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El Congreso aprueba la reforma del Código Penal entre acusaciones de golpe de Estado
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LA OPOSICIÓN PIDIÓ PARALIZAR EL PLENO

El Congreso aprueba la reforma del Código Penal entre acusaciones de golpe de Estado

PP y Ciudadanos no votaron en señal de protesta al entender que no se debería haber celebrado el pleno por no contar con la resolución del Tribunal Constitucional. Vox, por su parte, decidió ausentarse del debate

Foto: El líder de Vox, Santiago Abascal, y el resto de diputados del partido abandonan el Congreso durante el pleno en que se aprobará la eliminación del delito de sedición y cambios en el Poder Judicial (EFE/Kiko Huesca)
El líder de Vox, Santiago Abascal, y el resto de diputados del partido abandonan el Congreso durante el pleno en que se aprobará la eliminación del delito de sedición y cambios en el Poder Judicial (EFE/Kiko Huesca)

El Congreso ha celebrado finalmente el debate y votación sobre la reforma del Poder Judicial. Una bronca sesión en la que se ha aprobado la rebaja de los delitos de sedición y malversación, así como la polémica reforma -vía enmienda- de la ley del Poder Judicial y de la del Tribunal Constitucional para forzar la renovación del órgano. Esto supuso la presentación de un recurso de amparo por parte del PP que hizo peligrar la celebración del debate hasta el último momento.

La Cámara ha dado luz verde al dictamen con 184 votos a favor, por lo que ahora continuará su tramitación en el Senado a la espera de que el tribunal de garantías decida el lunes sobre si la paraliza o no. Ni PP ni Ciudadanos participaron en la votación como forma de protesta al entender que no se debería haber celebrado el pleno por no contar con la resolución del Tribunal Constitucional. "Esta votación no debería haber tenido lugar", remachaba Cuca Gamarra a la finalización del pleno.

La presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, respondió negativamente a las peticiones de aplazarlo realizadas por PP, Vox y Ciudadanos. Los diputados de la formación liderada por Santiago Abascal abandonaron en primaria instancia el debate en señal de protesta. Batet ha sostenido que el Tribunal Constitucional, que ha aplazado para el lunes la decisión sobre si permite o no la deliberación estimando las cautelarísimas presentadas por el PP, no le ha comunicado formalmente al Congreso la interposición de un recurso ni ninguna resolución al respecto. "Por tanto, no hay razón ni obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo previsto de acuerdo con el reglamento de la Cámara".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado atento desde Bruselas al debate político. Sánchez se encuentra desde la noche del martes en la capital belga para participar en la cumbre de los líderes de la UE y del sudeste asiático agrupados en la ASEAN que se celebró el miércoles, y en el último Consejo Europeo del año.

Los recursos de reconsideración que han presentado los tres partidos de la oposición conservadora tampoco tienen carácter suspensivo, según ha recordado la presidenta del Congreso, quien además ha defendido la potestad legislativa de la Cámara Baja. De salir adelante la reforma en el pleno de esta tarde, como está previsto, la tramitación continuará en el Senado. En caso de aceptarse finalmente las cautelarísimas en la reunión del Constitucional el próximo lunes, tendrá que ser la mesa de la Cámara Alta la que tenga que adoptar una decisión sobre cómo proceder.

Foto: Santiago Abascal en una rueda de prensa. (EFE/Borja Sánchez Trillo)

El retraso en la toma de esta decisión se debe a que los magistrados progresistas han pedido retrasar la reunión alegando que necesitan más tiempo para alcanzar un "estudio completo" y el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, ha atendido su solicitud. La reunión se verá marcada por la discrepancia y las posturas encontradas manifestadas este jueves en el seno del tribunal de garantías.

El Gobierno ya salió en tromba esta mañana a reclamar "cordura" al Tribunal Constitucional, y a advertirle de que, si decide bloquear la votación supondrá "un atropello democrático sin precedentes", y una "gravísima crisis institucional". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a alertar del "riesgo para la democracia" que entrañaría este escenario.

Foto: Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. (EFE)

"Espero que no se produzca una decisión que pueda suponer un cuestionamiento del buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", avisaba, también desde los pasillos del Congreso, Nadia Calviño. La vicepresidenta primera ha considerado "urgente" poner fin a "esta crisis del poder judicial", y ha criticado que "órganos que tienen caducado su mandato", en relación con el Constitucional, "estén poniendo en cuestión el debate parlamentario, la base de la separación de poderes y la soberanía popular", esgrimía.

En los últimos días, desde la Moncloa se ha ido subiendo el tono de confrontación pública con la parte conservadora del poder judicial. De limitar sus reproches al PP por no pactar la renovación de los órganos constitucionales, se ha pasado a señalar también a los “operadores jurídicos conservadores”, así como a referirse a un “secuestro” de los órganos constitucionales.

Máxima tensión en el Congreso

Las acusaciones cruzadas han sido constantes durante todo el pleno con consideraciones gruesas de "golpe de Estado", "fraude", actitudes "antidemocráticas" contra la "separación de poderes" o "demolición del Estado de derecho". Desde la derecha por no paralizar el pleno e impulsar una reforma sin garantizar los derechos de los diputados o el normal funcionamiento de la Cámara. Desde la izquierda acusando a los partidos de la oposición de "lowfare", uno de los conceptos más repetidos, al intentar valerse de un Tribunal Constitucional con el mandato caducado y mayoría conservadora "para demoler iniciativas cuando no se dispone poder legislativo", como señaló el diputado del PNV, Mikel Legarda, o "para sustituir la voluntad pueblo, atacando separación poderes", según el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens.

El encargado de los socialistas de fijar posición fue el diputado Felipe Sicilia y lo hizo sin rebajar los decibelios de un bronco debate. "Hace 41 años, la derecha quiso para un pleno y la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, han querido hacerlo con togas, y no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida", se arrancó provocando los reproches e interrupciones de la bancada popular. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, posteriormente pidió intervenir por las alusiones de Sicilia vinculando a su partido con el golpe de Estado del 23F, cuando entonces, según recordó, gobernaba el "centro-derecha". El diputado socialista también acusó al principal partido de la oposición de intentar ganar en los tribunales "lo que no ganan en las urnas". De ahí que los acusase de mantener bloqueada la renovación del CGPJ y el TC "como último recurso para ganar lo que pierden aquí y en las urnas".

El debate de este jueves se ha desarrollado en un ambiente prácticamente irrespirable. A diferencia de Vox, ni PP ni Ciudadanos han abandonado el hemiciclo y sus portavoces parlamentarias han dado la réplica a un Gobierno que ha dejado prácticamente vacía la bancada azul. La titular del partido naranja, Inés Arrimadas, ha comparado al Ejecutivo de Sánchez con "lo que hizo el separatismo en 2017" porque "lo que decían entonces Junqueras o Puigdemont, lo dicen ahora ministros de España". La dirigente se ha dirigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como lo hizo con la máxima autoridad en el Parlament aquel año, Carme Forcadell, y ha solicitado la paralización urgente del pleno.

La presidenta de los liberales ha finalizado su intervención solicitando la presentación de la moción de censura con la que lleva amenazando Vox en las últimas semanas. "Pido a Feijóo que la presente", insistía. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, no se ha referido a esta última cuestión, pero sí ha llevado impreso el programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales en 2019. "¿En qué página aparece algo de todo esto?", cuestionaba, arrancando los aplausos de los suyos y murmullos en la bancada del PSOE.

En el turno de fijación de posiciones ha subido a la tribuna el diputado de Vox, Javier Ortega-Smith, que ha insistido en el discurso de que el Gobierno ha dado "un golpe de Estado desde dentro de las instituciones" del que, además, "alardean". Previamente, el 'jefe' de la formación de ultraderecha tendía de nuevo la mano al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para actuar "de manera coordinada" contra un Gobierno que "no se va a detener". En este sentido, Abascal ha "saludado" que el PP haya declarado que "no se va a oponer" a la moción de censura que plantea presentar Vox en las próximas semanas. "Es un buen punto de partida para ponernos de acuerdo", señalaba.

El Congreso ha celebrado finalmente el debate y votación sobre la reforma del Poder Judicial. Una bronca sesión en la que se ha aprobado la rebaja de los delitos de sedición y malversación, así como la polémica reforma -vía enmienda- de la ley del Poder Judicial y de la del Tribunal Constitucional para forzar la renovación del órgano. Esto supuso la presentación de un recurso de amparo por parte del PP que hizo peligrar la celebración del debate hasta el último momento.

Meritxell Batet