Desamparo y peligro de contagio: la odisea de echar a los okupas en plena 'coronacrisis'

Manuel falleció el pasado 27 de marzo con 66 años. Sufría diversas dolencias y, según explican sus familiares, la falta de atención que le podían prestar los cuidadores de la residencia en la que vivía, que estaban centrados en el coronavirus, facilitó que desarrollara un ictus e ingresara ya en coma en el hospital Infanta Sofía de Madrid. Falleció solo dos días después. Sin embargo, no es de este escaso cuidado del que principalmente se quejan sus sobrinos, que son los que se han ocupado de él los últimos años, sino de las decisiones judiciales. "Mi tío tenía un trastorno desde hace muchos años, con lo que era una persona vulnerable; sin embargo, él vivía en su casa de Puente de Vallecas sin problema, tenía mucha independencia", relata su sobrina Sofía.

"Le visitábamos todas las semanas y los servicios sociales del Ayuntamiento se pasaban con mucha frecuencia para comprobar que estaba bien; además, una persona limpiaba el piso una vez a la semana", recuerda la mujer, que cuenta que un día todo se torció. "En diciembre de 2016 no cogía el teléfono, fuimos con la Policía y le encontramos tendido en el suelo, le ingresaron en el hospital, se recuperó a los pocos días", cuenta Sofía, que incide en que tras aquel episodio Manuel nunca regresó a su casa. El inmueble estaba en un tercer piso sin ascensor, por lo que parecía aconsejable que al menos durante un tiempo el hombre viviera en otro sitio más accesible. Por eso los sobrinos decidieron meterle una residencia, al menos mientras cogía fuerzas y ellos trataban de adaptar la casa.

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Sin embargo, durante esos días, unos okupas entraron en la casa de Manuel y se quedaron a vivir. "Llamamos a la policía, denunciamos, hubo un juicio rápido y les echaron, pero antes se llevaron todo lo que había de valor en el piso, hasta los electrodomésticos", rememora Sofía, que confiesa que en ningún momento dijeron nada a su tío de aquella ocupación. Tampoco de la siguiente. Tras conseguir expulsar a los primeros, la familia acudió al inmueble para estudiar qué obras podían hacer para reformarlo por fin, pero se encontraron que se habían instalado otros okupas.

"Los vecinos nos dijeron que les habían avisado de que la vivienda era de un señor que estaba pasando por una mala época, pero los invasores hicieron caso omiso a las advertencias. Sofía y su hermano Fernando recurrieron de nuevo a la Policía, que les recomendó solucionarlo por las buenas para evitar trámites que se alargaran en el tiempo. Ellos decidieron volver a la vía judicial, ya que era el trámite más seguro. Denunciaron en julio de 2018. El juzgado de instrucción, sin embargo, ya empezó mal. No consideró la ocupación como una segunda usurpación, dado que la primera había recaído en otro juzgado, lo que retrasaba considerablemente el desarrollo del procedimiento.

El juicio tuvo lugar en marzo de 2019, pero los denunciados no se presentaron. Solo hizo acto de presencia el abogado de oficio, que ni siquiera había tenido contacto con los 'asaltantes'. Los denunciantes testificaron y el caso quedó visto para sentencia. Sin embargo, esta nunca se produjo. El pasado septiembre, Sofía y Fernando recibieron una inesperada notificación. "Nos comunicaron que la parte contraria había recurrido por un error de forma y que había que repetir el juicio", recuerda la sobrina de Manuel, que continuaba en la residencia. La nueva vista fue señalada para el 20 de enero.

Dos días antes, sin embargo, los dos sobrinos reciben una llamada del juzgado. Un funcionario les indicó que el juicio se había anulado porque los okupas no habían cogido la notificación que se les había enviado. El mismo funcionario recomendó por teléfono a los denunciantes que solicitaran el desalojo como medida cautelar mientras el juzgado trataba de notificar la nueva fecha de la vista a los usurpadores. Sin embargo, dos días antes de que Manuel falleciera, el juzgado remitió un escrito a sus sobrinos en el que rechazaba la petición.

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"No existen motivos razonables para pensar que los denunciantes necesiten de una manera urgente e inaplazable la recuperación del uso y disfrute de dicha vivienda", argumentó el juzgado, que añadió que tampoco podía dar curso a la medida cautelar reclamada "sin haber tenido la oportunidad de oír al denunciado. "Concurre en el presente caso la circunstancia de encontrarnos en estado de alarma", prosiguió el juzgado, que determinó que "no procede por el momento el desalojo de la vivienda de la persona o personas que ocupan la vivienda". "Supondría un desamparo y una puesta en peligro por el posible contagio que se pudiera producir", zanjó el escrito, que Sofía y Fernando recibieron el pasado 15 de abril.

"Lo que más me duele es que nos enviaran la notificación dos días antes de que falleciera y con el argumento de que no pudieron escucharle", admite la sobrina, que lamenta no haber podido ir a verle a la residencia durante el estado de alarma. "Solo podíamos llamar para que nos contaran cómo iba", confiesa la joven, que recuerda que los cuidadores de la residencia le dijeron que los últimos días se encontraba constantemente "adormilado". El último día, añadió, "nos informaron de que se lo llevaban al Infanta Sofía; luego los médicos nos informaron de que entró en coma, con un ictus, y que luego murió". "Fue la dejadez, porque todos los cuidadores se centraban en la pandemia, y no había bebido suficiente agua", sentencia.