Mordaza, vivienda o bebés robados; decenas de leyes, en vía muerta en el año electoral

Aterrizó en el Congreso de los Diputados hace más de 4 años, pero volvió a recibir el aval casi unánime de la Cámara en 2020, dos legislaturas después de su primera irrupción en el Palacio de las Cortes. Desde entonces, la proposición de ley que persigue reparar a las víctimas y agilizar las investigaciones sobre los bebés robados, hiberna. El plazo para presentar enmiendas se ha visto alargado en más de 90 ocasiones, y está entre las normas que más tiempo llevan bloqueadas en la Cámara después de que esta avalase su tramitación. Como esta norma, las leyes de vivienda, salud mental o la ley Darias duermen hoy el sueño de los justos.

La intensa actividad legislativa en 2022, y en especial el sprint en Congreso y Senado en los últimos días del año (han desatascado una veintena de normas), no ha disuelto el tapón de iniciativas de gran calado político que los grupos del Gobierno teóricamente quieren ver aprobadas cuanto antes. Tampoco las que otros partidos señalan como prioritarias. Que PSOE y Unidas Podemos pidieran forzar la máquina parlamentaria para tramitar la reforma del delito de malversación y la supresión de la sedición en un mes —por trámite de urgencia—, da cuenta de hasta qué punto el Ejecutivo se ve marcado por las dinámicas del año electoral que está a punto de arrancar. Y, cuando los grupos parlamentarios reconocen que todas las miradas están puestas en las autonómicas y municipales de mayo, saben que la legislatura ha alcanzado un punto de no retorno; ninguno de los partidos, en especial los del Gobierno, quiere dar un solo paso que pueda perjudicarle en estas citas con las urnas.

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La ley de vivienda, la derogación parcial de la ley mordaza y la de bienestar animal son algunas de las normas con más peso simbólico pendientes; las dos últimas han registrado importantes avances estos días, pero la primera es la madre de todos los desencuentros. Los parches en materia de desahucios o sobre alquileres con el real decreto ley de medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania han permitido al Ejecutivo vender que actúa en este terreno, pero son medidas temporales, ceñidas a un contexto excepcional, y las enormes diferencias entre PSOE y Unidas Podemos, que enmendó unilateralmente la norma aprobada en Consejo de Ministros hacen que corra serio peligro.

Algunos dirigentes de Podemos reniegan de aprobar una norma que no permita topar los alquileres en zonas tensionadas, utilizar las viviendas del banco malo (SAREB) o prohibir los desahucios de los más vulnerables. Que el Gobierno quiera habilitar enero para avanzar en los trabajos —ni siquiera se ha constituido aún la ponencia—, pero, a la vez, quiera agilizar la ley orgánica de eficiencia organizativa, que contiene una enmienda del PSOE para agilizar los desalojos de okupas muy criticada por Unidas Podemos, visibiliza la existencia de estas dos almas —posiblemente irreconciliables— en la coalición.

Este choque se refleja también en el dictamen de la ley de bienestar animal, que incluye otra enmienda introducida unilateralmente por el PSOE para dejar fuera de este paraguas a los animales de caza, guarda y trabajo. Unidas Podemos pelea para que sus socios varíen el rumbo, pero asume que la presión del sector de la caza —y de los barones socialistas— van a seguir creciendo. Fuentes parlamentarias aseguran que esta norma se someterá a votación en el primer pleno extraordinario de enero, en el que previsiblemente la Cámara Baja convalidará también el real decreto de Ucrania.

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Sí ha habido avances en la derogación parcial de la ley mordaza; la ponencia se reunió en diciembre, después de meses de escasos avances y hasta de parálisis entre decenas de reuniones. El rechazo del PSOE a que los antidisturbios dejen de utilizar pelotas de goma, las diferencias sobre las sanciones por las faltas de respeto a los policías, o sobre las devoluciones en caliente, siguen entorpeciendo su aprobación. La ley de coordinación frente a los incendios, del socio minoritario, lleva dos veranos en la nevera, y tampoco se ha tramitado el estatuto del bombero forestal.

Bloqueada está, también, la proposición de ley de salud mental, que una amplia mayoría de los grupos, también los del Gobierno, avaló tramitar, y que hoy registra 53 extensiones del plazo para presentar enmiendas, mientras la ministra de Sanidad presume de la actualización de la Estrategia de Salud Mental, la primera en 12 años. Carolina Darias es también el rostro visible del proyecto de ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que hasta toma prestado su apellido, y del que recela Unidas Podemos, porque sostiene que no pone freno a las privatizaciones sanitarias. Amenazaron con tumbar su tramitación, pero cedieron. Hoy registra 19 prórrogas de enmiendas.

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Sus señorías también aprobaron, todos a una, tramitar la ley ELA, para garantizar la dignidad de las vidas de personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica. Tuvo 341 votos a favor, ninguna abstención ni votos en contra, pero lleva en periodo de enmiendas desde abril. Ya van más de 30 prórrogas.

También aguarda en el limbo la proposición de ley del PSOE que prohíbe el proxenetismo (se contempló acelerarla en diciembre), y que genera división interna en Unidas Podemos; la propuesta de reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión (camino de 60 prórrogas de enmienda), o la proposición de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, que se acerca a la veintena de prórrogas.

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El proyecto para modificar la ley de seguridad nacional lleva 35 prórrogas, y más de 80 atesora la proposición de reforma de la ley de secretos oficiales del PNV, que lleva seis años insistiendo en la necesidad de modificar esta norma. Esta última, sin embargo, está definitivamente en vía muerta, porque el Gobierno ya presentó su propio anteproyecto, que aún debe recibir el segundo aval del Consejo de Ministros. La ley de familias, tan disputada por Podemos, es otra de las normas que, fuera del laberinto de la Cámara Baja, aún tienen por delante un largo trámite hasta tornarse corpóreas.

Este 2023, eso sí, el Congreso avanzará por fin para abrir el melón de la reforma constitucional que permitirá retirar del artículo 49 de la Carta Magna la denominación de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", referida a personas con discapacidad. Ha pasado más de un año encallada en la comisión constitucional, pero hoy vuelve a estar sobre la mesa, y el PNV incluso ha aprovechado para registrar enmiendas que sobrepasan, con mucho, lo acotado inicialmente. En año electoral, todos los grupos sienten la presión de las urnas, y todos asumen que buena parte de estas iniciativas pueden verse relegadas a seguir durmiendo el sueño de los justos.