El PSOE propone congelar alquileres y Podemos presiona para facilitar bajadas
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EN ZONAS TENSIONADAS

El PSOE propone congelar alquileres y Podemos presiona para facilitar bajadas

Se mantienen también los incentivos fiscales con deducciones del IRPF para los propietarios. El PSOE habla de principio de acuerdo, mientras que los morados lo niegan

placeholder Foto: El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, interviene en la sesión de control del Congreso. (EFE)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, interviene en la sesión de control del Congreso. (EFE)

El PSOE ha trasladado una "última" oferta a Unidas Podemos para regular alquileres que consistiría en congelar el precio actual en las zonas tensionadas. Así, cuando finalice el contrato del alquiler, los propietarios no podrían subir el precio de la vivienda. Tampoco a los nuevos inquilinos, que tendrían las mismas condiciones, según explican fuentes socialistas conocedoras de las negociaciones. Se mantienen también los incentivos fiscales con deducciones del IRPF para los propietarios. Si bien desde el PSOE aseguran que no van a variar su posición, y que los morados les habrían trasladado su disposición a aceptar sus propuestas para la regulación de alquileres, fuentes de Unidas Podemos niegan que haya ya un acuerdo. Reclaman que se faciliten también bajadas en las zonas donde se considera que se han producido subidas abusivas.

Estas mismas fuentes moradas, conocedoras de las negociaciones para la futura ley de vivienda, valoran positivamente que "por primera vez desde que comenzaron las negociaciones de la ley de vivienda, el PSOE ha cedido a la propuesta de Unidas Podemos de poner en marcha un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos, frente a los incentivos fiscales que proponían inicialmente". Sin embargo, estos incentivos se mantendrán, según los socialistas.

Foto: Vista general de la ciudad de Barcelona. (Pixabay)

Su posición reticente se debe a que "la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, y que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios". Es por ello que aseguran que "los equipos negociadores continúan trabajando intensamente para lograr un acuerdo, puesto que los más de cuatro meses de retraso son ya injustificables ante la emergencia habitacional que vive nuestro país".

Los incentivos fiscales son para los morados una medida ineficaz, pues no compensaría a los propietarios el coste de bajar el alquiler en las zonas tensionadas, y también "antisocial", al destinar "recursos públicos a grandes propietarios". Los socialistas defienden por su parte que este mecanismo "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles". Este es el nudo gordiano que retrasa la aprobación de la ley. En la propuesta del PSOE, se plantea establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable.

"Los equipos negociadores continúan trabajando para lograr un acuerdo, puesto que los más de cuatro meses de retraso son injustificables"

En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70%, por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado. Las reducciones serían de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

Sobre la movilización de la vivienda vacía, hay un principio de acuerdo para establecer un recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía. Se trata de establecer recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

En materia de desahucios, un aspecto de la futura ley en el que más coincidencias ha habido entre los socios de Gobierno, se propone dar alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.

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Finalmente, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado a la mesa de negociación con Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda una propuesta para blindar el porcentaje mínimo de viviendas destinadas al "alquiler a precio limitado" tanto en las nuevas promociones de vivienda como en las actuaciones de reforma o de renovación urbanística. Concretamente, el departamento liderado por el ministro José Luis Ábalos propone modificar la legislación sobre ordenación territorial o urbanística para que, según el texto de la propuesta, "se establezca un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público".

En territorios como Madrid es obligatorio que el 50% de todos los nuevos desarrollos tenga algún tipo de protección, por lo que se blindaría que una de cada cuatro viviendas se destinasen al alquiler social o a "precio limitado". Según aclaran fuentes cercanas al Ministerio de Transportes, se trata de que, en los suelos que tienen tanto comunidades como ayuntamientos de reserva para viviendas de protección, al menos el 50% de las viviendas que se construyan sean de alquiler protegido.

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