmarca en una coyuntura en la que los socialistas buscan captar al votante de centro y moderado. "Caretas fuera", fue la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso al anuncio, a través de las redes sociales.

La reforma fiscal del Gobierno, cuyo calendario había quedado en el aire ante el adelanto electoral, entra ahora de lleno en la campaña del 4-M. Cuando se anunció a finales de noviembre, y ante el rechazo de Ayuso, quien vaticinó que sería "la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño", Gabilondo reclamó evitar la confrontación y un pacto fiscal "justo". "Pido que en Madrid se haga un pacto fiscal para favorecer los recursos e ingresos necesarios y que nadie quede al margen de que sus necesidades queden satisfechas", aseguró entonces.

El pasado febrero, a través de una enmienda a la totalidad de la ley de bonificaciones fiscales presentada por Vox, los socialistas plantearon en la Asamblea de Madrid una reforma con el objetivo de "eliminar ciertos privilegios y trato de favor a las élites madrileñas". Así, reducir del 100% al 50% las bonificaciones en el impuesto para patrimonios superiores al millón de euros o un nuevo tramo en el IRPF.

Los informes del grupo de expertos serán solamente consultivos y habrá margen para la negociación entre los socios del Gobierno de coalición. De hecho, la armonización fiscal fue uno de los acuerdos del Gobierno con ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos.