Sareb tira la toalla con los okupas y vende centenares de pisos a los fondos buitre

Centenares de okupas de pisos en manos de la Sareb tendrán que vérselas a partir de ahora con los fondos buitre. La sociedad presidida por Jaime Echegoyen ha decidido traspasar a inversores oportunistas algunos de los casos más complicados que tiene entre manos.

De este modo, el 'banco malo' está a punto de traspasar una cartera de 140 pisos en esta situación, 170 unidades inmobiliarias contando garajes y trasteros, según ha podido confirmar este diario. Esta operación se suma a otra de 400 inmuebles que cerró hace algunos meses.

TE PUEDE INTERESAR

Sareb tira de un vehículo de baja fiscalidad para vender promociones a medio construir

Ruth Ugalde

Estas operaciones encajan en la estrategia de Sareb de reducir su balance y maximizar su rentabilidad, dentro del mandato que le dio el Estado cuando la constituyó hace siete años. Aun así, el 'banco malo' solo traspasa a los fondos pisos cuya okupación ya ha sido denunciada y no tiene vulnerabilidades.

La política de la sociedad semipública pasa siempre por denunciar cada vez que detecta que se ha entrado en uno de sus inmuebles, ante la posibilidad de que se pueda destinar a negocios ilegales. A continuación, acude a los servicios sociales para identificar si alguno de los okupantes pertenece a alguno de los colectivos definidos como vulnerables. En ese caso se ofrecen alternativas de la mano de la administración pública. En el contrario, se abre un procedimiento para echar a los inquilinos ilegales.

Pendientes de la Generalitat

Los fondos buitre compran con un descuento considerable este tipo de carteras, de hasta el 70-80% sobre el valor inicial, ya que tienen que hacerse cargo de los gastos legales para recuperar el piso y rehabilitar posteriormente la vivienda, que son devueltas casi siempre en un pésimo estado. Vendiendo estas carteras, Sareb se quita un problema de encima, ya que al ser una sociedad semipública está en peor posición frente a los okupas. Mientras, los fondos internacionales actúan sin miramientos. Incluso pueden llegar a acuerdos con los okupas sin provocar un efecto llamada como sucedería con Sareb.

La venta de esos 140 pisos está pendiente del visto bueno de la Generalitat de Cataluña, que tiene un derecho de tanteo para todos inmuebles que vendan a través de carteras, bancos y Sareb.

Sareb, los bancos y los grandes fondos están pendientes de esta comunidad autónoma por la nueva medida inmobiliaria anunciada esta misma semana, que les obliga a ofrecer alquileres sociales a los okupas. "El efecto llamada a okupar será brutal, España es el primer país europeo donde se regularizan okupas", señalan desde un fondo. Este fenómeno provoca gran preocupación en el sector financiero. Nadie lo cuantifica oficialmente, aunque de forma extraoficial las entidades y los fondos reconocen tener decenas de miles de pisos en esta situación.

Frente a decretos como el de la Generalitat, Sareb —que tiene un 20% de sus pisos en Cataluña— viene defendiendo su política de vivienda social, por la cual desde hace años ofrece 4.000 viviendas a ayuntamientos y comunidades autónomas para alquileres a colectivos vulnerables. Aun así, todavía hay grandes ciudades y regiones que no han firmado acuerdos y quedan 1.300 viviendas por entrar en estos convenios. La última comunidad con la que se ha empezado a negociar es la valenciana.

En el foco de Podemos

Echegoyen pone sobre la mesa estas cifras de vivienda social cada vez que surge el debate de Unidas Podemos sobre convertir a Sareb en una sociedad pública de alquiler. La llegada del partido presidido por Pablo Iglesias al Gobierno supone una amenaza en este sentido para el 'banco malo', que mientras tanto se ciñe a su mandato de no costar un euro más al erario público devolviendo la deuda avalada por el Estado: le queda por pagar 35.759 millones.

El reto es grande ya que a Sareb le quedan 33.600 millones en activos en su balance (62% en deuda y un 38% en pisos) difíciles de rentabilizar y ocho años de vida para hacerlo. Sus ingresos cayeron un 33% en los seis primeros meses del año, hasta 1.052 millones, sobre todo porque cada vez cuesta más que paguen sus acreedores. De cara a 2020, la sociedad está retocando sus contratos de gestión e intentando controlar más actividades a nivel interno, para así ceder menos comisiones.