Los promotores preparan una batalla legal

Arranca la guerra judicial contra Ada Colau por imponer un 30% de vivienda protegida

Empresarios y asociaciones inician una avalancha de consultas a los principales bufetes del país para lanzar una batería de medidas legales con la que frenar la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Las espadas están en alto en el mundo promotor catalán. La decisión de la alcaldesa de Barcelona de imponer a las nuevas promociones destinar un 30% a vivienda protegida ha desatado una oleada de consultas a prestigiosos bufetes de abogados con el objetivo de armar una batalla legal contra la regidora.

Según ha confirmado este medio con varios despachos y promotores, tanto empresarios individuales como diferentes asociaciones han empezado ya a analizar sus opciones para impedir que esta iniciativa tome forma y, si a pesar de todo lo hace, que se les tenga que resarcir hasta que los tribunales resuelvan al respecto.

En concreto, tres son los frentes que se están explorando. Primero, la posible ilegalidad de la medida, ya que diversos expertos consideran que la competencia para aplicar un cambio de este tipo corresponde a la Generalitat de Cataluña y que, por tanto, la alcaldía de Barcelona carece de facultades para llevarlo a cabo.

En segundo lugar, los afectados están analizando cómo evitar que se les pueda aplicar, en el supuesto de que el consistorio, a pesar de los recursos, decida seguir adelante. Y, por último, también se está mirando si es posible que esta iniciativa genere responsabilidad patrimonial, es decir, si al final todos los barceloneses van a tener que pagar a los promotores por esta decisión de Colau.

La aplicación de esta medida exige una modificación del Plan General Metropolitano y va dirigida a edificios plurifamiliares, tanto de nuevas promociones como de rehabilitaciones del parque existente que superen los 600 metros cuadrados.

Parón de operaciones y subida de precios

A la espera de que termine de construirse la ofensiva judicial, esta amenaza ha paralizado ya varias operaciones de compra de suelo que estaban a punto de cerrarse, según han reconocido a El Confidencial diversos empresarios que han pedido salvaguardar el anonimato. "Ahora solo compro si me rebajan un 50% el precio, porque necesito saber en qué terreno me muevo", señala uno de ellos.

La paralización de nuevas promociones, unida al impacto económico que tendrá en la vivienda libre la exigencia de ceder un 30% a protegida, amenaza con activar una bomba de relojería con dos grandes explosiones.

Por una parte, el incremento de precio derivado de la menor oferta, ya que si no se activan nuevas obras, el parque actual se encarece. A esto se sumará la más que previsible repercusión del dinero que dejen de ganar los promotores con ese tercio de hogares sociales en el precio de los libres, cuyos importes se dispararán en una ciudad que ya figura entre las más caras de España, con un 40% de su oferta por encima de los 500.000 euros.

Por otro lado, la comercialización en el centro de la Ciudad Condal, y especialmente en sus áreas más elitistas, amenaza con quedar completamente paralizada, ya que los empresarios dan por hecho que nadie va a querer desembolsar un millón de euros para adquirir una propiedad en la que tenga como compañero de rellano un hogar protegido. "¿Cómo se van a edificar residencias de lujo junto a vivienda social?", señala un promotor.

La ofensiva lanzada por Colau para ampliar el parque de vivienda accesible contrasta con las cifras que el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, ofreció hace apenas una semana, cuando recordó que el banco malo cuenta todavía con 1.600 viviendas listas para ser cedidas a las administraciones que lo soliciten.

En diciembre de 2015, Sareb ya firmó con el consistorio barcelonés la cesión de 200 hogares, pero, desde entonces, no ha vuelto a recibir nuevas peticiones por parte de esta Administración, la cual, además, se ubica dentro de la comunidad autónoma que primero recurrió a esta fórmula para ampliar su oferta de vivienda social y donde, además, se concentra el 20% de toda la cartera del banco malo.

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