Fiscalidad, pisos vacíos y alquiler: los escollos entre PSOE y UP que frenan la ley de vivienda

Un mes después de que finalizase el plazo comprometido para llevar la ley de vivienda al Consejo de Ministros, el acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición sigue lejos. La última reunión celebrada esta semana se saldó con un principio de acuerdo en materia de desahucios, un mínimo avance sobre los mecanismos para movilizar la vivienda vacía y una total falta de acuerdo sobre la regulación de los alquileres. El PSOE insiste en su propuesta de incentivar las limitaciones al alquiler a través de bonificaciones fiscales, para que los propietarios se acojan voluntariamente a estos planes.

Para Unidas Podemos, es preciso establecer topes en los precios por ley, y se escudan en la literalidad del acuerdo programático que así lo recoge. Una posición que establecen como línea roja. "La negociación de la ley de vivienda se encuentra estancada debido a la resistencia por parte del PSOE a cumplir con el acuerdo de gobierno en lo referente a la regulación del alquiler", insistían desde la formación morada tras celebrarse la última reunión entre los equipos que lideran el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la exsecretaria de Estado de Agenda 2030 y desde este martes ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Los incentivos fiscales son para UP ineficaces, pues no compensaría a los propietarios el coste de bajar el alquiler en las zonas tensionadas

Los incentivos fiscales son para los morados una medida ineficaz, pues no compensaría a los propietarios el coste de bajar el alquiler en las zonas tensionadas, y también "antisocial", al destinar "recursos públicos a grandes propietarios". Los socialistas defienden por su parte que este mecanismo "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles". Este es el nudo gordiano que retrasa la aprobación de la ley. En la propuesta del PSOE, se plantea establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable.

En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70%, por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado. Las reducciones serían de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

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Sobe la movilización de la vivienda vacía, se están aproximando las propuestas de los socios de gobierno para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía. La posición del PSOE, la más desarrollada, se centra en establecer recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". La propuesta de Unidas Podemos pasa por "un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico".

La intención pasa por dar alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento

Respecto a los desahucios, "se están produciendo avances", y aunque todavía no se ha cerrado un acuerdo, en estos momentos sí existe al menos un principio de acuerdo. La intención pasa por dar alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.

Alquiler asequible en obra nueva

La última propuesta que el PSOE ha llevado a la mesa de negociación, y que Unidas Podemos todavía analiza, pero de momento no rechaza, tiene que ver con blindar el porcentaje mínimo de viviendas destinadas al "alquiler a precio limitado" tanto en las nuevas promociones de vivienda como en las actuaciones de reforma o de renovación urbanística. Para ello, se propone modificar la legislación sobre ordenación territorial o urbanística para que, según el borrador, "se establezca un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público".

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Desde Unidas Podemos, empujan para sacar al mercado, en régimen de alquiler social, el mayor volumen posible de las viviendas de la Sareb. Insisten también sobre la necesidad de "obligar" a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social. El acuerdo todavía sigue lejos, y aunque las negociaciones avanzan, se topan con otro escollo en el camino en forma de campaña electoral.