El Gobierno planea una reforma fiscal para llevarla al Congreso antes de verano

El Gobierno perfila la creación de un grupo de expertos independientes, con nombres propuestos tanto por PSOE como por Unidas Podemos, con el objetivo de elaborar una propuesta sobre la reforma fiscal, de carácter progresiva y con la mirada puesta en equipararse a la recaudación de la zona euro, cuya presión fiscal es de media más de siete puntos superior a la española. Desde los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno confían en que pueda comenzar a tramitarse en este periodo de sesiones, al igual que las leyes de igualdad (trans y LGTBI) y la de memoria democrática.

Algunos de los grupos que facilitaron la investidura y los Presupuestos ya han sido informados, aunque no han abierto negociaciones. Desde el Gobierno son más comedidos y avanzan que hasta que no haya un informe por parte del grupo de expertos no está previsto llevar a cabo medidas fiscales. Desde el sector de Podemos en el Gobierno, cuyas negociaciones en esta materia lidera el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, también evitan establecer plazos y no dan por seguro que la reforma salga adelante en este periodo de sesiones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, aseguran que una de las tareas que se encargarán al grupo de expertos tiene que ver con los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio. La intención pasa por armonizarlos. Se trata de uno de los acuerdos del Gobierno con ERC para apoyar los Presupuestos, con el fin de poner coto al 'dumping fiscal' que achacan a territorios como Madrid, con una bonificación del impuesto de patrimonio del 100% de la cuota para las personas con bienes de hasta dos millones de euros.

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Europa Press

Los impuestos del alcohol o el tabaco así como las deducciones en el impuesto de sociedades también serán objeto de discusión. La reforma del sistema de financiación autonómico, uno de los compromisos del Ejecutivo que ya está fuera de plazo, irá por otro carril.

Los informes del grupo de expertos serán solamente consultivos y habrá margen para la negociación entre los socios del Gobierno de coalición. Desde Unidas Podemos ya defendieron en el arranque de sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda para elaborar el anteproyecto de Presupuestos la creación de un impuesto a la riqueza. El propio Pablo Iglesias lo había expuesto previamente en la comisión de reconstrucción, aunque finalmente se impuso el veto de los socialistas.

La intención de los morados era que este nuevo tributo sustituyese al impuesto de patrimonio, alcanzando una recaudación del 1% del PIB, en torno a 11.000 millones de euros. Afectaría a los patrimonios superiores a un millón de euros y de forma progresiva, recayendo así la mayor parte del tributo sobre el millar de patrimonios más altos. La propuesta de Unidas Podemos era que hubiese un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravar con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los superiores a los 50 millones y con un 3,5% los que superen los 100 millones de euros. Finalmente se optó en los Presupuestos por aumentar el impuesto de patrimonio a partir de 10 millones.

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"Un sistema fiscal más progresivo es, sencillamente, la condición de posibilidad de la reconstrucción", defendió el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Su intención no solo pasa por implantar nuevos tributos, como sería también a las transacciones financieras y a los servicios digitales, sino subir asimismo de forma progresiva el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), tanto a las rentas altas como al rendimiento de capitales. Las Cuentas Públicas para este 2021 ya recogieron el aumento de dos puntos del IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros y de tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros.

En el programa de Gobierno se recogen otras medidas en materia fiscal relacionadas con el impuesto de sociedades. Concretamente, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a reformar este impuesto garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Asimismo, se apuesta por "limitar las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial".

En lo referente a las pymes, el acuerdo de la coalición se centra en reducir dos puntos, del 25 al 23%, el gravamen para las sociedades que facturen menos de un millón de euros. Por otra parte, abre también la puerta "estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".