Oficina Chinatown Usera: dentro de una 'comisaría secreta' de Pekín en Madrid

Cuatro jubilados charlan y toman té dentro de un pequeño local situado en la calle del Amor Hermoso, en Madrid. El cartel de la puerta indica que nos encontramos en la Oficina de Chinatown Usera. Existen dos versiones sobre lo que ocurre allí dentro.

Según una investigación publicada en septiembre por la ONG Safeguard Defenders, estamos frente a una de las 54 "comisaría informales" detectadas —nueve de ellas en España— desde las que autoridades regionales y provinciales del país asiático controlan la actividad de sus ciudadanos en el extranjero, llegando a utilizar la coerción para obligarlos a regresar a su país y ser juzgados.

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Según los jubilados que toman té en su interior, su labor no es otra que coordinar a una red de voluntarios que, financiados mediante pequeñas donaciones, ayudan a los inmigrantes chinos del barrio para orientarlos en trámites burocráticos y prestarles ayuda cuando se meten en problemas.

En la idiosincrasia de la diáspora china en el extranjero, ambas cosas pueden ser compatibles.

La publicación del citado informe parece haber puesto en guardia a los responsables de esta red de presuntas comisarías secretas. Un vecino del barrio de origen chino indica que, hasta hace solo unos días, la palabra policía podía leerse en los carteles de la sede de Usera. "Lo han quitado, ha desaparecido, pero no sé por qué", asegura, quizás ajeno a la polémica. Otros miembros de la comunidad insisten en que sus "servicios policiales" se han venido promocionando abiertamente en redes sociales durante años con total naturalidad.

En el interior se mantienen todavía los propósitos de la organización en un mural que ocupa toda la pared, un despliegue del lenguaje institucional chino que suele permear en todas sus instituciones, públicas y privadas. Describen así su trabajo:

• Promover la amistad entre China y España.
• Incorporarse con fuerza en la sociedad española.
• Mantener la estabilidad de la sociedad china.
• Salvaguardar los derechos e intereses de los chinos.
• Garantizar que el grupo chino mantenga relaciones amistosas.
• Establecer relaciones que permitan beneficiarnos mutuamente.
• Promover la participación en la política española.
• Equipo de prevención ciudadana que se dedica a auxiliar a los chinos.
• Desarrollar la cultura china e incrementar la cohesión patriótica.

Pocos minutos después de que El Confidencial entre en la sede de Usera, los jubilados desaparecen y su lugar lo ocupan dos "voluntarios" más jóvenes que hablan bien español. Uno de ellos, que se identifica como Jiang Chen, atiende amablemente a las preguntas y respalda la versión de los jubilados. Admite que, a veces, también actúan como una suerte de jueces de paz cuando hay un conflicto entre miembros de la comunidad china o cuando alguien se mete en problemas. "Pero, si hay un delito o un problema grave, les decimos que acudan a las autoridades españolas".

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Jiang niega rotundamente que los voluntarios elaboren informes o trabajen como policía patriótica. "Hay más de 20.000 chinos en Usera y muchos no hablan español, o no entienden los reglamentos burocráticos. Ahí entramos nosotros. Por ejemplo, hemos acompañado a más de 200 personas a vacunarse del covid porque no sabían dónde tenían que ir, ni cómo hacerlo. Tenemos relación con la embajada y el consulado, y la embajada china, sí; pero no trabajamos para ellos. También hablamos a menudo con la Policía española y con la Junta Municipal".

Loreto Sordo Ruiz, concejala del PP y presidenta de los distritos de Moncloa-Aravaca y Usera, confirma que desde el Ayuntamiento se mantienen en contacto con estas organizaciones, fundamentalmente para llevar a cabo actividades culturales como la organización del Año Nuevo Chino. "Hablamos con ellos sobre todo de asuntos culturales y colaboran con el servicio municipal de mediación que hemos creado para ayudar a los migrantes chinos en colegios, etcétera, para arreglar trámites, para intervenciones sociales, etcétera. El idioma con esta comunidad siempre es un obstáculo. Y ellos se muestran siempre muy dispuestos y son muy colaborativos".

Pekín celebra abiertamente el éxito de sus campañas de "persuasión" en el extranjero

Esta versión no resulta del todo incompatible con la ofrecida por el informe de Safeguard Defenders, ya que las asociaciones chinas han jugado tradicionalmente un doble papel. Por un lado, vertebran a las diásporas y, por otro, las conectan a las autoridades del país de origen para mantenerlas controladas y ayudarlas a prosperar. De hecho, en los últimos meses, el Gobierno chino ha alardeado públicamente ante sus ciudadanos del éxito de sus campañas de "persuasión", mediante las que convencen a presuntos criminales fugados o establecidos en el extranjero para que regresen a China para ser juzgados allí. Según datos oficiales, esta iniciativa logró el regreso de más de 230.000 ciudadanos chinos acusados de fraude y residentes en otros países entre abril de 2021 y julio de 2022.

El problema, según las organizaciones de derechos humanos y numerosos observadores de la política china, está en las técnicas utilizadas para "persuadir" a los reticentes, como localizar a las familias de los sospechosos en la propia China y amenazar con represalias, o rastrearlos directamente en sus países de residencia y amenazarlos u hostigarlos, a veces a través de internet, pero en otras ocasiones físicamente.

De acuerdo con Safeguard Defenders, este tipo de rastreo es exactamente lo que se hace en las comisarías secretas como las que, alegan, tiene su sede en Usera. "Estas operaciones esquivan la cooperación bilateral oficial tanto policial como judicial y violan el Estado de derecho internacional, y podrían violar la integridad territorial de terceros países implicados en el establecimiento de un mecanismo de policía paralelo que utiliza métodos ilegales", afirman en su informe, publicado el pasado septiembre. "El Partido Comunista de China logra así evitar el creciente escrutinio de su expediente de derechos humanos y las subsiguientes dificultades a las que se enfrenta para lograr el regreso de 'fugitivos' a través de procedimientos legales como las peticiones formales de extradición", señala el documento.

Funcionan como puestos de observación y son una extensión de la represión de China

"Hay varios aspectos problemáticos. El primero es que todo esto es básicamente no oficial. Hablamos de estaciones secretas establecidas en asociaciones en el extranjero, estrechamente ligadas al Partido Comunista y usadas para sus campañas", explica Jing-Jie Chen, investigador de esta ONG. "En el caso de Madrid, hemos documentado que ciudadanos chinos que viven allí están siendo contactados a través de estas estaciones y llevados allí para tener un encuentro online donde la seguridad pública de China les convence para regresar. Y esto es una especie de extensión de la represión transnacional de China, estas estaciones son una especie de puestos de observación, e implica que en la práctica China cree que puede ejercer funciones de policía en un país extranjero. Y, como sabemos, esto se hace sin el conocimiento de las autoridades locales, y obviamente no creemos que el Gobierno español apruebe este tipo de política", dice a El Confidencial.

La red internacional

Las denuncias sobre la existencia de estos centros están siendo corroboradas de forma independiente por periodistas de numerosos países europeos, como Holanda y Alemania. De hecho, hay algunos indicios que contradicen la versión amable que nos ofrecen los miembros de la asociación de Usera. En Usera, las menciones a la labor policial del centro han desaparecido, pero existen pruebas gráficas de otros centros. El informe de Safeguard Defenders aporta una fotografía del centro de la ciudad italiana de Prato donde pueden verse claramente carteles con la leyenda: "Estación de Servicios de Policía en el Extranjero de Fuzhou". Y el diario El Correo, el primero en airear el informe en España, publicó una fotografía donde podía verse claramente uno de estos carteles en una de las sedes de Barcelona.

Una de las claves del asunto es que estos centros policiales clandestinos no serían una operación del Gobierno central, sino una iniciativa de algunas regiones específicas en lugares donde abundan los inmigrantes chinos de aquellas áreas. El informe de Safeguard Defenders, de hecho, se basa en documentos públicos expedidos por las Oficinas de Seguridad Pública de la ciudad de Fuzhou, en la provincia de Fujian, y de Qintiang, en la provincia de Zhejiang. "Existe este tipo de cooperación policial y contra el crimen organizado entre China y España, que puede ser normal. Pero, para nosotros, no es normal que la naturaleza de estas comisarías en el extranjero no hayan sido establecidas por el Gobierno central de China, sino por gobiernos municipales", comenta Chen. "Este tipo de actividad policial más pequeña o de menor nivel probablemente no es supervisada por el Gobierno español, incluso si este hubiera aprobado en secreto estas operaciones", dice.

Fuentes policiales insisten en que no tienen constancia de que haya una investigación

De acuerdo con esos papeles, España es el país que más "comisarías secretas" tiene, un total de nueve: tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en Valencia y una en Santiago de Compostela. Pero, como admiten los investigadores, al basarse solo en lo que se puede demostrar mediante la documentación de apenas dos provincias, esas listas son probablemente incompletas.

Pero no deja de ser llamativa la prominencia de España. "Es un tema geopolítico. Como sabemos, hay muchos ciudadanos chinos haciendo negocios en lugares como Madrid y Barcelona, y nos hemos encontrado con que muchas de estas estaciones están situadas en Cataluña. Además, hay un tratado de extradición vigente, por el que en los últimos años se ha enviado a ciudadanos chinos de España a China, a pesar del malísimo expediente de derechos humanos y la falta de Estado de derecho y de juicios justos", opina Chen. "El Gobierno español aún colabora con el chino, así que no me sorprende demasiado que haya muchas de estas comisarías en España. Pero me interesa más saber lo que va a decir el Gobierno español, porque acaban de anunciar que van a lanzar una investigación oficial sobre este asunto, pero queremos saber si esa información va a ser accesible y transparente, y qué va a hacer después el Gobierno español como reacción para proteger a todo el mundo, no solo a los ciudadanos españoles, sino también a los extranjeros que viven en España, para que estén seguros de la represión transnacional de China", añade. Fuentes policiales españolas insisten en que no tienen constancia de que se haya abierto una investigación por el momento.

Una diáspora patriótica

La relación entre el Gobierno chino y los líderes de su diáspora no es algo que se haya venido ejecutando entre sombras. Más bien al revés, se trata de una estrategia enunciada abiertamente, prioritaria y bien trenzada. Tanto Pekín como los gobiernos regionales articulan una red de "asociaciones de Ultramar" cuyo único cometido es mantener fuertes lazos con la comunidad inmigrante china, la más grande del mundo, realizando reuniones periódicas, seminarios y ferias. La relación tiene un doble propósito económico y político, que beneficia a ambas partes, con cientos de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, sirve para recoger y compartir información sobre mercados y coyuntura política y económica, proteger con armas diplomáticas las inversiones de los empresarios chinos, convertir las riquezas acumuladas en el extranjero en inversiones productivas para China, etcétera. La gestión y cooperación de la diáspora ha sido, de hecho, una de las poleas sobre las que se ha impulsado la modernización de la economía china en los últimos años y una de sus principales fuentes de inversión directa.

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Los organismos, formados a su vez por asociaciones, consultorías, bufetes de abogados, etcétera, cumplen también una misión política, promocionando los intereses y planteamientos ya no solo de la nación china, sino también de la élite que la gobierna y su Partido Comunista. Aunque quisiesen, cosa que no suele suceder, los empresarios enriquecidos en Europa no pueden zafarse de dicho control impunemente. Una parte fundamental de su negocio está atada a los lazos que mantienen en su madre patria, lazos que a menudo constituyen su principal ventaja competitiva. Por ejemplo, quienes se han hecho ricos importando productos a Europa dependen de licencias, del visto bueno de autoridades aduaneras, de su relación con fabricantes y proveedores... Una actitud "cooperante" y "armoniosa" abre nuevas oportunidades para multiplicar la riqueza obtenida. De cualquier modo, la práctica totalidad de estos empresarios nunca han mostrado, al menos públicamente, la más mínima señal de descontento con la gestión del Partido Comunista Chino. La violación de los derechos humanos o el aumento de las desigualdades sociales son temas incómodos que la mayoría prefieren no tocar. Y, cuando lo hacen, es para tomar partido en airada defensa de su país y su Gobierno.