Gabilondo se desmarca de la armonización fiscal del Gobierno y pide no tocar tributos

El Gobierno se comprometió en el acuerdo de presupuestos a poner en marcha una armonización fiscal de los tributos que recaudan las comunidades autónomas, principalmente sucesiones y patrimonio, con la vista puesta en poner coto al 'dumping fiscal' que se achacó a Madrid. Fuentes de Hacienda avanzaban después de conocerse el adelanto electoral en Madrid que la intención seguía siendo crear en el menor plazo posible una mesa de expertos para elaborar la propuesta de reforma. Sin embargo, la campaña electoral para la Comunidad de Madrid compromete este proyecto, después de que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, se haya desmarcado anunciando que su intención, si gobierna, pasa por no tocar impuestos.

"Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad en estos dos años. Abrir todo el proceso de la fiscalidad en este momento nos parece que llevaría a la inoperancia de un gran debate", aseguraba este lunes durante una entrevista en el programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo'. Su posición no solo pone en duda los planes del Ejecutivo, sino que también deja en suspenso la propuesta fiscal que presentó el propio PSOE en la Asamblea de Madrid el pasado mes de febrero. A través de una enmienda a la totalidad a la ley de bonificaciones fiscales presentada por Vox, los socialistas plantearon una reforma con el objetivo de "eliminar ciertos privilegios y trato de favor a las élites madrileñas". Entre ellos, reducir del 100% al 50% las bonificaciones en el impuesto de patrimonios superiores al millón de euros o un nuevo tramo en el IRPF.

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En Ferraz han enmarcado la estrategia de pactos poselectorales de Gabilondo —que prioriza acuerdos con Ciudadanos y Más Madrid en lugar de con Unidas Podemos— dentro de su "autonomía" como candidato. Asimismo, y sin referirse directamente a sus propuestas programáticas, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, hablaba este lunes de "Gobierno de transición" para los dos próximos años. Pese al adelanto electoral, el Gobierno que salga de las urnas acabará su mandato según el periodo de legislatura prevista. Esto es, mayo de 2023, por lo que el margen para sacar adelante medidas programáticas se reduce.

El 4-M se enfoca así como un plebiscito y el escaso margen de tiempo hasta los próximos comicios, de producirse un cambio de Gobierno, se prevé más como un periodo de desmontaje y una revisión del rumbo que como una transformación radical. El Ejecutivo de coalición que propone Gabilondo difícilmente estaría engrasado antes de acabar el verano, por lo que contaría con poco más de un año hasta que se volviese a activar la maquinaria electoral. De ahí las referencias a un "Gobierno de transición".

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En este contexto, y ante una coyuntura en la que los socialistas buscan captar al votante de centro y moderado, Gabilondo ha lanzado un guiño a los votantes de Ciudadanos asegurando que no tocará tributos en lo que resta de legislatura. El cambio de posición del candidato socialista con respecto a su programa electoral y a la reforma fiscal que presentó a principios del mes pasado responde a la estrategia de repartirse los papeles con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para recoger de forma más transversal voto contrario a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Uno mirando más a la izquierda, el otro más al centro. Una tesitura en la que queda atrapada la otra opción de la izquierda, Más Madrid, aunque esta fuerza entra junto a los naranjas como la preferida por Gabilondo para gobernar en coalición.

La apuesta por mantener la fiscalidad actual de la Comunidad de Madrid, en contra de los planes del Gobierno, da cuenta también de que el 4-M, como ya ocurrió antes con las catalanas, condiciona la actividad legislativa en el Congreso. El efecto en la política estatal del adelanto electoral en Madrid ya quedó patente en el último pleno de la Cámara baja. No en vano, portavoces de formaciones independentistas y minoritarias que no concurren en los comicios de Madrid lamentaban la situación, constatando que la actividad parlamentaria se vería ya no solo condicionada, sino frenada por las elecciones en Madrid.

Opinión

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"Hasta septiembre nada", coincidían en señalar dos portavoces que dieron su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. El portavoz de otra formación minoritaria que forma parte del bloque de investidura se inclinaba también más porque se produciría una parálisis hasta después del 4-M, más que un acelerón a medidas programáticas pendientes para vender durante la campaña.

La reforma fiscal, que se pretendía acelerar para poder cerrar con ella este periodo de sesiones antes de las vacaciones, queda por tanto en el aire. Cuando se anunció a finales de noviembre, y ante el rechazo de Díaz Ayuso, quien vaticinó que sería "la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño", Gabilondo reclamó evitar la confrontación y un pacto fiscal "justo". "Pido que en Madrid se haga un pacto fiscal para favorecer los recursos e ingresos necesarios y que nadie quede al margen de que sus necesidades queden satisfechas", aseguró entonces. La coyuntura del 4-M lo cambia todo, pone en solfa una reforma fiscal que Hacienda estaba estudiando y enturbia unas relaciones ya de por sí tensas con sus socios de investidura, puesto que la armonización de los tributos autonómicos se pactó precisamente con ERC.