La batalla de La Vila Joiosa contra los okupas: el protocolo que permite desalojos en una semana

En La Vila Joiosa han dado con la clave para el desalojo de inmuebles usurpados en menos de una semana. El secreto se esconde en la creación de un protocolo, impulsado por una de las juezas de la localidad, que permite acortar los trámites al máximo y dar una respuesta casi inmediata a los propietarios. Este viernes se producía el primer desalojo gracias a ese atestado único. En apenas tres días, el lapso de tiempo que ha pasado desde que el caso entró en el juzgado, el lanzamiento estaba hecho. Tres días frente a los más de 3 años que una operación similar tardó en ejecutarse el año pasado en el mismo municipio.

El edificio, ubicado en la calle Dr. Fleming, llevaba habitado íntegramente por okupas cerca de una década y se había convertido en un foco de insalubridad y preocupación para el Ayuntamiento. Actualmente, quedaban cinco viviendas ocupadas dentro del inmueble que, en su mayor parte, es propiedad de un banco.

La Operación Diáspora, como la Guardia Civil ha bautizado el operativo, según ha podido saber El Confidencial, arrancó el pasado 25 de abril con la recopilación de los datos necesarios para elaborar, por parte de los agentes, el atestado único que ha servido para pedir el lanzamiento cautelar y ejecutar el desalojo inmediato.

El atestado entró en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa el pasado martes y, tras obtener el informe favorable de la Fiscalía, se autorizó el lanzamiento. El jueves, la Guardia Civil y representantes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se personaron en el inmueble para notificar a sus ocupantes que tenían 24 horas para recoger sus pertenecías y marcharse. El viernes, cuando llegaron los agentes, ya no quedaba nadie.

TE PUEDE INTERESAR

"Para los grandes propietarios, es peor la limitación de precios que la okupación"

R. Ugalde

Además, en el momento de la notificación del desalojo se entregó a los moradores la citación judicial para comparecer en un juicio por delito leve de usurpación de bienes inmuebles, que se celebrará el mes que viene. La jueza también levantó acta del estado de las instalaciones eléctricas, que presentaban cableado al aire, lo que supone un riesgo para la integridad de las personas, y acordó el tapiado del acceso y primeras plantas para evitar que alguien entre y se desate un incendio.

Lanzamientos cautelares

La fórmula no es mágica, pero sí novedosa. Consuelo Martínez, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, ha recogido en ese protocolo la instrucción de 15 de septiembre de 2020 de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación para la solicitud de medias cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles a fin de lograr la restitución temprana de la posesión a los legítimos propietarios.

Se trata de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, en el caso de la localidad, la Guardia Civil, reúnan en un solo atestado toda la documentación solicitada por el Juzgado sin tener que iniciar requerimientos individuales. Esto permite ordenar el lanzamiento inmediato como medida cautelar, desalojar a los okupas, y luego seguir el procedimiento ordinario con la posterior celebración de un juicio. Todo ello sin perjuicio de que después se reclamen los daños causados a la vivienda o se compruebe si ha habido delito de defraudación.

TE PUEDE INTERESAR

Radiografía de la okupación en España: segundas viviendas o en construcción, las más afectadas

el confidencial

La medida beneficia a las víctimas de un delito de usurpación, es decir, a aquellas personas a las que han ocupado un inmueble vacío o no destinado a la vivienda habitual o segunda residencia, los desalojos que más se demoran en el tiempo.

"En menos de una semana", desde que entra ese atestado único, "se puede ejecutar el lanzamiento como medida cautelar", explica Martínez a El Confidencial. Todo gracias a dicho protocolo basado en la instrucción de la Fiscalía, frente a los meses, si no años, que se dilata el procedimiento habitual. Siempre en aquellos casos de ocupaciones por usurpación de bienes inmuebles que se consideran delitos leves y no constituyen allanamiento de morada, en cuyo caso el desalojo sí es inmediato y hasta lo puede ejecutar de oficio el cuerpo policial competente y sin previa autorización judicial.

Atestado único

La clave está en la propuesta ideada por esta jueza de realizar un atestado estandarizado que recoja en un único documento la denuncia del propietario del inmueble, que debe expresar su voluntad de recuperarlo, acreditando que la ocupación le causa perjuicio; la identificación de los ocupantes, a los que se les debe requerir el título habilitante que justifique su permanencia en la vivienda; una inspección ocular que acredite el estado del inmueble y si se produce defraudación de suministros o peligro para las personas. Además, se debe constatar si hay menores de edad para adoptar las medidas necesarias con los Servicios Sociales y que el propietario pida el lanzamiento como medida cautelar. “Esto nos proporciona indicios que nos permiten considerar que esas personas no tienen derecho a estar allí”, explica.

TE PUEDE INTERESAR

De Prestes Maia a Liebig 34: la historia del movimiento okupa

Ada Nuño

Con este atestado en la mano “evitamos requerimientos que van a dilatar el procedimiento” y se puede recuperar la posesión de la vivienda, que es lo que más preocupa al propietario, de forma inmediata.

Patada en la puerta

Además, la batalla de la jueza de ponérselo difícil a los okupas profesionales no termina ahí, sino que, en colaboración con la Guardia Civil, se da instrucciones a los propietarios para que adopten determinadas medidas de seguridad, como la instalación de alarmas o la colocación de puertas blindadas para evitar que las viviendas sean de nuevo ocupadas tras el lanzamiento.

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué no hay fenómeno okupa en los Países Bajos? Algunas lecciones para España

E. Sanz

Una recomendación que no es baladí porque en el caso de que los okupas volvieran al inmueble la alarma demostraría que la ocupación ha sido inmediata, cometiéndose un delito de flagrancia, por lo tanto, no podrían alegar que se está utilizando como morada (un derecho fundamental). Esto permite que la fuerza de seguridad competente pueda actuar de oficio y ejecutar el desalojo inmediato, con patada en la puerta incluida y sin necesidad de una autorización judicial para restituir el bien, dando parte al juzgado 'a posteriori'.

La violación de la puerta acorazada se considera uso de fuerza y violencia y, al causar daños superiores a 400 euros, se añade a la usurpación otro delito de daños (considerado delito menos grave) que lleva aparejada una pena superior a tres meses de multa.

Edificios enteros okupados

En La Vila Joiosa no son ajenos a esta problemática porque el municipio sufre desde hace años macrokupaciones de edificios enteros que se han convertido en foco de insalubridad, drogadicción y delincuencia. Se trata de inmuebles vacíos, pertenecientes a bancos o fondos de inversión, que no pudieron comercializarse por la crisis o que no pudieron terminarse por estar en concurso de acreedores.

El primer macrodesalojo que vivió el municipio fue el del edificio 'El Xarquet'. Un inmueble inacabado con luz y agua de obra tomado por moradores itinerantes que iban, venían o se cambiaban de apartamento. El 1 de junio de 2021 se produjo el desalojo de las 15 personas que quedaban en el edificio. Pero en este caso, el lanzamiento se demoró más de tres años perdido en un mar de burocracia por el procedimiento ordinario. Tras un año y medio de trámites se consiguió dictar sentencia en 2019 en primera instancia, pero entonces los denunciados recurrieron y transcurrió otro año y medio hasta que la Audiencia Provincial en 2021 confirmó la sentencia del Juzgado número 2 y, cuando fue firme, se pudo ejecutar.

El delito de usurpación exige por ley que los denunciados tengan procurador y abogado, lo cual no suele suceder, hecho que supone un retraso más en el proceso para asignarles uno de oficio. “El edificio estaba ocupado por personas itinerantes, cuando ibas a notificarles algo ya no estaban los mismos porque se habían ido o cambiado de vivienda y teníamos que reiniciar el proceso contra los nuevos ocupantes”.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía relaja la expulsión de los que okupen edificios de bancos y empresas

Beatriz Parera

El segundo foco de preocupación lo constituía el edificio de la calle Dr. Fleming que ha sido el primer caso en el que se ha aplicado el protocolo antiokupas y que ha permitido reducir el proceso de los tres años que costó el desalojo en 'El Xarquet' a los tres días en los que se ha ejecutado este.

Protocolo pionero

El alcalde, Andreu Verdú, explica a El Confidencial que fruto de la alarma social se puso en contacto con Martínez, en aquel momento jueza decana de La Vila Joiosa, para expresar la preocupación del Ayuntamiento ante esta realidad y tratar de buscar una solución. “Estábamos muy preocupados porque uno de los edificios ocupados generaba mucha inseguridad en una zona con colegios y centros de salud cercanos y la convivencia se estaba deteriorando”, indica el primer edil.

TE PUEDE INTERESAR

Baleares lleva un año sacando okupas sin orden judicial: "Ha reducido el problema"

David Brunat

Así, el 8 de abril de 2021 se firmó un protocolo pionero entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de La Vila Joiosa y el Ayuntamiento para aplicar este atestado estandarizado. Inicialmente, el acuerdo se suscribió con el Consistorio como una declaración de intenciones y porque la Policía Local venía realizando diligencias de prevención. Sin embargo, la Guardia Civil, la fuerza competente, también se comprometió a elaborar estos atestados únicos para agilizar las desocupaciones. “La colaboración entre Guardia Civil y Policía Local es absoluta y estamos satisfechos”, incide Verdú.

El protocolo despertó el interés del juez decano del partido judicial de la vecina localidad de Benidorm, que pidió información sobre el mismo, y desde el 1 de mayo la Comisión Provincial de la Policía Judicial de Madrid ha acordado la celebración de juicios rápidos por delito leve de usurpación referidos a ocupaciones de inmuebles.