UNA MEDIDA PIONERA EN ESPAÑA

Baleares lleva un año sacando okupas sin orden judicial: "Ha reducido el problema"

Una instrucción del fiscal superior de Baleares permite a la policía desalojar a los okupas "de forma inmediata". Las partes confirman que está siendo útil, pero solo en casos muy claros

Foto: Varios pisos ocupados en una urbanización en Salamanca. (D. B.)
Varios pisos ocupados en una urbanización en Salamanca. (D. B.)

Hace justo un año, en Baleares se aprobó una medida pionera contra la ocupación de viviendas que pasó desapercibida en el resto del país pero que ha contribuido a controlar a los okupas en las islas. Se trata de una instrucción emitida por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que autoriza a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin intervención de un juez. Si los agentes ven la situación clara, están legalmente amparados para abrir la puerta y expulsar a los okupas, lleven allí el tiempo que sea. Incluso los pueden detener. Según policías y abogados, esta instrucción ha sido usada con frecuencia durante todo el año para atajar un problema social que en los últimos años se había descontrolado en las islas, principalmente en Mallorca. Pero advierten de que su alcance es limitado y que a la mínima complejidad no queda más remedio que seguir el cauce habitual.

Lo que hizo Barceló es algo tan sencillo como interpretar los artículos del Código Penal que tipifican las distintas variables de la ocupación de vivienda ajena, ya sea allanamiento de morada (ocupación de primera o segunda residencia) o usurpación (ocupación de vivienda no habitada). Cuando la ocupación incurre en delito, algo que sucede casi siempre, el fiscal interpreta que la policía puede irrumpir en un inmueble igual que haría en cualquier supuesto. No hay límite temporal, nada de las 48 horas como máximo para interponer denuncia y evitar la pesadilla de los tribunales. Solo se necesita que el propietario denuncie.

Intento de desalojo de una vivienda okupada en Cataluña.
Intento de desalojo de una vivienda okupada en Cataluña.

“Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales”, zanjó el fiscal de Baleares en su instrucción, tras repasar los distintos supuestos de ocupación. El texto fue remitido a la Fiscalía General del Estado para obtener su visto bueno. Fiscalía dijo que adelante. Sin embargo, ninguna otra comunidad autónoma se ha animado a aplicarla en su territorio y Baleares sigue siendo la excepción un año después.

Entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, se han producido en las cuatro islas 13 denuncias por ocupación solamente, según datos del portal mallorcadiario.com. En todas las demarcaciones policiales han bajado las denuncias por este delito respeto al año pasado. En el resto del país, los okupas han aprovechado el estado de alarma para entrar en segundas residencias de zonas costeras y en edificios de viviendas en el interior.


Fruto de la indignación

Todo comenzó por un caso concreto en Mallorca. Una mujer regresó a su casa tras un viaje y se la encontró ocupada por otra mujer que aseguró haber pagado 3.000 euros por el alquiler, aunque no tenía recibo. La propietaria llamó a la policía local de Palma, pero los agentes no pudieron hacer más que redactar un atestado y enviar el asunto al juzgado de guardia. Si quería recuperar su inmueble, la mujer tenía que presentar denuncia y esperar varios meses a obtener la resolución del juez y la orden de desalojo. Esto soliviantó al fiscal superior de Baleares y el resultado fue esta instrucción pionera. En Baleares, además, abundan las segundas residencias, entre ellas casas unifamiliares y chalets, en muchos casos propiedad de ciudadanos extranjeros, que son un caramelo para los okupas.

Los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil me han dicho varias veces que ha sido un hito importante para aminorar la okupación

“Yo creo que está funcionando bien y ha solucionado en parte un problema candente. En nuestras reuniones semanales, los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil me han dicho varias veces que ha sido un hito importante para aminorar la ocupación”, indica Barceló. “Los agentes conocen la instrucción y saben que están amparados por ella. Mi objetivo era dejarles lo más claro posible cuándo se puede actuar sin medidas judiciales y cuándo no, porque en la ley hay muchas zonas difusas y es donde aparecen las dudas. Hasta el momento, ningún desalojo resuelto de forma directa ha generado un problema judicial para los agentes, y eso es señal de que es una herramienta útil y segura. Pero esto no deja de ser la instrucción de un fiscal, no se puede esperar que resuelva el problema de las ocupaciones, ese es trabajo del Congreso de los Diputados”.

No importa si es primera o segunda residencia o si han pasado tres meses desde que la vivienda fue ocupada. Se trata de un delito de “allanamiento de morada flagrante” y en cuanto un cuerpo policial recibe una denuncia “debe proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes”, reza la instrucción. Lo mismo para inmuebles desocupados bajo el delito de usurpación. Esa es la teoría, pero la práctica es muy compleja y condiciona el desalojo extra judicial.

El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló.


Una simple factura lo anula todo

Marta Rosell, abogada especialista del bufete Buades, confirma que ha habido un antes y un después, aunque con limitaciones. "Esta resolución está siendo útil principalmente para desocupar viviendas que estaban deshabitadas, que no eran vivienda habitual del propietario. Cuando el ocupante no es capaz de presentar ningún documento que acredite su residencia, los agentes ejecutan el desalojo directamente, en lugar de abrir atestado y mandar el asunto al juzgado para que lo ventile por vía civil cuando pueda", indica. “Sobre todo es efectiva en casos claros de personas muy desahuciadas o indocumentadas que van de un sitio a otro y buscan viviendas donde no haya nadie. Pero en cuanto aparece una familia de por medio, o menores de edad, o cualquier factura o documento, aunque parezca falsificado, la policía no se la juega con el desalojo: manda el caso al juzgado como siempre”.

Ese es el meollo de este enorme problema social, enquistado desde hace una década. Un simple documento, ya sea el recibo de pago de una pizza, otorga el beneficio de la duda al ocupante. La presunción de inocencia impera siempre. Esto lo saben perfectamente los okupas profesionales y las redes de alquiler ilegal de viviendas vacías. Al final terminan siendo desalojados con orden judicial, pero no sin haber ganado varios meses (en ocasiones años) de alojamiento gratuito antes de buscar una nueva víctima. Este enorme retraso entre el atestado de la policía y la resolución del juez ordenando el desalojo fomenta un negocio ilegal muy lucrativo y terriblemente penoso para las víctimas.

Integrantes de la PAH de Zamora tratan de evitar un desahucio. (EFE)
Integrantes de la PAH de Zamora tratan de evitar un desahucio. (EFE)

Agentes de policía y guardia civil consultados confirman que ante la menor duda, el caso va directo al agujero negro de los tribunales, donde el expediente se enquista durante meses que se hacen interminables para el propietario. “Nadie quiere jugarse una condena penal por prevaricación”, indica un guardia civil destinado en Mallorca. “Es verdad que la instrucción nos ampara, pero si el desahuciado nos denuncia y gana, ¿qué ocurre con ese agente?”. Otro policía nacional advierte: “A la que vemos a un niño o nos muestran una factura, no hay instrucción que valga, necesitamos una orden judicial”. El fiscal Barceló insiste en la seguridad jurídica de la norma, que incluso ampara el uso de la fuerza si es proporcional, aunque admite las limitaciones.

"A la que vemos a un niño o nos muestran una factura, no hay instrucción que valga, necesitamos una orden judicial", confirma un policía

“Este mecanismo se está utilizando con frecuencia, pero podría usarse más. Depende mucho del jefe de comandancia de la zona o de los agentes que acuden a la vivienda, si son más o menos temerosos. También del juez de guardia de turno. La policía puede desalojar una vivienda rápidamente y restituirla a su propietario porque existen instrucciones concretas de la fiscalía, que tiene atribuciones sobre lo que manda la ley, pero es un asunto muy viciado desde hace años. ¿Y si el okupa dice que un agente le ha dado un porrazo?. En el tema de los okupas, parece que los delincuentes tienen más prerrogativas y suelen salirse con la suya, costará cambiar esa dinámica si no se modifica la ley”, afirma Bernardo Garcías, profesor de Derecho Penal en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y miembro de Balear Abogados.

Según las cifras de condenados por el delito de usurpación de viviendas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se dictaron 6.028 sentencias por este tipo de infracción y alrededor de 90.000 viviendas fueron okupadas en toda España. Actualmente se calcula que la cifra ronda las 100.000, según datos del comparador de seguros acierto.com. La firma advierte además del riesgo de un repunte de okupaciones de segundas residencias ante “la falta de movimiento ocasionada por el confinamiento y las calles poco frecuentadas”.

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