La Fiscalía del Estado sí ve un problema en la okupación y anuncia medidas a corto plazo

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció este lunes que en "los próximos días" aprobará una instrucción para hacer frente a la okupación de viviendas. La que fuera ministra de Justicia hizo referencia a este fenómeno delictivo durante el discurso que pronunció en la apertura del año judicial —presidido por el Rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo—, pero no fue más allá respecto al contenido de la instrucción ni los cambios que va a introducir frente a la situación actual. Con estas palabras, la fiscal general se limita por tanto a confirmar su intención de unificar el criterio de actuación para luchar contra estos delitos en todo el territorio nacional.

"La memoria de la Fiscalía es una muestra documentada de la realidad en materia criminal, y también es el reflejo de la sensibilidad de la sociedad a través de la percepción que se traduce en las propuestas legislativas que en ella se formulan", explicó Delgado. "En otras ocasiones, no es preciso acudir a esas propuestas, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya gozan de una respuesta suficiente en el ordenamiento jurídico, pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada: es nuestra intención, en los próximos días, dictar una Instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales de ese fenómeno delictivo".

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Las promesa de Delgado llegan tras un verano en el que el movimiento okupa ha vuelto a acaparar titulares. Tras un leve repunte de este fenómeno delictivo en los últimos meses, pero el PP lo ha convertido en uno de sus estandartes estivales: a comienzos de julio, el líder de la oposición, Pablo Casado, abogó por la puesta en marcha de una ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a las fuerzas de seguridad poder echar a los okupas de los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas.

Pero el PP no ha sido el único partido en lanzarse contra la okupación este verano. Vox también se sumó a la ofensiva y, el 10 de julio, Ciudadanos presentó en el Congreso una proposición de ley con el mismo objetivo: endurecer el delito de usurpación en el Código Penal y agilizar las expulsiones de las viviendas, idea que pasa por que los jueces puedan tomar esta decisión en una vista previa cuando los okupas no puedan demostrar su derecho a usar el inmueble. El portavoz de la formación, Edmundo Bal, sostiene que estos cambios permitirían acortar los plazos judiciales y expulsar a los okupas en alrededor de seis meses.

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Con la oposición presentando proposiciones de ley para combatir la okupación, Delgado apostó este lunes por dedicar parte de su discurso a este fenómeno: no entró en el contenido de la instrucción que planea aprobar, pero sí dio a entender que esta busca unificar criterios en todo el territorio nacional. En algunas comunidades autónomas como Baleares, los representantes del Ministerio Público ya han movido ficha por su cuenta y llevan más de un año autorizando desalojar una vivienda sin intervención de un juez, siempre que la situación sea clara y consideren estar legalmente amparados para abrir la puerta y expulsar a los okupas.

A falta de ver si la instrucción anunciada por Delgado sigue esta misma línea, la memoria presentada por la Fiscalía este lunes apenas aborda la okupación y solo menciona este fenómeno a la hora de explicar la situación de la organización terrorista conocida como Grapo: "Durante 2019, la situación de la organización terrorista Grapo se ha mantenido en un estado de extrema debilidad, sin cometer actos terroristas, limitando sus acciones al campo del proselitismo y la captación de nuevos militantes, principalmente dentro del entorno anarquista y de la extrema izquierda radical u okupa". A lo largo de 1.759 páginas, esa es la única referencia directa al movimiento okupa.