cambio del decreto de vivienda

Torra pone la alfombra roja a la okupación al legalizarla hasta en casos ya denunciados

Un cambio de último momento en el decreto de vivienda que entró en vigor la semana pasada en Cataluña permite llegar a legalizar la okupación de viviendas que ya ha sido denunciada

Foto: Joaquín Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña.(Reuters)
Joaquín Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña.(Reuters)
Adelantado en

Una frase, 33 palabras, el abismo. Así puede resumirse el efecto que tiene en el mercado residencial catalán el cambio de última hora que el gobierno de la Generalitat, todavía presidido por Joaquim Torra, introdujo en el artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019, poniendo así la alfombra roja a la legalización de la okupación en Cataluña.

La diferencia entre la primera redacción de la norma, del pasado diciembre, y la nueva, redactada apenas tres semanas antes de la convalidación del polémico decreto, es la desaparición de una frase que, de facto, permite llegar a legalizar la okupación incluso en los casos que están ya denunciados.

[Lee el artículo de opinión de Conchita Sáinz Sodupe: La cara B del Decreto Ley Catalán 17/2019, de 23 de diciembre]

La versión original de la frase final de este artículo era la siguiente: "La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía (dos años)".

Pero, el pasado 21 de enero, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, se omitió esta excepción a los casos ya judicializados, lo que conlleva que se pueda considerar vacía una vivienda cuando no está legalmente habitada, no porque su dueño no quiera, sino porque ha sido okupada, hecho evidente al haberse denunciado, pero insuficiente a los ojos del Gobierno de Torra, que ya sólo tiene pendiente convalidar esta nueva redacción para poner la alfombra roja.

Manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. (EFE)
Manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. (EFE)

Al poder considerarse vacías, estas viviendas podrán pasar a formar parte de la bolsa de hogares que la Generalitat puede expropiar para ampliar el parque de vivienda social, una de las grandes asignaturas pendientes de esta comunidad, que figura a la cola en políticas de vivienda. Según datos de Ciudadanos, Cataluña apenas destina el 0,6% del presupuesto a esta partida, frente al casi 1,2% de media de las autonomías, y muy lejos del 1,5% que destina Madrid, su principal comparable.

"El Decreto Ley desdibuja el derecho a la propiedad privada porque se extralimita de la función social de la propiedad, no se adecúa a la actual ordenación constitucional, y será, sin duda, objeto de fuerte litigiosidad por parte de los propietarios que consideran vulnerados sus derechos", han señalado desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.

Llamada a la okupación

Las consecuencias de esta norma no se han hecho esperar y en el sector se multiplican las voces que advierten sobre las nefastas consecuencias que tendrá este decreto en el mercado inmobiliario catalán, en forma de frenazo a la actividad y a las inversiones. Pero el problema de fondo es mucho mayor, ya que el principal temor es que haya una llamada a la okupación en una ciudad como Barcelona, que ya es la principal plaza de los movimientos antisistema en España.

Esta nueva ley considera que cualquier persona, tanto física como jurídica, dueña de más de 15 viviendas está obligada a ofrecer una renta social por un periodo inicial de siete años, pero que puede llegar hasta los 14 años, a familias en riesgo de exclusión, que se les acabe al contrato de alquiler o que estén en proceso de desahucio. Además, en el caso de entidades financieras, filiales inmobiliarias de bancos, fondos y gestoras de activos inmobiliarios, están obligados a ofrecer un alquiler social en los casos de ocupaciones ilegales de más de seis meses.

Fuentes inmobiliarias del mercado catalán, que piden salvaguardar el anonimato, aseguran que desde comienzos de año se han doblado los intentos de ocupación ilegal. Una amenaza creciente no solo por los efectos del que ya se conoce como 'decretazo', sino también por el poso social de Cataluña. Según datos de la propia Generalitat, en Cataluña hay 134.655 solicitudes de vivienda protegida, de las cuales, solo están en trámite 3.534, un 2,6%, la inmensa mayoría en la provincia de Barcelona.

A este fuerte desequilibrio se une que en 2008, último ejercicio completo con cifras oficiales, ya empezaron a incrementarse las cifras de deshaucios y ejecuciones hipotecarias, 6.990 y más de 3.000, respectivamente, terreno abonado para que ahora, con la nueva ley, se multipliquen las ocupaciones ilegales, conscientes de que existen mimbres para terminar siendo legalizadas.

Empresas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
45 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios