El Gobierno aprobará una norma para paralizar los desahucios de forma indefinida

El Gobierno está trabajando en una norma para prohibir los desahucios de familias vulnerables que no cuenten con una alternativa para su realojamiento. La paralización de este tipo de lanzamientos sería indefinida, para dar cobertura hasta que se apruebe la futura ley de vivienda y desde que expire la prórroga del decreto antidesahucios por la pandemia el próximo 9 de agosto, según explican fuentes de Transportes, el ministerio con competencia en esta materia. El objetivo, por tanto, es que "las familias vulnerables no queden desprotegidas" durante el tiempo de tramitación de la futura ley.

La paralización de los desahucios ya fue uno de los compromisos que alcanzó el Gobierno con ERC de cara a la aprobación de los Presupuestos

Se trata de una de las cuestiones que ERC, a través de su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, negoció con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que no se solicitase la suspensión de la ley catalana de vivienda en el recurso ante el Tribunal Constitucional. La paralización de los desahucios ya fue uno de los compromisos que alcanzó el Gobierno con ERC de cara a la aprobación de los Presupuestos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, habría confirmado este miércoles a los republicanos la intención del Ejecutivo de sacar adelante esta norma, según ha podido saber este diario de fuentes de ambas partes. La medida se concretaría en un decreto propio o se incluiría en uno escoba antes de que finalice el mes de julio.

El texto se estaría ya perfilando, si bien todavía está en vigor la última prórroga de tres meses del decreto antidesahucios por la pandemia, y la intención pasa por que recoja "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda". La norma dará un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad y dar soluciones habitacionales si el propietario es persona física, y tres meses si es jurídica.

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Según el preacuerdo al que han llegado los socios de gobierno en esta materia, esta norma obligaría a ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables que sean desahuciadas, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo".

Introducir "criterios objetivos"

En este sentido, se pretenden introducir en el procedimiento "criterios objetivos" con el fin de determinar las situaciones de vulnerabilidad económica. Todo ello, "con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento, e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta".

Finalmente, el borrador recoge "mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social". Este sería por tanto el grueso de medidas que recogería el decreto y que decaerían cuando se aprobase la futura ley de vivienda.

Se establecen asimismo compensaciones económicas para los grandes tenedores de vivienda

El actual decreto en vigor, en el marco de la excepcionalidad por la pandemia, obliga a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo a las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. Se precisa que este realojamiento deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedan excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. Hasta que no se garantice este realojo por parte de las administraciones autonómicas, no pueden efectuarse los lanzamientos.

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Para la realización de los desahucios, es obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, que tiene carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deben solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad. Se establecen asimismo compensaciones económicas para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la Administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad. Compensaciones que se abonan únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tengan viviendas vacías.

Regulación de los alquileres

Durante los últimos días, PSOE y Unidas Podemos han acercado posturas en el que es uno de los principales escollos para consensuar el texto de la futura ley de vivienda. Esto es, la regulación de alquileres. Los socialistas han aceptado congelar las rentas en las zonas tensionadas. Un paso significativo respecto a la propuesta inicial de los socialistas, que se limitaba a que la regulación de precios se realizase a través de incentivos fiscales, sin establecer mecanismos para prohibir las subidas abusivas. Ahora se establecería un tope máximo obligatorio, más allá de mantenerse también los incentivos fiscales, pero desde Unidas Podemos enfriaron el principio de acuerdo porque el pacto firmado entre los socios se refiere también a la posibilidad de facilitar bajadas de precios.

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Esta congelación se cumplimentaría con los incentivos fiscales. La intención en esta línea pasa por establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50% del IRPF, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable hasta alcanzar el 90%. En este último caso, para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico.