Torra desafía al Constitucional catalán y tira adelante con su decretazo pro-okupas

No hay vuelta atrás. El Gobierno de Joaquim Torra ha decidido seguir adelante con la tramitación del decreto 1/2020, a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias (órgano que podría compararse a nivel regional con el Tribunal Constitucional, ya que es el responsable de avalar que las normas catalanas respetan lo que dicta el 'estatut') declaró este lunes que "es inconstitucional porque vulnera los artículos 9.3/33 CE".

La portavoz del Govern, Meritell Budó, ha señalado, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, que "queremos que el Parlamento continúe con su tramitación", una postura que supone un desafío en toda regla y que abre la puerta a una batalla legal si, finalmente, es refrendado por la mayoría de fuerzas. Hace apenas dos semanas, la suma de fuerzas de JxCAT, ERC, Comuns y la CUP, más la abstención del PSC, ya permitió refrendar el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda del pasado diciembre.

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Uno de los artículos de esta norma fue el que, en enero, se modificó dando lugar al nuevo drecreto ley que ha sido rechazado por el Consejo de Garantías y que, en esencia, permite llegar a legalizar la okupación cuando ésta ya ha sido denunciada por el legítimo dueño. La vía para conseguirlo pasa por considerar vivienda vacía estos hogares, cuando no estén habitados legalmente durante un plazo de dos años, sin importar que el motivo de esta situación sea que el piso ha sido ocupado, y la situación, denunciada.

A pesar de la decisión del Ejecutivo de Torra de seguir adelante con la tramitación, el pronunciamiento del Consejo de Garantías Estatutarias es un colchón para los propietarios de viviendas afectados por este decreto, fundamentalmente bancos, fondos y Sareb, que cuenta con la base legal necesaria para acudir a los tribunales. El nuevo decreto, al considerar vivienda vacía los hogares que han sido ocupados y denunciados, pone los mimbres para que el Ejecutivo catalán los expropie y los destine a alquiler social.

Además, el decreto de diciembre considera que cualquier persona, tanto física como jurídica, dueña de más de 15 viviendas está obligada a ofrecer una renta social por un periodo inicial de siete años, pero que puede llegar hasta los 14 años, a familias en riesgo de exclusión, que se les acabe al contrato de alquiler o que estén en proceso de desahucio. En el caso de entidades financieras, filiales inmobiliarias de bancos, fondos y gestoras de activos inmobiliarios, están obligados a ofrecer un alquiler social en los casos de ocupaciones ilegales de más de seis meses