La norma entra en vigor el lunes

Qué esconde el decretazo de Torra: la falta de inversión pública de Cataluña en vivienda

Cataluña es una de las comunidades autónomas que menos presupuesto destina a políticas de vivienda, situación que ha ido agravándose en los últimos años, en paralelo a todo al procés

Foto: Reunión de la junta general del consorcio de la vivienda de Barcelona. (Agencias)
Reunión de la junta general del consorcio de la vivienda de Barcelona. (Agencias)
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Parece que a la tercera va a ir la vencida. Tras dos intentos fallidos por parte del Gobierno catalán de sacar adelante un plan de vivienda, el próximo lunes, cuando se publique en el boletín oficial, entrará en vigor el decreto ley de medidas urgentes de la vivienda que, entre otros puntos, obligará a los propietarios de más de 15 hogares a firmar alquileres sociales por siete años a familias que acrediten situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler o que estén en proceso de desahucio.

Esta medida, y la que obliga a bancos y fondos a ofrecer alquileres sociales en las viviendas que lleven más de seis meses ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad, han colocado a este decreto en el ojo del huracán, al trasladar al sector privado un problema social que, al inscribirse dentro de una competencia cedida, su solución debería recaer sobre las espaldas de la Generalitat.

El problema, y quizás el motivo inconfesable de este 'decretazo', es que el Ejecutivo catalán tiene una de las políticas de vivienda más pobres de toda España, línea que se ha ido agravando en los últimos años, con el estallido del 'procés' y la creciente dedicación de fondos públicos a defender la independencia de Cataluña.

Hay un dato muy ilustrativo sobre la importancia que ha dado el Govern en la última década, desde la época de Artur Mas, a las políticas de vivienda, y es que "Cataluña destina el 0,6% del presupuesto a esta partida, frente al casi 1,2% de media de las comunidades autónomas, y muy lejos del 1,5% que destina Madrid, su principal comparable", señala Sergio Sanz, diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.

La PAH reclama que se aplique la ley catalana contra los desahucios. (EFE)
La PAH reclama que se aplique la ley catalana contra los desahucios. (EFE)

El Ministerio de Hacienda hizo una comparativa similar, pero mirando el peso relativo del gasto que hacen los diferentes gobiernos autonómicos en política de vivienda sobre el PIB, con datos de 2017, y se comprueba como la región catalana está en el 0,09%, frente al 0,14% de la media española, o el 0,19% de Madrid y País Vasco.

Los propios números que maneja la Generalitat en sus presupuestos de ese mismo ejercicio reflejan que para el Govern la vivienda se ha merecido la misma partida que la financiación de medios de comunicación, con 320 y 309 millones de euros presupuestados, respectivamente, pero con el agravante de que desde que llegó Mas al poder y lanzó se lanzó a la deriva independentista, el presupuesto en vivienda se ha cercenado un 56%.

Al comparar con los presupuesto de 2009, los últimos que recogieron el viento de cola de los tiempos de bonanza de la burbuja, también se podría alegar que es debido a ello la caída de la inversión en vivienda, argumento que pierde fuerza cuando se compara con el ajuste en la financiación de medios de comunicación, que ha sido muy inferior, del 39%.

Suma y sigue, porque cuando se pasa de los presupuestado a lo ejecutado, según denuncian desde la formación naranja, se comprueba que la vivienda ha terminado recibiendo menos dinero que las televisiones, 206 frente a 266 millones de euros. Cifra que apenas representa una quinta parte de los 1.000 millones que toda la oposición, con el voto en contra de ERC y JxC, ha aprobado destinar anualmente a políticas de vivienda durante la próxima década.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Un objetivo que, si se toma como referencia el pasado, parece ser una quimera, a lo que se añade que, al haberse sacado adelante como mandato político, no es obligatorio cumplirlo. Y eso que los números indican que la comunidad autónoma adolece de un problema enorme de falta de vivienda pública, ya no solo social.

Según datos de la propia Generalitat, en Cataluña hay 134.655 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales, solo están en trámite 3.534, apenas un 2,6%. Un problema que se enmarca, sobre todo, dentro de la provincia de Barcelona y, especialmente, en el área metropolitana (capital y municipios próximos), donde se concentra casi el 80% de los demandantes (105.545 solicitudes).

Según datos de la Generalitat, en Cataluña hay 134.655 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales, sólo están en trámite 3.534, apenas un 2,6%

La consecuencia directa de este problema habitacional es que, en 2018, en Cataluña hubo 6.990 desahucios y más de 3.000 ejecuciones hipotecarias, con el agravante de que, en ambos casos, estas cifras son superiores a las del ejercicio anterior, lo que indica que el problema va en aumento en un momento en uno de los mejores años para la economía nacional de la última década.

Y parece que el Govern, con su último decreto, está dispuesto a solucionarlo trasladando parte de la solución del problema al sector privado que, advierte, esta ley, si se aplica tal y como se anunció la semana pasada, será una llamada a la ocupación ilegal y espantará la inversión en vivienda de los grandes fondos.

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